LOS TROCEÓ PARA EVITAR LA FISCALIZACIÓN PREVIA

El presidente del Guadalquivir adjudica 800.000 € en contratos menores en 4 meses

Manuel Romero, vinculado al PP de Granada, y sobre el que juez decretó apertura de juicio oral por delito ambiental, ningunea a la Abogacía del Estado y contrata abogados privados

Foto: Vista de las obras que la CHG llevó a cabo para permeabilizar el muro que aislaba el caño del Guadiamar. (EFE)
Vista de las obras que la CHG llevó a cabo para permeabilizar el muro que aislaba el caño del Guadiamar. (EFE)

Manuel Romero Ortiz, vinculado al PP de Granada, presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) e investigado por las polémicas adjudicaciones en el organismo público que capitanea, ha adjudicado al menos 800.000 euros en contratos menores, entre abril y agosto de este año, mientras el Gobierno estaba en funciones. Parte de los contratos fueron troceados para evitar la fiscalización previa. La tramitación para este tipo de expedientes es mínima, lo que provoca que tengan “nulas garantías de publicidad y concurrencia”, según fuentes próximas a la confederación consultadas por este diario.

Este tipo de contratación puede producir fraccionamientos prohibidos por la normativa. Como especifica el artículo 86.2 del TRLCSP (texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público), no es posible dividir la contratación “con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan”.

En la plataforma de contratación del Estado consultada por este diario, se han detectado algunos contratos menores con idéntico o similar objeto, algunos incluso fueron adjudicados a la misma empresa y que sumados superaron en numerosos casos el límite máximo de dinero que se puede adjudicar de forma directa: 50.000 euros en obras y 18.000 euros en otros conceptos. Romero Ortiz no quiso responder a las llamadas telefónicas de este diario.

El “tirón de orejas” de la Inspección de Servicios

“El órgano de contratación ha renunciado al procedimiento negociado sin publicidad tras el tirón de orejas de la Inspección de Servicios del ministerio, abusando de los contratos menores porque están excluidos de la fiscalización previa”, indicó un ingeniero próximo a la Confederación en declaraciones a este diario. Mercedes Fuertes, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de León, explicó con detalle en el blog de Administración Pública que no era “cuestión menor la del contrato menor”.

La Orden HAP/1169/2016, de 14 de julio, por la que se regulan las operaciones de cierre del ejercicio 2016 relativas al presupuesto de gastos y operaciones no presupuestarias, ha previsto que, con carácter general, el 29 de julio de 2016 sea la fecha límite para que los servicios gestores de gasto envíen a las intervenciones delegadas los expedientes de adquisición de compromisos de gasto a efectos de su fiscalización previa.

Romero Ortiz ya fue reprobado por la Intervención General de la Administración del Estado al detectar en su informe, avanzado por este diario en septiembre de 2015, que no existía información sobre los contratos menores, criterios “erróneos” en la contabilidad y que tampoco ha presentado el balance de resultados ni el informe de gestión. La Intervención califica como “opinión desfavorable” las cuentas presentadas por la entidad.

El presidente sufrió una llamada al orden de la Dirección General de Agua por el elevado número de contratos a dedo, de negociados sin publicidad. Aun así, a pesar de los informes desfavorables, continuó con este tipo de adjudicaciones, como detalla el informe de la Inspección General de Servicios ejecutado entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2014.

“¿Para qué están los abogados del Estado?”

El político del PP se enfrenta a la apertura de juicio oral, decretada el pasado mes de octubre por el Juzgado de Instrucción número 6 de Granada, por posible delito medioambiental en el caso de los supuestos vertidos ilegales de aguas fecales procedentes de la depuradora de la prisión de Albolote (Granada).

El presidente de la CHG ha contratado, por 15.000 euros y por un plazo de 12 meses, al prestigioso abogado José Antonio Salazar Murillo para el “seguimiento y realización de informes en relación con asuntos penales“. "¿Para qué están los abogados del Estado?”, se preguntó un alto cargo de la confederación consultado por El Confidencial.

Fuentes de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir expresaron su malestar a este diario: “Se pueden obtener informes jurídicos desde la propia confederación u otra Administración sin tener que acudir al mundo privado. Sin embargo, no sabemos por qué se acude a la contratación con cargo a fondos públicos de estudios en materias jurídicas sobre asuntos penales”.

Más contratos para la pareja de la ex alto cargo 

Uno de los grandes beneficiados de la etapa de Romero Ortiz al frente de la confederación es Isotrol, la empresa que preside José Luis Calvo Borrego, pareja de Carolina González Vigo, exparlamentaria andaluza responsable de Medio Ambiente del PP en el Parlamento de Andalucía. También fue protegida de Javier Arenas, expresidente del PP de Andalucía. Este diario publicó el 2 de agosto de 2014 que Isotrol había recibido cuatro millones de euros en contratos por parte de la confederación.

Romero Ortiz ya se vanaglorió en conversación telefónica con El Confidencial de su amistad con González Vigo. Ambos se conocen del PP de Granada y han mantenido frecuentes contactos en restaurantes de Sevilla, junto a Carmen Crespo, exdelegada del Gobierno en Andalucía y actual portavoz del PP-A en el grupo parlamentario. El 26 de mayo de 2014, sin ningún rubor, el presidente de Isotrol acudió a la sede de la CHG en el coche oficial del presidente del organismo estatal.

Magtel, la polémica adjudicataria de las minas de Aznalcóllar, y Ayesa, también beneficiadas de los contratos menores de la confederación

Isotrol recibió una adjudicación el pasado 11 de julio de 17.900 euros (en el límite de los 18.000 euros establecidos por la ley) por el “análisis de las potencias contratadas y ajustes de las mismas, de los suministros eléctricos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir destinados a las zonas regables”. Además de otro de 17.951,34 euros para la "revisión del procedimiento de control y pago de las facturas eléctricas". 

Magtel Operaciones, regada con subvenciones millonarias de la Junta de Andalucía y adjudicataria de la polémica y judicializada concesión de las minas de Aznalcóllar, recibió en las mismas fechas que Isotrol (el pasado 14 de julio), 17.850 euros por la contratación del servicio de gestión de la flota de vehículos del organismo mediante GPS. Ayesa Ingeniería y Arquitectura también ha logrado un contrato de 17.500 euros, en un plazo de tres meses, por la implementación en redes sociales de la presencia digital del organismo para trabajos de participación pública en el segundo ciclo de Planificación Hidrológica.

Otra de las adjudicaciones más polémicas fue el inflado en 900.000 euros de las obras del río Guadalquivir a su paso por Córdoba. La Fiscalía y la Inspección de Servicios analizaron la adjudicación a Viguecons Estévez, la empresa amiga del ya excomisario de Aguas y protegido de Romero Ortiz, al igual que la secretaria general, Consolación Vera

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