El Gobierno ampliará las inspecciones para que las empresas no timen a los agricultores

Del Gobierno que veía a la ultraderecha detrás de la movilización de los transportistas al Gobierno que empatiza con la protesta del campo y que se afana en buscar soluciones. Bastantes problemas hay con la ley de amnistía como para empantanarse con otros nuevos. En medio de una revuelta descontrolada del sector primario, que comienza a tener tintes de crisis, tanto por la profundidad del problema como por la intensidad de las manifestaciones, el Ejecutivo trabaja para reforzar la ley de Cadena Alimentaria, que impide la venta a pérdidas de la producción agrícola.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo avanzó esta semana en el Congreso. El Ejecutivo modificó en 2021 la legislación de 2013 para lograr unos precios más justos para todos los operadores, fundamentalmente, de agricultores y ganaderos. Las protestas han revelado ahora que ha resultado insuficiente.

Las tractoradas que recorren España están trufadas de muchas otras reivindicaciones como la competencia desleal de países fuera de la UE, a los que se exigen menos requisitos, la limitación del uso de fertilizantes, la flexibilización de la Política Agraria Común, lastrada por una abundante burocracia, o el equilibrio entre el campo y las políticas verdes. Pero también un cumplimiento más rígido de la ley de Cadena Alimentaria, que prevé sanciones por prácticas abusivas.

La Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), que depende del Ministerio de Agricultura, es la encargada de controlar las relaciones comerciales. Fuentes gubernamentales consultadas por este diario aseguran que entre las medidas sobre la mesa está aumentar las inspecciones y que cuando se investigue a una empresa, de oficio o fruto de una denuncia, "se analicen más relaciones comerciales con sus proveedores", no solo las que inicialmente hayan sido cuestionadas. Un control más pormenorizado que obligue a la industria agroalimentaria y a los vendedores mayoristas y minoristas a ejecutar la ley sin fisuras.

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En 2022, la AICA realizó 7.638 actuaciones, la mayoría por prácticas abusivas comerciales e inexistencia de contratos, impulsó 929 investigaciones de oficio e impuso 270 sanciones, que además se publican cada trimestre. Los datos de 2023 se conocerán a finales de este mes. Pero parece que hay margen de mejora tanto en el comportamiento de los distintos operadores como en la labor fiscalizadora.

A pesar de las potentes protestas, la ley no ha logrado avances en la presentación de denuncias por parte de los agricultores. Solo 23 en 2022. Un agujero negro en su aplicación, aunque su registro es totalmente confidencial. "Pueden y deben denunciar", aseguran las fuentes consultadas. "Además, pueden hacerlo a través de las propias organizaciones agrarias y no solo ante la AICA, sino también ante las agencias autonómicas", añaden.

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El ministro de Agricultura, Luis Planas, anunció este viernes que va a reunir a las comunidades "para preparar" el Consejo Europeo de Agricultura y Pesca del día 26 de febrero en Bruselas, que España considera "muy importante" por la reflexión que la UE ha hecho a raíz de las 'tractoradas' —la movilización afecta a toda Europa—.

La presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, ya ha ofrecido la retirada de la ley que restringe el uso de pesticidas e integrar a los agricultores en la política ecologista europea. Este jueves viajó a Mauritania junto a Sánchez —cuatro horas de vuelo de ida y cuatro de vuelta—, por lo que es muy factible que abordaran estos temas.

Aunque el Gobierno ha espantado esta vez la tentación de atribuir las protestas al aliento de Vox, en las últimas horas tanto Planas como la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, han dejado caer que existe intentos de "manipularlas o utilizarlas de forma violenta" contra Sánchez y el PSOE. Y la crisis parece que solo ha enseñado los dientes.