El bloqueo en la Junta de 4.000 expedientes de Medio Ambiente frena 6.500 millones

El Gobierno andaluz informó de que han encontrado 4.367 expedientes sin resolver y esperando autorización medioambiental, que suponen el freno a una inversión total de 6.570 millones de euros. Son los datos ofrecidos este martes en Consejo de Gobierno por los consejeros de Presidencia, Elías Bendodo, y la de Agricultura y Medio Ambiente, Carmen Crespo.

Los expedientes tiene una media de retraso de cuatro años, aunque algunos tienen hasta 10. "Es una acumulación de expedientes gravísima", alertó la actual titular de Medio Ambiente, que aseguró que han estudiado económicamente "a la baja" lo que ha supuesto ese freno a inversiones que hubieran supuesto unos 92.000 empleos potenciales. Han calculado 14 empleos por cada millón de euros.

"Hemos estudiado económicamente que ha supuesto en volumen de negocio, 6.570 millones de euros, 2.800 millones en renovables, 4.367 expedientes sin resolver. 92.000 empleos potenciales, 14 empleos por millón de euros y cinco empleos estacionales, si se hubiera dado autorización a todos estos proyectos bloqueados. Si se diera la mitad de las autorizaciones pendientes, por ejemplo, una estimación razonable, serían unos 23.000 empleos".

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Isabel Morillo. Sevilla

Por provincias, hay 1.207 expedientes en Málaga, el 30% del total, una cifra especialmente llamativa. En Sevilla hay 735 expedientes, en Almería 536, en Jaén 490, en Granada 405, en Cádiz 310, en Córdoba 257 y en Huelva 197.

La naturaleza de los proyectos pendientes de autorización es muy diversa. La mayoría (1.763) estaban paralizados en el departamento de Gestión del Litoral, 391 en Calidad del Aire, 370 en Residuos y 1.873 estaban pendientes de autorización ambiental integrada. Supuestamente, ese trámite debía resolverse en 10 meses pero se ha dilatado hasta dos años. Otro certificado, el de autorización ambiental unificada, que debía estar listo en ocho meses, se extendía una media de 20 meses. Lo normal ha sido que los trámites se cuadruplicaran.

Hay expedientes sobre chiringuitos, 648, que debían recibir respuesta porque invadían el dominio público marítimo-terrestre. Estas licencias se verán aparte en un plan específico.

La consejería va a modificar la Ley de Medio Ambiente de Andalucía en su anexo primero para tratar de dar solución a los expedientes que presenten menos problemas. Por ejemplo, el 80% de expedientes que se refieren a la construcción de almazaras, imprescindibles para un sector económico tan importante como el aceite de oliva, se resolvería casi de forma automática con esta modificación legal.

Un total de 2.800 millones de euros de inversiones pendientes están relacionados con las energías renovables, con las autorizaciones para construir plantas fotovoltaicas o eólicas. Otros tienen que ver con la minería o con la economía circular, plantas de reciclaje, etc.

Crespo aseguró que no se trata ahora de rebajar las exigencias medioambientales. "No hay que hacer la ley más laxa, pero sí más posibilista", aseguró la titular de Medio Ambiente. A partir de ahora, una vez diagnosticado el volumen del colapso en los expedientes, abrirán una ronda de contactos para sentarse con los empresarios y ver qué proyectos es posible rescatar y autorizar. Hay otra pata que es la judicial. Aún no hay datos sobre esto, pero parte de estos empresarios decidieron acudir al contencioso e interponer demandas por los daños patrimoniales ante esta falta de respuesta. Por ejemplo, cabe recordar que Gas Natural demandó a la Junta de Andalucía exigiendo una indemnización de 358 millones de euros por paralizar el gaseoducto en Doñana.

Para abordar cada uno de los proyectos, se pondrá en marcha un plan especial y se reasignarán efectivos a la consejería. En total, 65 profesionales se incorporarán para agilizar estos expedientes, 14 en las delegaciones provinciales. Es un refuerzo inmediato, explicaron, para "desbloquear el colapso".

El Gobierno andaluz también anunció la modificación de la ley urbanística para agilizar trámites y dar más competencias a los ayuntamientos, justo en la dirección contraria que había seguido hasta ahora el anterior Ejecutivo socialista. "Evidentemente, hay que confiar en la responsabilidad de los distintos alcaldes, pero ni una cosa ni otra. Ni hacer los alcaldes lo que quieran ni tampoco que la Junta bloquee", aseguró el consejero de Presidencia.

La Junta cifró en 300 los planes generales urbanísticos bloqueados en Andalucía y aseguró que hay casos en los que se ha tardado 18 años en desbloquear un plan general, como en el municipio malagueño de Macharaviaya.

Se derogará la ley urbanística tras 11 años y decenas de modificaciones. "Es un fracaso sin paliativos", sostuvieron desde el Gobierno andaluz. "Lo que no es normal es que si un promotor quiere iniciar un proyecto, sortee 235 textos legales, 151 autonómicos y 84 estatales entre leyes, reales decretos, órdenes y disoluciones, esto son trabas", subrayó Bendodo.