Investigan el inflado en 900.000 € de obras del Guadalquivir en Córdoba

La Inspección de Servicios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Fiscalía ya han iniciado los primeros pasos para investigar el inflado en las obras de emergencia del río a su paso por Córdoba, adjudicada a Viguecons Estévez, empresa amiga del comisario de Aguas, Rafael Álvarez Giménez, y Caminos y Cauces por 1,8 millones de euros. Fuentes de la confederación e ingenieros especializados cifran el sobrecoste de esta obra en 900.000 euros, según las tarifas aplicadas por Tragsa, empresa pública dependiente de la SEPI.

La Fiscalía Superior de Andalucía ya ha recibido escritos de funcionarios, enviados de forma anónima por temor a represalias, en los que se explica con detalle el precio de este sobrecoste localizado en una superficie de 79.512 metros cuadrados. Según datos de la confederación sobre las unidades de obra realizadas con sus mediciones correspondientes, fueron retiradas un total de ocho toneladas de residuos urbanos; fueron extraídas 150.000 toneladas (73.258 metros cúbicos) de sedimentos del cauce, lo que dio lugar a la aparición de embarcaderos existentes en el Puente de El Arenal, Molino de Martos y Parque de Miraflores.

Las obras incluían también la retirada de residuos forestales (desbroces y clareos), cifrados en 60.826 metros cuadrados, además de la colocación de escolleras en el canal en el Molino de Martos, un total de 4.480 metros cúbicos para la unión del colector del Arroyo Pedroches. El organismo elevó la cifra en 1,5 millones de euros, a los que habría que sumar otros 360.000 euros en la reparación del Puente de El Arenal con la sustitución de tres apoyos de Neopreno, tensado y engrasado de todas las barras del pilar y comprobación estructural.

El informe de un técnico de Tragsa, al que ha tenido acceso este diario, deja claro el sobrecoste en la obra. La tarifa del holding público para el presupuesto material se eleva a 456.641 euros (ver documento) y 43.358,12 euros por la escollera (lo que hace un total de 500.000 euros). Hay más: gastos generales, el 13% habitual (65.000 euros); el 6% de beneficio industrial (30.000 euros); 21% de IVA y 360.000 de la pila del puente. En total, 1.079.950 euros.

“Contratación irregular”

“No hay obra para justificar tanta variación de dinero, hay datos para que se proceda a su investigación, es dinero público”, subrayan fuentes de la confederación. Antonio Hurtado, diputado en el Congreso por la provincia de Córdoba, tilda de “contratación irregular” estas obras que eluden las “exigencias normativas de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas” al haber contratado por la vía de emergencia, ni siquiera por la de urgencia. En realidad, se adjudicaron a dedo a Viguecons Estévez.

En la limpieza de urgencia de hace dos años vuelve a apreciarse un deterioro con las aguas estancadas en el entorno de Molino de Martos que hace prever que la situación "será insoportable para el próximo verano”, como denunció el presidente del consejo del distrito Centro de Córdoba, Rafael Soto. Esta zona era la actuación más importante, justo donde vierte un colector de aguas residuales.

El Gobierno, tras la pregunta escrita formulada por Hurtado (ver documento), admite que fue el presidente de la confederación, Manuel Romero Ortiz, quien declaró las obras de emergencia el 4 de septiembre de 2013 “y con fecha de 11 de septiembre de 2013 la dirección general del Agua autorizó la colaboración de la empresa Viguecons Estévez” sin convocar un concurso público, “como consecuencia del extraordinario año hidrológico 2012-2013”.

Más de tres millones a dedo

El comisario de Aguas Álvarez Giménez, con el visto bueno de la secretaria general, Consolación Vera y del presidente del organismo controlado por el Partido Popular ya ha concedido más de tres millones de euros a dedo a empresas amigas, sobre todo a GIS (Gabinete de Ingeniería Civil del Sur), Viguecons Estévez y Cauces y Caminos. El comisario de Aguas, con el visto bueno del presidente de la confederación, ha permitido un reparto de cromos provincial, como en la adjudicación de los contratos para los servicios de mantenimiento, conservación, auscultación, inspección y vigilancia de presas de titularidad estatal en la que Viguecons se quedó con este contrato para las presas de Sevilla, e Isotrol con el contrato para las presas de Córdoba.

El presidente de Isotrol, José Luis Calvo Borrego, es la pareja de Carolina González Vigo, parlamentaria autonómica del PP-A y exportavoz de Medio Ambiente del partido en Andalucía. González Vigo, que no repetirá como diputada autonómica por la falta de sintonía con el presidente regional, Juan Manuel Moreno, fue quien eligió a Romero Ortiz en un casting. Ambos son de Granada. El presidente de la confederación llegó a reconocer a este diario que la diputada del Partido Popular de Andalucía, ex mano derecha de Javier Arenas en el partido, era una “vieja amiga suya”. Isotrol también controla el sistema para evitar inundaciones en el río Guadalquivir, tras 22 años en manos de la multinacional Abengoa.

Los funcionarios también critican cómo la confederación ha movilizado una inversión global de siete millones de euros para poner al día en la tramitación de los expedientes, mientras el organismo no para de “contratar personal externo para realizar esa puesta al día cuando ese cometido es competencia de los funcionarios a los que se les ha retirado su trabajo diciendo ‘que no hay trabajo", según denuncian los empleados públicos a este diario.