ASÍ ACTÚA EL POLÉMICO COMISARIO DE AGUAS de chg

El ‘número dos’ del Guadalquivir otorga a dedo más de 3 millones a empresas amigas

Rafael Álvarez , comisario de Aguas de la Confederación, lleva adjudicados en contrataciones a dedo más de tres millones de euros a empresas amigas

Foto: Desembalse en la cuenca del Guadalquivir (EFE)
Desembalse en la cuenca del Guadalquivir (EFE)

Rafael Álvarez Giménez, comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG), organismo autónomo dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, lleva adjudicados en contrataciones a dedo más de tres millones de euros a empresas amigas. El cordobés Álvarez Giménez es el número dos de la confederación, cargo relevante en el organigrama de la CHG, y persona de máxima confianza del presidente, Manuel Romero Ortiz, vinculado al PP de Granada. El Ministerio ya investiga las adjudicaciones de la confederación tras las revelaciones de El Confidencial.

El comisario de Aguas mima a las compañías Gabinete de Ingeniería Civil del Sur (GIS), Viguecons Estévez SL (estas dos de Córdoba) y Caminos y Cauces SA. En el caso de GIS, creada en 2000, ya ha conseguido un millón de euros desde que Álvarez fuera nombrado por Romero Ortiz en enero de 2013. En todo 2012 no logró ni un contrato. La empresa, cuyo administrador único es Pedro Luis Juan López, está localizada en Córdoba, donde el comisario mantiene un despacho oficial, a pesar de que su puesto de trabajo se encuentra en la Plaza de España de Sevilla. Álvarez se reúne con frecuencia casi diaria con Juan López en Córdoba, no en la capital andaluza, según confirman a este diario empleados de la confederación.

Sólo en el último año ha obtenido seis contratos por el procedimiento negociado sin publicidad valorados en 72.000 euros cada uno. Se trata de “la digitalización de expedientes de uso privativo por disposición legal en las bases de datos a consecuencia de la integración de competencias sobre aguas al Estado en la zona de Córdoba”; la ejecución de trabajos de soporte técnico para “la revisión cartográfica, escaneado de documentos y grabación de datos en el sistema informático Alberca en la zona de Sevilla” y el desarrollo de trabajos de carácter técnico “para la mejora de la capacidad de desagüe de los cauces de la cuenca del Guadalquivir en Andalucía”, como se pruebe comprobar en la plataforma de contratación, externalizando las labores que antes eran realizadas por empleados públicos de la confederación.

Hay tres adjudicaciones más. Algunas con una denominación muy similar, como esta para “las aguas regables estatales de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir” en varios términos municipales; otra en la zona de Córdoba, además de trabajos a desarrollar en la sierra de Cazorla y en Úbeda, financiados con los fondos Feder. Todo esto sin tener en cuenta que la ley no considera necesaria la publicación en la plataforma de contratación de contratos menores y otras actuaciones de escaso presupuesto.

Contratos cuando Álvarez mandaba en la Junta

GIS, que también utiliza otras denominaciones (Despacho de Ingeniería Civil SL, Consultoría urbanística Andalusí SL y GIS Investments and Management, como acredita el Registro Mercantil), sí consiguió adjudicaciones públicas de Egmasa y de la Agencia Andaluza del Agua (AAA) cuando la Junta de Andalucía asumió las competencias del río Guadalquivir (enero 2009-noviembre de 2011, que tumbó el Tribunal Constitucional). En esa etapa Álvarez fue gerente de la agencia pública en la provincia de Córdoba.

El grueso de la tramitación de los expedientes de concesiones y comunidades de regantes en la agencia era asumido por personal de TRAGSA y de EGMASA, incluidos los informes de campo. Esa plantilla iba encadenando contratos a través de empresas amigas del comisario, como ya alertaron funcionarios de la agencia. Las normas internas aplicadas para el servicio de Comisaría durante la gestión en la AAA, al igual que en la actualidad en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, contravienen en muchos aspectos el Reglamento de Dominio Público Hidráulico del Ministerio, “marco legal para el correcto funcionamiento de la Comisaría de Aguas y para la prestación de ese servicio público al ciudadano”, según expone un ingeniero del organismo consultado por este diario.

Un servicio “bajo mínimos”

Hay más: estas instrucciones elaboradas por Rafael Álvarez de modo unilateral “están paralizando las funciones de los empleados públicos que desarrollan su trabajo para la Comisaría de Aguas perjudicando gravemente el servicio público que se debe prestar en cada provincia a la ciudadanía”, insisten estas mismas fuentes de la confederación, que alertan que el servicio de la Comisaría de Aguas se encuentra “bajo mínimos”. ¿Una de las consecuencias? La oficina de atención al ciudadano creada en Sevilla no funciona. Los usuarios que llaman intentando averiguar cómo va su expediente no son atendidos e incluso las resoluciones no se localizan.

Rafael Álvarez, primo de Rafael Ruiz Giménez, director general de Infraestructuras del Ayuntamiento de Córdoba, donde gobierna el PP con mayoría absoluta, también ha entregado esta vez como obra de emergencia para “adecuación y recuperación del cauce del río Guadalquivir a su paso por Córdoba” a Viguecons Estévez SL, pilotada por Francisco Rafael Estévez García, buen amigo también del comisario, por 1,8 millones de euros según acuerdo del Consejo de Ministros del pasado 16 de mayo.

Carmen Crespo, junto a Manuel Romero.
Carmen Crespo, junto a Manuel Romero.

El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas presentó el 18 de diciembre de 2013 como noticia destacada en su página web la finalización de estos trabajos de limpieza. La delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, destacó que esas actuaciones contarían con una inversión de 1.860.000 euros. La CHG amplió la inversión inicial de esta actuación (prevista en 1,5 millones de euros) en 360.000 euros más, con el objetivo de reparar los desperfectos ocasionados en el Puente del Arenal por un incendio intencionado.

En UTE con Prointec, Viguecons logró este verano la adjudicación para el mantenimiento, conservación, auscultación, inspección y vigilancia de nueve presas de titularidad estatal en Sevilla por un valor de 2,1 millones, como consta en el Boletín Oficial del Estado del pasado 26 de junio y en la Plataforma de Contratación del Sector Público con fecha 17 de junio.

González Vigo, parlamentaria del PP-A

El comisario de Aguas, con el visto bueno del presidente de la confederación, ha permitido un reparto de cromos provincial: Viguecons se quedó con este contrato de Sevilla e Isotrol con el de Córdoba. El presidente de Isotrol, José Luis Calvo Borrego, es la pareja de Carolina González Vigo, parlamentaria autonómica del PP-A y ex portavoz de Medio Ambiente del partido en Andalucía. González Vigo fue quien eligió a Romero Ortiz en un casting. Ambos son de Granada. El presidente de la confederación llegó a reconocer a este diario que la diputada del Partido Popular de Andalucía, ex mano derecha de Javier Arenas en el partido, era una “vieja amiga suya”. Isotrol también controla el sistema para evitar inundaciones en el río Guadalquivir, tras 22 años en manos de la multinacional Abengoa.

La parlamentaria andaluza Carolina González Vigo. (Efe)
La parlamentaria andaluza Carolina González Vigo. (Efe)

La adjudicación de las presas de Sevilla, por procedimiento abierto, está firmada por la secretaria general de la confederación, Consolación Vera, íntima amiga del comisario, y artífice de la vuelta de Álvarez a la CHG. Vera se habría saltado la norma al externalizar por concurso la tramitación y seguimiento de las licitaciones convocadas por el órgano de contratación y seguimiento de los convenios, como indica la plataforma. “Son tareas que requieren potestades públicas", denunció un ingeniero consultado por este diario, como se precisa en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

Se enfrenta a una denuncia ante la Fiscalía

El comisario de Aguas ya se enfrenta a una denuncia judicial presentada ante la Fiscalía de Medio Ambiente de Huelva por Ecologistas en Acción ante una presunta prevaricación al considerar que no actúa “contra las extracciones ilegales” del acuífero de Doñana, que se encuentra en “pésimo estado”. Según la organización, el comisario “no hace actuar a la Policía de Cauce de la Confederación a fin de perseguir actuaciones que podrían contravenir varias normas tanto en relación con la gestión del agua como de la ordenación del territorio, ni actúa en la ejecución de las sentencias del Tribunal Supremo”, señala la organización ecologista.

El Confidencial se puso en contacto telefónico con Rafael Álvarez, quien declinó hacer declaraciones a este diario. 

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