El Ministerio ya investiga las adjudicaciones a dedo del presidente del Guadalquivir

Revisión a fondo. El Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente investiga las adjudicaciones de contratos a dedo del presidente de la Confederación del Guadalquivir, Manuel Romero Ortiz, que lleva publicando El Confidencial desde el pasado mes de julio. “Ya está al tanto la Inspección de Servicios. En el momento en que se conozcan los términos de lo ocurrido se actuará en consecuencia”, declararon a este diario fuentes oficiales de la secretaría de Estado de Medio Ambiente.

Hasta ahora altos cargos del Ministerio como el secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, habían ignorado las denuncias de funcionarios de la confederación contra el trato de favor en adjudicaciones públicas otorgadas por Romero Ortiz, a amigos y empresarios relacionados con políticos del PP-A, como el presidente de Isotrol, José Luis Calvo, pareja de la parlamentaria andaluza Carolina González Vigo, persona muy cercana a Javier Arenas. El gabinete de prensa del secretario de Estado ha declarado a El Confidencial: "En ningún caso ni se ha ignorado ni se está al margen de este caso. Es muy importante".

El caso de Ramos de Armas no es aislado en el Ministerio. El ex número 1, el actual comisario de Energía y Medio Ambiente, Miguel Arias-Cañete, también conocía la existencia desde enero de 2013 de presuntas irregularidades y el método de gestión del presidente de la confederación y su equipo de confianza (formado por la secretaria general, Consolación Vera, y el comisario de Aguas, Rafael Álvarez), como acreditó una denuncia presentada en 2013 por 50 funcionarios del organismo público.

En este escrito se pone de relieve cómo el equipo de Romero Ortiz infringe “de forma flagrante y reiterada” las Normas de Contratación impuestas por la “Instrucción de 22 de mayo de 2012 de la Subsecretaría del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio ambiente Medidas de Austeridad y Racionalización del Gasto del Departamento y sus Organismos Autónomos”. Y añaden: “La contratación por el procedimiento negociado sin publicidad y el recurso de contratos menores han aumentado desorbitadamente durante los últimos meses, igualmente las obras de reforma y gastos en mantenimiento han supuesto un aumento y, el ahorro en electricidad, combustible y otras fuentes de energía brillan por su ausencia”.

La situación ha empeorado en los casi dos años que distan de este escrito a la situación actual. El presidente ha llegado a reuniones acompañado en el coche oficial de Calvo, la pareja de la parlamentaria del PP. También se reúne de modo continuo con la delegada del Gobierno en Andalucía, Carmen Crespo, y adjudica contratos como el otorgado a su amigo Eduardo Ortiz, arquitecto, funcionario de la Junta de Andalucía, con quien coincidió en su etapa en el Parque de Sierra Nevada.

“Que investiguen todo”

El contrato para los servicios de mantenimiento, conservación, auscultación, inspección y vigilancia de 14 presas de titularidad estatal en la provincia de Córdoba tiene una duración de 36 meses prorrogables. Hasta ahora era una gestión que llevaban a cabo empleados públicos de la CHG. "La gestión de la seguridad de las presas, cuya finalidad es la de proteger a las personas, al medio ambiente y a las propiedades, se deja en manos privadas cuando es una función del Gobierno", subrayan a este diario fuentes expertas del sector.

El presidente del Comité de Empresa de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir en Sevilla, Manuel Jiménez, pidió ayer, en declaraciones a El Confidencial, que la Inspección de Servicios aclarara “todo lo que está ocurriendo” en el organismo estatal. “Que investiguen todo lo que esté mal hecho y que se descubra todo lo que tiene que salir. Los que estén implicados que apechuguen con las consecuencias. Es lo mejor para la confederación y todos los ciudadanos”, indicó Jiménez.

Lo certifica el BOE: “Sin control interno”

El pasado lunes se publicaron en el BOE las cuentas anuales de la confederación del año 2013. El informe, aunque “favorable con salvedades”, no obvia la mala gestión de Romero Ortiz. “No se ha aportado una relación detallada que permita comprobar la adecuación y composición del saldo de las cuentas que integran el Inmovilizado material a 31 de diciembre de 2013 y su adaptación a las normas de reconocimiento y valoración del Plan General de Contabilidad Pública. “No se dispone de las herramientas de control interno suficientes para realizar dicha comprobación”, señalan los auditores.

“Considerando estas circunstancias –indica– no nos ha sido posible aplicar los procedimientos de auditoría previstos ni otros alternativos para obtener evidencia adecuada y suficiente de los elementos y la valoración de estos activos tal como constan y se describen en las cuentas anuales auditadas, constituyendo una limitación al alcance en el trabajo realizado. No obstante, en las pruebas realizadas en esta parcela podemos asegurar que la distinción entre las Construcciones e Inmovilizaciones materiales en curso es inadecuada”.