La Junta ignoró la directiva europea que prohíbe competencias autonómicas en los ríos

Para controlar la gestión del Guadalquivir, la Junta de Andalucía ignoró una directiva-marco de la Unión Europa que prohíbe competencias autonómicas en los ríos. Esta normativa, fechada en el año 2000, la hizo suya el Estado en diciembre de 2004. Según expertos consultados por este diario, la sentencia del Tribunal Constitucional replanteará “toda la administración hidráulica de España”.

Con la resolución judicial de ayer se desbarata la intención de la Junta de Castilla y León de asumir las competencias del río Duero. Andalucía argumenta que el 97% del río Guadalquivir pasa por Andalucía y que sólo el 3% restante recorre Castilla La Mancha y Extremadura, la comunidad que presentó al recurso al TC.  En el caso de Duero, el 99% de su tramo español recorre Castilla y León. Eso sí, el Duero desemboca y transita buena parte de su recorrido en Portugal. La Constitución impide que las comunidades autónomas puedan negociar con otro país este tipo de competencias.

Hasta ahora sólo se han transferido competencias de ríos en cuencas muy pequeñas del Pirineo Oriental, País Vasco y Galicia. La redacción del estatuto andaluz dio un paso adelante. Traspasó a la Junta no sólo la gestión, sino presupuesto y funcionarios (unos 1.000). Y luego se creó la Agencia Andaluza del Agua, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente.

“No se entiende cómo la Junta de Andalucía no tuvo en cuenta que las cuencas hidrográficas son unidades de gestión del agua unitaria. Es un modelo inventado por España. Europa nos copia al modelo y lo instaura en la toda la UE y aquí [en Andalucía] se decide no aplicarlo”, cuenta a El Confidencial un experto en planificación hidráulica.

Ignacio Trillo, ex delegado en Málaga de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, subraya que no existen precedentes de “una transferencia de esta envergadura de una comunidad autónoma al poder central”. “Se trata”, explica Trillo, “de la pérdida de un instrumento de autonomía muy grande; el territorio se ordena teniendo un recurso central como el agua”.

Sin injerencias políticas

Juan Manuel Calvo fue director de la Confederación Hidrográfica del Sur durante 12 años (1984-1996). Remarca como los otros expertos consultados en la importancia de la directiva de aguas de la Unión Europea. Y aclara que en una cuenca no puede haber organismos de gestión de varias comunidades autonómicas. “Tienen que ser gestionadas con independencia de la política”.

Ha ocurrido justo lo contrario. Con el apoyo de todas las fuerzas parlamentarias, el Gobierno de Chaves redactó el polémico artículo 51. La Junta de Extremadura presentó el recurso en junio de 2007 contra los artículos 43, 50.1 a), 50.2 y 51 de la Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de Reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía.

Extremadura fundamentó en un informe del Consejo Consultivo extremeño que consideraba que el artículo 51 establecía las competencias exclusivas de Andalucía sobre la cuenca del Guadalquivir a pesar de que la Constitución determina las competencias exclusivas del Estado en las cuencas ubicadas en varias comunidades.

Griñán ha solicitado, por la vía de urgencia, una reunión con el presidente del Gobierno. Está previsto que José Luis Rodríguez Zapatero le reciba el lunes. Ayer por la tarde, consiguió que tanto el PP como Izquierda Unida de Andalucía respaldaran su iniciativa para buscar una solución al conflicto.