La Junta inicia una ofensiva judicial contra Gas Natural, que pide 358 millones por daños

El Gobierno de Susana Díaz pasa a la acción y anuncia que acudirá a los tribunales si el Ministerio de Industria no frena en seco el proyecto de Gas Natural en el entorno del Parque Nacional de Doñana. La pugna viene de lejos. El reciente incendio en la zona y las advertencias de la Unesco han ayudado a poner el foco en el conflicto. La empresa reclama por daños patrimoniales 358 millones de euros.

La Junta, que en un primer momento se cruzó de brazos frente a la intención de la empresa de abrir nuevos pozos de almacenamiento de gas, reaccionó hace ya unos cuatro años para oponerse a un proyecto que comenzó a tramitarse en 2008, obtuvo autorización en 2013 y, desde entonces, estuvo varado hasta el pasado año, cuando Gas Natural realizó nuevas actuaciones que concluyeron en diciembre. A partir de ahí, las obras están en la práctica frenadas.

El Gobierno andaluz ha tratado por diversas vías de detener las obras de Gas Natural en Doñana alegando que el Ministerio de Medio Ambiente evalúo el proyecto dividido en cuatro partes y sin contar con el impacto global que estas actuaciones podían tener sobre Doñana y su entorno. Los ecologistas llevan años alertando del peligro de riesgos sísmicos, apoyándose en varios informes de expertos y técnicos sobre este asunto. De hecho lo ocurrido en el Castor, fue esgrimido desde el primer momento para alertar de las consecuencias.

El Castor como antecedente

La principal advertencia de los ecologistas contra el proyecto de almacenamiento de gas, que tanto el Parlamento andaluz como el Congreso han pedido que se paralice, alerta del riesgo sísmico. Recuerdan los antecedentes de Castor, que se acometió sin estudio previo de idoneidad por peligro sísmico y que acabó enterrado por 600 pequeños terremotos en la zona. Aseguran que el proyecto de Gas Natural no tiene los preceptivos estudios y que el riesgo de terremotos en una zona con “alta sismicidad” y “muchas fallas” es “difícil de descartar”.

Ahora un informe del CSIC, a petición del Defensor del Pueblo Andaluz, incide en estos riesgos. La agencia estatal se pronunció sobre la amenaza de sobreexplotación del acuífero y la amenaza que produce el proyecto de almacén de gas en Marismas Occidental, por la falta de estudios y certezas científicas.

El informe del CSIC concluye: “Por lo tanto, debido a que los cuatro proyectos presentados actúan sobre el mismo acuífero y el mismo sistema de placas, consideramos que el riesgo sísmico que representa este proyecto es suficiente para, aplicando el principio de precaución, detener su aprobación y ejecución hasta que el proyecto conjunto (incluyendo los cuatro proyectos en los que se subdividió) sea valorado adecuadamente por un equipo científico independiente y multidisciplinar”. Agrega además que se actúa como con el vertido de Aznalcóllar o el dragado del Guadalquivir, al que el Gobierno ya ha renunciado definitivamente.

Aferrándose a este informe, el consejero andaluz de Medio Ambiente, José Fiscal, anunció que reiteran la petición de que haya una nueva evaluación medioambiental que mida los riesgos de forma conjunta y no como si fueran proyectos separados. Se dirigió directamente al Ministerio de Medio Ambiente, para que haga esa nueva evaluación, y al Ministerio de Industria, para que paralice oficialmente el proyecto de Marismas Occidental, que en la práctica ya está parado. “Y si no, puedo anunciar que nos vamos a ir a los tribunales a pedir una paralización judicial”, anunció el titular de Medio Ambiente. Esto mismo fue ratificado por Susana Díaz en su cuenta de Twitter.

Felipe González, el patrono

El gasoducto en el Parque Natural ha estado casi desde el principio del proyecto envuelto en la polémica. El expresidente del Gobierno Felipe González abandonó la presidencia del Consejo de Participación del Espacio Natural de Doñana tras conocerse que había sido parte de la evaluación del proyecto pese a su condición de consejero de Gas Natural. Él alegó que no había estado presente en ninguna de las reuniones en las que se había debatido el proyecto gasístico. Podemos siempre ha apuntado a esa conexión política.

Gas Natural declinó pronunciarse sobre el anuncio de la Junta de que acudirá a los tribunales y sí confirmó, a petición de este periódico, que el contencioso administrativo interpuesto contra la Junta y que pide una indemnización de 358 millones de euros por los retrasos en las obras del gasoducto “sigue sus trámites judiciales” sin que haya resolución al respecto.

No es la primera vez que una Administración tiene que hacer frente a una indemnización de estas características por frenar un proyecto de prospección y almacenamiento de gas. El Consejo de Ministros aprobó en octubre de 2014 abonar 1.350 millones a ACS, propietaria del Proyecto Castor, el almacén de gas submarino situado frente a las costas de Castellón y Tarragona y cuya actividad se ha relacionado con al menos 500 seísmos ocurridos en septiembre de 2013. La instalación permanecerá “en hibernación”. Una parte de la factura de esa indemnización se carga a la factura de gas de todos los españoles.

El Gobierno andaluz acudió a Bruselas para pedir amparo sin éxito, y la demanda patrimonial sigue adelante, confirma la empresa

El Gobierno andaluz acudió hace tres años a Bruselas para pedir amparo pero su reclamación no prosperó. El reciente incendio en el entorno de Doñana ha puesto el foco en los peligros que acechan al Parque Natural. Recientemente la Unesco ha dado su visto bueno a las medidas emprendidas por las administraciones para proteger esta reserva natural y ha retirado su amenaza de incluir el parque en la lista negra de patrimonio mundial en peligro. Sin embargo, ha advertido de que seguirá muy vigilante y en dos años volverá a evaluar la situación. El principal problema, aparte de amenazas como el gasoducto, es la falta de agua en el acuífero de Doñana, que se agrava de forma alarmante por los pozos ilegales y el robo de agua en unas 3.000 hectáreas de cultivos de fresa ilegal, según calcula WWF, alrededor del parque.

Con una inversión de 200 millones de euros, Gas Natural prevé construir 20 nuevos kilómetros de gasoducto

El proyecto presentado por la empresa, con una inversión de 200 millones de euros, supone renovar parte de las infraestructuras ya existentes y construir 20 nuevos kilómetros de gasoductos, además de sondear la posibilidad de utilizar las cavidades existentes en la zona como almacén una vez que se agoten. Se prevén prospecciones de varios kilómetros de profundidad sobre las que alertan las organizaciones conservacionistas, que aseguran que se pone en riesgo esta joya natural. El proyecto ha contado desde el principio con el rechazo frontal de todas las organizaciones ecologistas.

La compañía se niega a hacer declaraciones al respecto pero en su momento defendió que la explotación de yacimientos de hidrocarburos “se viene llevando a cabo en los mismos emplazamientos desde hace 30 años y no se ha descrito una sola afección derivada de esa actividad al entorno de Doñana”. Agregan que ha sido sometido “a una exhaustiva evaluación ambiental”, de más de 7 años de duración, y “cumple con toda la normativa”.

El proyecto prevé una red de gasoductos de 72 kilómetros. De esta cifra, 13 kilómetros corresponden a gasoductos que ya existen y que se mantendrán sin cambios. De los 59 restantes, 37 son renovación de la infraestructura actual y solo 22 kilómetros son trazado nuevo. Gas Natural lo dividió en cuatro subproyectos: Marismas Occidental, que está fuera del parque y cuenta con todos los permisos aunque quedó paralizado en diciembre; Saladillo, que tiene evaluación de impacto medioambiental aprobada por el Ministerio pero que requiere de más permisos, no autorizados, por estar dentro del Parque Natural; Aznalcázar, también fuera del Parque y con Declaración de Impacto Ambiental (DIA) favorable; y Marismas Oriental, descartado totalmente por estar dentro del Espacio Natural.

El ministerio solicitó un informe sísmico

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha manifestado que el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital solicitó expresamente al Instituto Geológico y Minero de España (IGME) que elaborase un estudio de sismicidad, tal y como recoge la resolución del 10 de marzo de 2016 de la Dirección General de Política Energética y Minas, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el 15 de marzo del año pasado.

En declaraciones a Europa Press, Sanz ha explicado que el IGME estableció en su informe una serie de condiciones que "debía cumplir" la constructora del almacén de gas para garantizar que no hubiese riesgos sísmicos y que la empresa adjudicataria "introdujo las modificaciones que recibieron el visto bueno del IGME". "Precisamente, esas especificaciones han incluido que los gasoductos fueran diseñados conforme a un estándar específico resistente a la sismicidad", añade.

Sanz ha precisado que una vez "obtenido este visto bueno" del IGME, con la DIA favorable del Mapama y la Autorización Ambiental Unificada de la Junta de Andalucía, el Ministerio de Energía validó el proyecto de Marismas Occidental, el único de los cuatro que cuenta con autorización y que se ha encontrado en fase de ejecución.

En relación con la actuaciones dirigidas a la protección del Parque de Doñana, Sanz ha recordado que este viernes en la reunión del Consejo de Participación se ha destacado "el reconocimiento de la Unesco al esfuerzo de conservación que se está haciendo en el Parque Nacional" y que, concretamente, "el Comité de Patrimonio Mundial reconoció la pasada semana el buen estado del Parque Nacional de Doñana y de los valores naturales que motivaron su declaración como Bien Patrimonio de la Humanidad y recomendó seguir aplicando las medidas ya iniciadas para conservarlos".

Junto a ello, el delegado ha recordado las medidas puestas en marcha por el Gobierno de España para "mejorar" el suministro de agua para regadíos y "cerrar pozos ilegales", al tiempo que ha iniciado contactos para impulsar un Pacto Nacional del Agua que contemple un nuevo trasvase de agua a Doñana.

Finalmente, ha afirmado que dada la concurrencia de competencias del Estado y de la Comunidad Autónoma de Andalucía en lo relativo a la gestión de los recursos hídricos que afectan al Espacio de Doñana, el Gobierno "trabaja y trabajará estrechamente con la Junta de Andalucía para asegurar la adecuada coordinación entre ambas administraciones".