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El 'comando antifraude' llega a Empleo: el epicentro de la corrupción en la Junta

La consejera de Cs recluta a denunciantes de los casos de corrupción del anterior Gobierno que protagonizaron la campaña electoral, pero guarda silencio sobre qué hará ahora

Foto: Rocío Blanco tomando posesión de su cargo de consejera de Empleo ante el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. (EFE)
Rocío Blanco tomando posesión de su cargo de consejera de Empleo ante el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. (EFE)

Todas las miradas están puestas en la Consejería de Empleo. Allí ha llegado el que llaman el 'comando anticorrupción' de la nueva Junta de Andalucía. La actual consejera, Rocío Blanco, designada por Ciudadanos, ha fichado para su gabinete a personas que estuvieron en el punto de mira en la anterior etapa por ser denunciantes de corrupción. Hay dos nombres clave el de su viceconsejera, Isabel Balbín, que estuvo en el origen del caso Edu, que investigó los cursos de formación en la Junta de Andalucía, y el de un funcionario que fue apartado y se convirtió en azote del anterior Ejecutivo, Luis Escribano, integrado ahora en el gabinete de la consejera. Ambos han aterrizado el epicentro de la corrupción de la Junta desde que estalló el caso ERE y le siguió el de las facturas falsas de UGT, los cursos de formación y la extinta fundación de Empleo, Faffe, extinguida en 2011 pero sobre la que sigue existiendo importantes sombras.

Desde que estalló el caso ERE en 2011 la consejería de Empleo no ha levantado cabeza. Sus titulares socialistas se han visto envueltos en una maraña de revisión de expedientes de varios casos que no han conducido a nada y que a la vez estaban en vía judicial. No hay cifra certera del reintegro conseguido para las arcas públicas por estos casos de corrupción. Eso depende de la Consejería de Hacienda y no se han dado cifras.

Mientras estos escándalos acaparaban la cartera de Empleo, la comunidad seguía sin recortar el diferencial de paro con la media española. Los cursos de formación para parados han estado más de un lustro suspendidos. Los consejeros de Empleo han ido a la Cámara a dar datos sobre las revisiones, pero siempre se han guardado parte de la información alegando motivos varios, desde las obligaciones de la ley de protección de datos hasta la judicialización de la mayoría de los casos.

Tiró de la manta

Cs fichó para Empleo a una alta funcionaria, directora de la Tesorería de la Seguridad Social en Málaga. Con ella recaló como viceconsejera Isabel Balbín. Según un vídeo difundido por Cs, la actual número dos de la Consejería fue la que destapó el caso del fraude de los cursos de formación. Como responsable de la Seguridad Social en Málaga se percataron con claridad de que había muchas empresas de formación que habían cobrado un 75% de las subvenciones para cursos que no había reclamado el 25% restante y cuyos titulares estaban en situaciones de deudas e impagos con Hacienda o la Seguridad Social. Este caso Edu llevó a la detención de numerosos altos cargos de la Junta de Andalucía que luego fueron puestos en libertad sin cargos. La justicia archivó la pieza. El PSOE siempre ha defendido que fue un bluf que hizo mucho daño y que nunca hubo ningún desvío de fondos públicos por parte del Gobierno, señalando en último caso a los empresarios y hablando de una conspiración política.

Los supuestos urdidores de esa conspiración, según el PSOE, están ahora al mando en la Consejería y el aterrizaje parece que está siendo mucho más costoso de lo que cabría pensar. Este periódico ha preguntado por el estado de todos esos expedientes pero desde Empleo piden tiempo para poder dar explicaciones.

Miedo por denunciar

Según un vídeo difundido por Cs, la actual vicenconsejera, entonces técnico de la Seguridad Social en Málaga, se vio sorprendida porque había muchas empresas que no estaban al corriente con Hacienda y la Seguridad Social y recibían grandes cantidades de dinero público. Cuenta cómo hay administradores de empresas supuestamente en la ruina, cobrando la renta mínima de reinserción, que reciben subvenciones de la Junta de miles de euros. Desde la Seguridad Social en Málaga se dirigieron a la Junta que les reclamó no meterse en sus asuntos y entonces, explican, se dirigieron a Madrid. Ahí surgió el llamado caso Edu que en la Semana Santa de 2014 puso de nuevo al Gobierno andaluz contra las cuerdas, aunque el asunto se desinfló en vía judicial. Nada que ver con los ERE que ha sentado en el banquillo a toda la cúpula de la Junta durante una década, incluidos dos expresidentes.

"Llegó un Policía que es el alma de toda esta investigación judicial y le dije que llevaba un año y pico sin dormir y no estaba dispuesta a renunciar a todo esto", cuenta la actual vicenconsejera de Empleo en ese vídeo donde habla como denunciante de corrupción en Andalucía que dice sentir "miedo".

Expedientes abiertos

Según la recopilación de información de este periódico, el caso de ayudas de UGT, en vía judicial, aún tiene expedientes por revisar en vía administrativa. Con los cursos de formación, tampoco hay datos actualizados sobre las revisiones en vía administrativa. Hasta donde informó la Junta de Andalucía se habían reclamado 149 millones de euros por el reintegro de 1.750 expedientes con irregularidades de los 8.505 que se sometieron a revisión. Había un 25% pendiente aún de resolver desde 2014. El Gobierno andaluz siempre contó que habían dispuesto a un grupo especial de funcionarios, la oposición denunció que era personal de confianza, para revisar estas fichas de ayudas pero nunca se terminó el examen interno.

El último caso, el de la extinta fundación de Empleo, Faffe, extinguida en 2011 también sigue lleno de interrogantes. El anterior consejero, Javier Carnero, compareció en el Parlamento para negar que existieran tarjetas bancarias con cargos a fondos públicos. Luego, Empleo depositó en el juzgado extractos bancarios que demostraban que había 15.000 euros pagados en una noche de juerga en un prostíbulo que se abonaron con una tarjeta de Empleo, aunque luego se rectificaron los cargos y se alegando que las entidades bancarias no ofrecían los datos. Los gastos posteriormente se elevaron a 32.000 euros,

PP y Cs hicieron de este asunto un argumento electoral principal para pedir el cambio en Andalucía. La nueva cúpula de Empleo podrá también responder a una exigencia del PP en el Parlamento, exigir el rastro de los 1.100 empleados de la Faffe que se subrogaron en el Servicio Andaluz de Empleo, muchos, según los denunciantes de la corrupción, exaltos cargos socialistas o sus familiares.

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