La auditoría destapa más irregularidades en la gestión del Guadalquivir

El mandato de Manuel Romero Ortiz al frente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir continúa lleno de sobresaltos. La auditoría de la Intervención General del Estado ha desvelado más irregularidades en la etapa de Romero, imputado por supuestos delitos de prevaricación omisiva, contra la ordenación del territorio y contra el medio ambiente en el caso de los vertidos ilegales de aguas fecales procedentes de la depuradora de la Prisión de Albolote (Granada).

La Intervención califica como “opinión desfavorable” las cuentas presentadas por la entidad. No existe información sobre los contratos menores, hay criterios “erróneos” en la contabilidad y tampoco ha presentado el balance de resultados ni el informe de gestión. La auditoría expresa de este modo su desacuerdo con los estados financieros y expresa de modo literal que no presentan “adecuadamente la realidad económico-financiera del organismo público”. “No presentan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, del resultado de las operaciones o de los cambios en la situación financiera de la entidad auditada, de conformidad con los principios y normas generalmente aceptados”, expresa el informe.

Fuentes próximas a la confederación consultadas por El Confidencial expresaron la gravedad del asunto, publicado ayer en el Boletín Oficial del Estado. “Para que un auditor llegue a expresar una opinión como la indicada, es porque ha identificado errores, incumplimiento de principios y normas contables generalmente aceptados, incluyendo defectos de presentación de la información”, expresan esas fuentes, que señalan cómo se ha omitido información sobre las actividades finalistas de regulación del agua y regadíos.

Estos errores afectarían a las cuentas anuales “en una cuantía o concepto muy significativo o en un número elevado de capítulos que hacen que concluya de forma desfavorable”. Para estas mismas fuentes, en declaraciones a este diario, “las salvedades de la auditoría son de tal calibre que las cuentas no expresan esa imagen fiel exigida por la ley. Aunque obviamente una auditoría de este tipo obligará a que se vuelvan a formular”.

En la auditoría de la Intervención General del Estado también se destaca cómo el traspaso de funciones y servicios a la Junta de Andalucía producido al amparo del Real Decreto 1666/2008, de 17 de octubre, afectó de forma significativa a las cuentas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir del ejercicio 2009, al dar de baja en su contabilidad por su importe total las cuentas del inmovilizado (3.115 millones de euros), y de alta los bienes y elementos que no habían sido afectados por el proceso de transferencias de competencias a la Administración autonómica. Con efectos 22 de octubre de 2011 y al amparo del Real Decreto 1498/2011, de 21 de octubre, se integraron en la Administración del Estado los medios traspasados a la Junta de Andalucía por el Real Decreto 1666/2008, de 17 de octubre.

Sin control interno

El activo de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, según balance a 31 de diciembre de 2014, asciende a 694,1 millones de euros. La confederación no ha incorporado todavía los bienes y elementos afectados por el proceso de reversión producido en 2011, “incidencia que esta Intervención delegada señaló por primera vez en el informe de auditoría emitido de las cuentas anuales del ejercicio 2011 y que se ha mantenido en los informes de auditoría de los ejercicios siguientes”.

La confederación que preside Manuel Romero tampoco ha aportado una relación detallada que permita comprobar la adecuación y composición del saldo de las cuentas que integran el Inmovilizado material a 31 de diciembre de 2014 y su adaptación a las normas de reconocimiento y valoración del Plan General de Contabilidad Pública. Además, no se dispone de las herramientas de control interno suficientes para realizar la comprobación.

“Considerando estas circunstancias no nos ha sido posible aplicar los procedimientos de auditoría previstos ni otros alternativos para obtener evidencia adecuada y suficiente de los elementos y la valoración de estos activos tal como constan y se describen en las cuentas anuales auditadas, constituyendo una limitación al alcance en el trabajo realizado. No obstante en las pruebas realizadas en esta parcela podemos asegurar que la distinción entre las construcciones e Inmovilizaciones materiales en curso es inadecuada”, expresa la auditoría del Estado.

Este es un capítulo más de los varapalos que el propio Gobierno ha dado a la gestión de Romero. El pasado mes de marzo, como adelantó El Confidencial, la Dirección General del Agua advirtió al presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de masivas adjudicaciones a dedo en el organismo que burlaban “el informe desfavorable” del Ministerio, según el documento de la Inspección General de Servicios al que ha tenido acceso El Confidencial y que abarca entre el 1 de enero de 2012 y el 31 de agosto de 2014.

En las instrucciones de contratación del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, aprobadas por el subsecretario del departamento el 4 de agosto de 2012, se especifica, en el apartado 3.3., que el procedimiento negociado sin publicidad (a dedo) resulta “excepcional”. Y aclara que debería estar justificado y contar con “el visto bueno de la persona titular de la Secretaría de Estado, Secretaría General o Subsecretaría, de cuyo ámbito de competencias dependa”.

Renuncia “no legal” del comisario de Aguas

Rafael Álvarez Giménez, también imputado como Romero en el caso de los vertidos en Albolote, renunció el pasado mes de julio como comisario de Aguas de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Álvarez Giménez ha sido denunciado por diversas irregularidades en la gestión del organismo que depende del Estado, como el inflado en 900.000 euros de las obras en el río Guadalquivir a su paso por Córdoba que adelantó este diario.

Las razones de su marcha obedecen, según un ingeniero experto próximo a la confederación, “a las presiones mediáticas que ha recibido los últimos meses”. El número dos de la CHG ha enfriado su relación personal con su jefe, Manuel Romero Ortiz, vinculado al PP de Granada y a la secretaria general de la confederación, Consolación Vera, el tridente que ha manejado el organismo desde marzo de 2012.

Álvarez Giménez continúa figurando en el organigrama de la confederación, pero ya apenas aparece por la sede de la entidad, en la Plaza de España de Sevilla. Tiene despacho en Córdoba y ha llegado a un pacto con el presidente para quedarse con una plaza fija en la capital cordobesa para ser funcionario del Estado y no volver a depender de la Administración autonómica. El imputado es funcionario de la Junta de Andalucía.

Un abandono “muy grave”

Las funciones diarias de las confederación las ejecuta Juan Lluch, nombrado recientemente comisario adjunto. Funcionarios de la Administración estatal consultados por este diario ratificaron que se trataba de “un abandono muy grave de su servicio”. “No existe justificación legal y no se entiende lo que están haciendo. Tendría que seguir en Sevilla llevando Comisaría de Aguas”, ratifican estas fuentes.

Romero Ortiz ha autorizado que su amigo Álvarez Giménez, que ha adjudicado más de tres millones de euros a empresas amigas, controle teóricamente una presa de Córdoba, aunque en realidad llevara dos de la provincia de Jaén. “Han dejado la Comisaria huérfana de comisario. Es una figura importantísima en la confederación y lo han hecho simplemente por el interés personal. No se puede permitir el lujo de no tener la figura de un comisario. Le da igual la situación en que se queda el organismo, cuando debería haber primado el interés del ciudadano al del suyo propio”, subrayan a este diario.