Cómo España dejó de querer a sus centros de salud: la mayoría está "poco o nada satisfecha"

Hace dos semanas, el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicó una encuesta que no realizaba desde octubre de 2018, con un José Félix Tezanos recién nombrado. Se trata del decimocuarto estudio del organismo sobre la calidad de los servicios públicos, que hasta entonces se publicaba año tras año. Casi cinco años después, en líneas generales, no se aprecian grandes cambios en las opiniones de la gente sobre la gestión de lo público, pero algunos ámbitos sí han acusado un desgaste que ya reflejan las valoraciones de los ciudadanos.

Es el caso de los centros de salud, el ámbito donde más ha caído la satisfacción de los ciudadanos. Mientras que en 2018 un 60% estaba muy o bastante satisfecho con ellos, ahora lo está un 48%, y lejos quedan las cifras de 2011, cuando el 70% de los españoles valoraba de forma muy positiva este servicio. Este batacazo llega después de la pandemia y en un momento de colapso de la atención primaria y las urgencias hospitalarias en varias regiones. La ministra de Sanidad, Mónica García, anunciaba el lunes que defendería en el próximo Consejo de Ministros la "autojustificación" de bajas de tres días para quienes padezcan una "enfermedad leve" ante el repunte de casos de "virus respiratorios", como la gripe o el covid.

En líneas generales, para la mayor parte, un 52,9%, la experiencia con los servicios públicos, tanto estatales como autonómicos o locales, es poco o nada satisfactoria. En 2018, esta cifra era ligeramente superior aunque por muy poco, el 53,5%. Además, el organismo hace preguntas más concretas sobre el nivel de satisfacción con prestaciones concretas.

Por su parte, la Justicia es la que peor parada sale en la encuesta: el 66% de los españoles está poco o nada satisfecho con su funcionamiento, una cifra similar a la del anterior estudio, que situaba este descontento en el 67%. En cambio, la percepción sobre la gestión de la seguridad ciudadana, como protección civil, la policía o los bomberos, ha mejorado. El 72% respalda su función, mientras que un 24,6% está poco o nada satisfecho con ellos. El porcentaje restante no sabe qué decir o prefiere no responder. Las competencias de la mayor parte de prestaciones por las que pregunta el CIS son autonómicas.

El organismo pregunta también, de forma general, cuál es la importancia que cada uno da a los servicios públicos en una escala del 1 al 10. De media, los españoles les dan un 8,43, siendo la nota más baja la de los que votaron a Vox el pasado 23 de julio, que los valora con un 7,5. Los votantes de Sumar, en cambio, otorgan la puntuación más elevada, 9,31. Y si miramos el nivel de satisfacción con servicios concretos, se observan de nuevo diferencias según el recuerdo de voto. Los que votaron a Vox o al PP están más descontentos que los que optaron por PSOE o Sumar.

La edad es otro de los factores que influyen también a la hora de determinar el descontento con la calidad de lo público. Los más satisfechos con el transporte público son los mayores de 75 años y los que tienen entre 18 y 24, edades que cuentan con amplios descuentos. Los mayores valoran también mejor los hospitales y los centros de salud, mientras que los jóvenes son más críticos con la enseñanza.

La relación entre el tamaño del municipio y la valoración del transporte público es también evidente: el nivel de satisfacción es mayor a medida que el número de habitantes es más amplio. También se observa un efecto en cuanto a la satisfacción con los centros de salud: en los pueblos de menos de 2.000 habitantes hay más personas que refieren estar bastante o muy satisfechas con ellos, mientras que el descontento es mayor en las ciudades medianas, para luego volver a decrecer en los grandes municipios.

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Con todo, estos cruces sociodemográficos no reflejan el nivel de separación que sí se ve cuando se tiene en cuenta la variable política del recuerdo de voto. El partido escogido es un buen predictor de la opinión ciudadana sobre el funcionamiento de lo público: si ha votado al partido en el Gobierno, le parecerá que las cosas van bien. Pero si por el contario ha votado a quien está en la oposición, es más probable que crea que está todo mal. Esto guarda cierta lógica y no es nuevo, pero los datos sí apuntan a que este disenso social es cada vez más fuerte.

Más polarizados

De hecho, el gran cambio en los últimos cinco años se observa en la respuesta a esta pregunta: “En los últimos cinco años, ¿cree usted que las administraciones públicas han empeorado o han mejorado?”. Y a partir de ahí, se desglosan diferentes aspectos, como el tiempo en resolver gestiones o la posibilidad de los ciudadanos de participar en la vida pública.

Si echamos la vista atrás, las respuestas se repartían de forma bastante homogénea entre los que pensaban que los servicios habían empeorado, los que consideraban que habían mejorado y los que respondían que las cosas seguían igual. Pero, ahora, esta última opción es muy minoritaria porque la gente se posiciona de forma mucho más clara (y dividida) entre la mejoría o el empeoramiento.

Así, mientras que en 2018 el tiempo en resolver gestiones había empeorado para un 35%, ahora lo ha hecho para un 63%. Pero la paradoja es que el porcentaje de población que cree que la burocracia ha mejorado es también más alto ahora que en 2018: un 24% frente a un 20%. La contradicción se repite en todos los servicios valorados. ¿Cómo debe interpretarse esto? ¿Somos ahora más pesimistas y a la vez más optimistas que hace cinco años?

Lo que estamos es más divididos. El cruce por recuerdo de voto da una pista sobre las diferencias en los posicionamientos que no se veían, o al menos no de la misma forma, en el anterior estudio publicado por el CIS. El siguiente gráfico desglosa, según el partido votado en las elecciones generales previas en cada caso, la opinión sobre la mejoría o el empeoramiento de determinados servicios de la Administración entre los votantes del PP y del PSOE. En octubre de 2018 ya había diferencias entre los posicionamientos de los votantes de cada partido, pero estas se situaban en torno a los cinco puntos porcentuales.

Pero, ahora, la distancia entre los principales partidos del Congreso es incluso superior a 20 puntos. Así, mientras que para casi el 60% de los que escogieron el PP las posibilidades de participación ciudadana han empeorado, solo el 35% de los socialistas opina lo mismo. Y si se observa la separación entre los votantes de Vox y Sumar, la diferencia es incluso mayor. Esa distancia es, precisamente, un indicador del nivel de polarización política: la ideología gana peso cuando cada uno genera una opinión sobre cómo funciona lo público.