POR TRATO DE FAVOR A AMIGOS Y ADJUDICACIONES A DEDO

El Ministerio ignora las denuncias puestas contra el presidente del Guadalquivir

No aguantan más. Altos cargos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ignoran las denuncias de funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir

Foto: El río Guadalquivir a su paso por Sevilla (EFE)
El río Guadalquivir a su paso por Sevilla (EFE)

No aguantan más. Altos cargos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente ignoran las denuncias de funcionarios de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir contra el trato de favor en adjudicaciones públicas a dedo de su presidente, Manuel Romero Ortiz, a amigos y empresarios relacionados con políticos del PP-A, como el presidente de Isotrol, José Luis Calvo, pareja de la parlamentaria andaluza Carolina González Vigo, persona muy cercana a Javier Arenas.

El 10 de febrero de 2014 un grupo de funcionarios, de manera anónima por temor a represalias, presentó un escrito, con el número de entrada EAU/002, al secretario de Estado de Medio Ambiente, Federico Ramos de Armas, para alertar del “desprestigio y daño tan enorme que están ocasionando” Romero Ortiz, el comisario de Aguas, Rafael Álvarez y la secretaria general, Consolación Vera. Este triunvirato al frente de la CHG ha logrado “erosionar la moral de los empleados“, según relata a El Confidencial un funcionario que lleva más de una década en el organismo.

Carmen Crespo junto a Manuel Romero.
Carmen Crespo junto a Manuel Romero.
“Es el peor presidente con diferencia que hemos tenidos Nos quejábamos cuando estábamos politizados por la Junta de Andalucía, pero ahora estamos mucho peor. Romero Ortiz está en el detalle de a quién se realizan las adjudicaciones. La confederación se ha convertido en un organismo absolutamente político y no técnico, como siempre lo fue”, añade este funcionario, que admite “el miedo” que ha impuesto Romero Ortiz. “Yo no sé cómo no envían a la Inspección General de Servicios para que sepan todo lo que está haciendo”, insiste. 

Esta denuncia del pasado mes de febrero también ha llegado a la mesa de la directora general de Agua, Liana Ardiles, de quien depende directamente el presidente de la confederación. Ardiles, al igual que el subsecretario de Estado, ha mirado para otro lado en el trato de favor a empresas amigas del responsable de la CHG. Este diario se puso en contacto con el equipo de Ardiles, que rehusó hacer declaraciones.

Las empresas que aspiran a contratos con este organismo que ven cómo el amiguismo y los contratos a dedo sin publicidad se imponen en esta etapa también se han quejado al Ministerio, aunque sotto voce, para no ser perjudicadas en más licitaciones. “Los contratistas antes no decían nada, porque había mucho dinero para repartir, pero ahora hay pocas obras y lo pasan mal”, resalta un ingeniero que ha trabajado en la zona.

Más negocio a dedo para la pareja de la diputada del PP-A

Las valoraciones técnicas las supervisa directamente el presidente y la secretaria general. Consolación Vera, que mantenía una imagen de funcionaria eficaz en la confederación, ahora se ha convertido en “la persona de más confianza” de Romero Ortiz, que le hace firmar documentos relevantes. Idéntico modus operandi utiliza con el comisario de Aguas, íntimo amigo de Vera, como corroboran funcionarios de la confederación de varias provincias andaluzas.

Según un ingeniero consultado por este diario, la secretaria general también se habría saltado la norma al externalizar por concurso la tramitación y seguimiento de las licitaciones convocadas por el órgano de contratación y seguimiento de los convenios, según consta en la Plataforma de Contratación del Estado. “Son tareas que requieren potestades públicas", denuncia este experto, como se precisa en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos del Sector Público.

La parlamentaria andaluza Carolina González Vigo. (Efe)
La parlamentaria andaluza Carolina González Vigo. (Efe)

La conexión política del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir con altos cargos del PP andaluz –no de la dirección– es más que evidente. Carmen Crespo, delegada del Gobierno en Andalucía, la parlamentaria González Vigo y Romero Ortiz se reúnen en restaurantes de Sevilla. Es más, Isotrol, la empresa de la pareja de la diputada autonómica, que fue responsable de Medio Ambiente y portavoz en el Parlamento para estos asuntos, no contenta con haberse llevado la seguridad de las presas y el estratégico SAIH (Red Automática de Información Hidrológica), el que sirve para evitar inundaciones, recibió a dedo y sin publicidad 71.692,5 euros para la comprobación, acreditación y legalización reglamentaria de las instalaciones de aparatos de elevación en los embalses de la Cuenca Hidrográfica del Guadalquivir, como figura en la Plataforma de Contratación del Estado.

Arenas, Sebastián Pérez, y la “vieja amiga”

Manuel Romero Ortiz asumió el cargo de presidente de la CHG por su amistad con Carolina González Vigo. Fue ella misma quien pilotó el casting para elegirlo con el visto bueno de Arenas y del ex número 2 del PP en Andalucía Antonio Sanz, muy beligerantes cuando la confederación estuvo en manos de la Junta de Andalucía. El presidente admitió el pasado mes de julio en declaraciones a El Confidencial que era una “vieja amiga suya”.

El presidente también ha adjudicado a dedo 120.000 euros correspondientes a dos contratos del inventario de este organismo, controlado por el PP, a Ortiz y Arquitectos Asociados SLPTanto el responsable de la confederación como la diputada autonómica proceden del PP de Granada, que capitanea el presidente de la Diputación Provincial y del partido, Sebastián Pérez, el mismo que nombró a Romero Ortiz director de la Agencia Provincial de la Energía, responsable del Consorcio Granada Renova. Fuentes del PP andaluz consultadas por este diario negaron “tener constancia de denuncias o proceso judicial alguno de este asunto”. Funcionarios de la confederación están recopilando documentación para presentar una denuncia ante la Fiscalía.

El presidente también ha adjudicado a dedo 120.000 euros correspondientes a dos contratos del inventario de este organismo, controlado por el PP, a Ortiz y Arquitectos Asociados SLP. Esta empresa es propiedad del arquitecto Eduardo Ortiz Rodríguez, padre de Eduardo Ortiz Moreno, arquitecto, funcionario del Grupo A de la Junta de Andalucía e íntimo amigo del presidente. Ambos son de Granada y fueron técnicos en el Parque Nacional de Sierra Nevada. Estos trabajos ya estaban ejecutados

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