Así cayó la Ley del Suelo: la Moncloa echó el freno ante el vértigo por el silencio del PP

El Gobierno trata de digerir una semana negra en el Congreso, con dos derrotas parlamentarias consecutivas, que han solapado incluso el anuncio de Pedro Sánchez sobre el reconocimiento del Estado de Palestina. Cuando todo parecía planificado para estrenar la campaña de las elecciones europeas en buena forma, el rechazo a la tramitación de la ley abolicionista de la prostitución este martes y la retirada de la Ley del Suelo este jueves, en ambos casos por falta de apoyo parlamentario, ha dejado al Ejecutivo absolutamente desorientado.

Ni esperaban que el PP no les apoyará en la ley contra el proxenetismo -después de dar su aval al debate en la anterior legislatura- ni tampoco que tuvieran la tentación de tumbar la reforma de la Ley de Suelo que, según el Gobierno, es una petición de los ayuntamientos, "sobre todo los populares" y de los constructores. Hasta pocas horas antes no fueron conscientes de que podía caer.

La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, habló la semana pasada con la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, y ofreció estudiar enmiendas parciales tras las elecciones europeas. Y con la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo, se abordó también la Ley del Suelo, en una reunión en el Ministerio. Según la versión que ofrece el Ejecutivo, "esta ley es del PP y estaba pactada con ellos". "Siempre hemos tenido contacto con el Partido Popular, tanto la pasada legislatura como esta", reiteran.

La comunicación se extremó en la tarde del miércoles y "miembros del ministerio también hablaron con el PP". "Nos concentramos en que trasladaran cuál iba a ser su voto", indican en el PSOE. "Pero, estratégicamente, ellos no lo decían". Casi a la vez se intentó que ERC, Junts y Podemos retiraran las enmiendas a la totalidad, que si los populares respaldaban, fulminaban la ley.

El Ejecutivo no pensó con más antelación que el PP podía plantearse hacerlo, porque al quedar ya en que se negociarían enmiendas parciales "daban a entender que iban a votar en contra de las de totalidad y se continuaría trabajando en la ley". El silencio del PP en las horas previas a que el Congreso votase los vetos les llevó a pensar que "probablemente se iban a desdecir del compromiso previo" de facilitar que se discutiera en la Cámara.

Aun así, la Moncloa esperó a escuchar a Alberto Núñez Feijóo, que a las 21 horas tenía una entrevista en Cope. El jefe de la oposición aseguró que "no puede pretender" que la oposición "le apruebe las leyes sin diálogo y sin consenso". Estas declaraciones encendieron las alarmas en el Gobierno y se optó por retirar el proyecto de ley, una hora antes de que empezara el pleno, para no exponerse a una nueva derrota parlamentaria en solo 48 horas.

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La versión que ofrece el PP es diferente. Admiten que no desvelaron su posición como parte de su estrategia. "Al Ejecutivo le ha podido la ansiedad", destacan en Génova. Y reconocen que hubo conversaciones, aunque niegan que negociaran nada. "Solo llaman para pedir", indican fuentes populares. En cualquier caso, apuntan que "no sabemos sí se podría haber consensuado porque la han retirado". "No querían volver a perder".

Otras fuentes del PP reprochan al Gobierno que el texto no se acordara con ellos antes de que lo aprobara el Consejo de Ministros y se remitiera al Congreso. Aunque el Ejecutivo se escuda en que respondía a las demandas del sector, la Moncloa tampoco midió bien esta circunstancia. Estaban convencidos de que la presión de los constructores haría mella en Alberto Núñez Feijóo y no lo hizo. Los promotores, destacan en el Gobierno, "han estado hasta el último momento hablando con el PP". "Ahora están que trinan", afirman.

¿Error de cálculo?

¿Ha existido un fallo de cálculo por parte del PSOE, al llevar a votación esta semana dos leyes que dependían totalmente del PP? La Moncloa dice que no, aunque lo que ha sucedido esta semana supone un punto de inflexión. "Si los grupos condicionan el voto al momento electoral, habrá que replantear que se mete en el orden del día", asumen. "No nos vamos a confiar más", sostienen sobre la dependencia del PP.

Obviamente el contexto, la noche de este jueves comienza la campaña de las elecciones europeas, tiene una afectación. Por eso los socialistas quisieron que el martes y no cualquier otro día se debatiera la ley contra el proxenetismo, que provoca dudas en la izquierda. Sumar, Junts, ERC, PNV o EH Bildu votaron en contra. A excepción de Junts y PNV, el PSOE pugna por el voto del resto el próximo 9-J. El PP, que también fue ambiguo con su posición, tenía la llave y quiso evidenciar la "debilidad parlamentaria" del Gobierno. El mismo riesgo se cernía sobre la Ley del Suelo.

En este caso intuyeron menos el peligro porque se trata de una normativa técnica, que los socialistas no pueden acordar con sus socios progresistas porque están en contra de facilitar la tramitación de planes urbanísticos, que es lo que busca esta modificación. Eso no ha evitado duros reproches de los partidos que forman parte de su mayoría parlamentaria. "Es dramático que a estas alturas el PSOE no sea capaz de negociar leyes", aseguró el portavoz de ERC, Gabriel Rufián.

En la misma línea se pronunció Aitor Esteban, portavoz del PNV, que aunque cree que la ley es necesaria, defendió que "hay que traer los textos muy consensuados y elegir cuándo". "El PP también es consciente de que esta reforma es necesaria, pero si ya normalmente no le da ni agua al Gobierno menos en un momento electoral".

Cisma con Sumar

Aunque las diferencias sobre la ley son con Junts, Podemos y ERC, que son los grupos que registraron las enmiendas a la totalidad que debían votarse este jueves, el cisma se ha producido con Sumar. En el Ejecutivo hay bastante enfado con Yolanda Díaz porque sus diputados también iban a apoyar estos vetos. Es cierto que su postura no cambiaba nada -todo estaba en manos del PP- pero también es absolutamente incoherente que un texto que ha salido del Consejo de Ministros de coalición, se quiera tumbar después en el Congreso.

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Desde Sumar se defiende que no se había pactado previamente y Díaz ha llegado a decir que había acordado el disenso con Sánchez. En la parte socialista del Gobierno "el malestar es muy significativo" porque, aseveran, se descolgaron con que no la respaldarían en los últimos días. Piensan que han favorecido una imagen de ruptura interna que, aunque no es real, es dañina, y que ha permitido al PP hurgar en la idea de división. "No ha contribuido a lanzar un mensaje positivo a los ciudadanos", señaló en los pasillos de la Cámara, la vicesecretaria general del PSOE y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.

La crisis está controlada porque el apoyo de Sumar no era fundamental si no, afirman fuentes del Ejecutivo, "se habría montado la de Dios". El PSOE atribuye la posición de Díaz a la "obsesión" por el resultado del 9-J, en un momento de declive electoral para ellos, tras acumular varias derrotas, y con las encuestas de las europeas apuntando a una tímida representación. Eso y "que están permanentemente pendientes de Podemos".

La Ley del Suelo queda ahora en manos de un entendimiento entre el PP y el PSOE que nadie es capaz de aventurar si se producirá. La ministra de Vivienda avanzó ayer que serán los grupos parlamentarios quienes la impulsen. Pero en el Gobierno advierten que no se registrará nada sin contar antes "con la firma previa del PP".