El presidente del Guadalquivir obvió los avisos por las adjudicaciones ‘a dedo’

La Dirección General del Agua advirtió al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Manuel Romero Ortiz, de masivas adjudicaciones a dedo en el organismo que burlaban “el informe desfavorable” del Ministerio, según el documento de la Inspección General de Servicios al que ha tenido acceso El Confidencial y que abarca entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2014.

En las instrucciones de contratación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, aprobadas por el subsecretario del departamento el 4 de agosto de 2012, se especifica, en el apartado 3.3., que el procedimiento negociado sin publicidad (a dedo) resulta “excepcional”. Y aclara que debería estar justificado y contar con “el visto bueno de la persona titular de la Secretaría de Estado, Secretaría General o Subsecretaría, de cuyo ámbito de competencias dependa”.

Romero Ortiz tardó 13 meses en solicitar la autorización de la Dirección General de Agua (DGA), pilotada por Liana Ardiles, y sólo para los expedientes hasta ese momento no iniciados. La autorización se recaba dentro de la confederación por el gabinete técnico (adscrito a la dirección técnica), “una vez que el presidente otorga la autorización para iniciar el expediente de contratación”.

Entre el 4 de septiembre de 2013 y el 30 de septiembre de 2014, la confederación solicitó a la DGA 81 autorizaciones, de las que 55 fueron “informadas negativamente”, 21 recibieron el visto bueno y cinco no tuvieron respuesta ministerial. Y de los 21 expedientes favorables, sólo se habían adjudicado cuatro con fecha 30 de septiembre de 2014.

La explicación que ofrece la Inspección General de Servicios da cuenta de la falta de sintonía entre Ardiles y Romero Ortiz. La confederación alegó la “demora en el plazo de concesión de las autorizaciones” y, por otra, el entendimiento de que la DGA “no obstaculizaría los contratos financiados con fondos comunitarios ya que, de no certificarse la ejecución ante de que finalizara el primer semestre de 2015, no podría solicitarse el reembolso de la inversión”.

Contratos con informe desfavorable del Ministerio

La tensión entre la Dirección General del Agua y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir llegó hasta tal punto que Romero Ortiz, a pesar de informes desfavorables, desafió al Ministerio adjudicando seis contratos. “No parece que el hecho de que un contrato fuera a financiarse con fondos europeos fuera decisivo para entender favorable la autorización de la DGA, ya que de los 15 expedientes en los que concurría esta circunstancia, sólo se autorizó la tramitación del procedimiento negociado sin publicidad en tres de ellos, siendo denegada en el resto de los casos¨”.

La confederación intenta justificar sus adjudicaciones a dedo por la tardanza en la emisión del informe de la Dirección General de Aguas y un plazo de tramitación de tres a cuatro meses hasta la adjudicación, “plazo que se ha ampliado de un mes y medio a dos meses desde el 1 de mayo de 2014, fecha en la que se introduce la fiscalización previa de los organismos autónomos”. Para la Inspección General de Servicios sería más viable la tramitación de un procedimiento abierto, “habida cuenta que la media de los días transcurridos en los expedientes abiertos 2013/2014 es de 239 días desde la fecha de la aprobación hasta la adjudicación”.

La investigación interna alerta de “una falta de diligencia” de la confederación en el cumplimiento de las instrucciones de contratación aprobadas el 4 de agosto de 2012 no sólo en la solicitud de autorización previa en los procedimientos negociados sin publicidad, sino en la adecuación de sus pliegos “a los pliegos tipos del departamento”. El organismo que preside Romero Ortiz no los ha modificado. ¿Qué argumenta la confederación? “La necesidad de no paralizar los proyectos financiados con fondos de la Unión Europea y el debate abierto en torno a la fórmula empleada para valorar las ofertas económicas”. Sin embargo, estas explicaciones “no parecen justificar suficientemente este retraso”, según la propia Inspección General de Servicios, que alerta de sus “propias limitaciones en la investigación de posibles irregularidades”.

La confederación intenta justificar sus adjudicaciones a dedo por la tardanza en la emisión del informe de la Dirección General de Aguas

Contratos del comisario de aguas y la secretaria

Las funcionarias, cuyos nombres no se desvelan, que han analizado el modus operandi de Romero Ortiz desde que tomó posesión en marzo de 2012 resaltan en la dirección técnica un “posible uso inadecuado de negociados sin publicidad y menores al formalizarse varios contratos para una misma actuación en un breve periodo de tiempo, bien un elevado grado de dispersión de contratos susceptible de ser corregido mediante su reagrupación en un único contrato”.

En la comisaría de aguas que dirige Rafael Álvarez Giménez, número dos de la confederación, de los 140 contratos analizados, 127 se tramitaron por procedimientos sin publicidad, lo que supuso un elevado porcentaje respecto al total de contratos de la unidad: el 90,7%. El número de contratos tramitados por el procedimiento abierto tan sólo supone el 5%. Álvarez Giménez ha adjudicado a dedo al menos tres millones de euros a empresas amigas.

La Secretaría General, capitaneada por Consolación Vera, también ha fomentado las adjudicaciones a dedo. De los 160 contratos analizados por la Inspección de Servicios, 146 se tramitaron por procedimiento de negociado sin publicidad y menores, el 89% del total de contratos de la unidad y el 587% del importe total adjudicado.

Problemas de tesorería y silencio de funcionarios

La Inspección General de Servicios intenta vincular a la Administración autonómica andaluza que devolvió al Estado las competencias en octubre de 2011 de la proliferación de adjudicaciones a dedo. “No se puede obviar que las dificultades inherentes a la reversión, particularmente los problemas de tesorería y la urgencia en realizar actuaciones heredadas de la Junta de Andalucía sin el correspondiente traspaso de fondos, impidieron una inmediata puesta en marcha de procedimientos abiertos cuya tramitación exige certezas presupuestarias y es, además, dilatada en el tiempo”, indica el informe.

También se disecciona cómo se adjudicó a dedo la Red Automática de Información Hidrológica (SAIH-SAICA-ROEA) a Isotrol, la empresa de la pareja de Carolina González Vigo, parlamentaria del PP-A, como adelantó El Confidencial el 28 de julio de 2014. Se reconoce el silencio de dos funcionarios encargados de la valoración de las ofertas, que se negaron “a responder a la pregunta específica de si habían recibido algún tipo de presión a la hora de realizar la valoración, mientras que el tercero afirmó no haber recibido nunca presiones al valorar ofertas técnicas y que, en el caso concreto del SAIH, los funcionarios encargados dependientes de él no le transmitieron la existencia de ningún tipo de presión”, señala la Inspección General de Servicios.

3,1 millones para Isotrol

Para rematar esta parte del informe esboza una opinión sin fundamento objetivo: “Ante la ausencia de declaración expresa en tal sentido, no puede inferirse que el presidente de la CHG haya presionado o intentado presionar para que a través de la valoración de criterios objetivos se condicionara la adjudicación a favor de una determinada empresa”. Isotrol se ha salido con la suya: el pasado 16 de febrero consiguió por 3,1 millones de euros el mantenimiento y conservación de la Red Automática de Información Hidrológica (SAIH-SAICA-ROEA) de la Cuenca del Guadalquivir, según figura en la plataforma de contratación del Estado.

Eso sí, González Vigo, amiga personal del presidente de la confederación (ambos proceden del PP de Granada), no ha renovado como candidata al Parlamento de Andalucía tras las revelaciones de El Confidencial. “No la queremos”, subrayaron fuentes de la dirección del partido en Andalucía.