Cuando la burocracia española te roba años de vida: "Es una impotencia kafkiana"

A medida que el segundero avanzaba y el ocho de marzo asomaba la cabeza en el calendario, las posibilidades del biólogo Kászon Kovács de presentarse a las oposiciones de profesor de secundaria se reducían. Cuando llegó el nuevo día, se acabó. Kovács probablemente no va a volver a tener otra oportunidad durante los próximos dos años para obtener su deseado puesto como docente de Biología, así que tendrá que plantearse qué hacer con su vida, después de haber dedicado la última parte de ella al estudio. El húngaro criado en Dinamarca, pero afincado en España desde hace 20 años, con mujer española y tres hijos, tendrá que decidir si volver a Escandinavia.

"No soy ambicioso, yo lo que quiero es ser profesor de Biología en un centro público, no ir a la Luna", explica a El Confidencial, apenas unos días después de su decepción definitiva. "Pero el sistema no me deja y la sensación que tengo es de impotencia kafkiana, porque la respuesta puede llegar mañana o dentro de un año". El expediente de Kovács es uno entre decenas de miles que se acumulan en el Ministerio de Universidades en espera de llevar a cabo una homologación (o equivalencia, que debería ser más rápido) de su título universitario obtenido en el extranjero. En su caso, en la propia Unión Europea.

"Me han dicho que puede tardar nueve meses, y que a partir del sexto me puedo quejar"

Kovács lo solicitó hace más de dos años, un período a su juicio más que suficiente como para haber recibido respuesta, ya que resulta imprescindible para presentarse a las oposiciones. La única noticia que ha tenido ha sido un pequeño cambio en el estatus de la petición. De "recibido" a "pendiente de aprobación por la ANECA", la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, que tiene que dar su visto bueno. Cuando se ha presentado en el Ministerio de Universidades no ha obtenido ninguna respuesta clara, más que la comprensión del guardia de seguridad, acostumbrado a ver todos los días casos similares, y la promesa del vuelva usted mañana (a mirar en el portal).

"Me han dicho que puede tardar tres, seis, nueve o más meses, pero que a partir del sexto me puedo quejar", explica. Lo que tiene claro es que ya es demasiado tarde para él, por lo que está valorando otras opciones. "Voy a investigar las posibilidades de ir a trabajar unos meses a Dinamarca, pero mi opción número uno es intentar conseguir un trabajo de profesor en un colegio concertado o privado", añade. "Yo creo que encajo en lo que quiere el sistema educativo español: tengo un perfil interesante, hablo varios idiomas, he trabajado en la empresa privada, sé de ciencia y divulgación, estoy deseando enseñar cosas que me gustan…".

Después de que Manuel Castells prometiese durante la pandemia una revisión del sistema para solucionar el problema de la escasez de profesionales médicos, facilitando la incorporación de profesionales internacionales, el Gobierno aprobó el pasado mes de noviembre un decreto por el que se comprometía a revisar las peticiones en un plazo máximo de seis meses, aligerando los procesos de manera online. Ciudadanos había calculado que el número de solicitudes por resolver ascendía a las 32.000, aunque el Ministerio confirmaba a principios de año que el número era de 39.004 al acabar 2022.

El número de solicitudes ha aumentado durante los últimos años, creando un cuello de botella en el que la cantidad de expedientes por resolver tan solo aumentaba. Joan Subirats, ministro de universidades, aseguró a finales del pasado año que de las 4.500 equivalencias recibidas desde noviembre, 500 habían sido aprobadas de forma casi automática. Sin embargo, muchos de los que esperaban una resolución temprana aún no han visto solucionado su problema. El Confidencial ha contactado con el Ministerio de Universidades, pero no ha recibido respuesta.

Una pancarta frente al Ministerio

Quien sí ha conseguido recientemente su homologación es el pianista Eduardo Delany, que a principios de este año se plantaba día sí, día también, en la puesta del Ministerio de Universidades con una pancarta que rezaba "me llamo Eduardo Delany, llevo 32 meses esperando la homologación de un título obtenido en la UE y llevo tres años preparando unas oposiciones a las que no me puedo presentar. SOS".

Su caso fue recogido en medios como La Razón, y hace dos semanas consiguió a tiempo su reconocimiento, apenas unos días antes del cierre del plazo. "El artículo tuvo mucha repercusión, y cinco días antes de que cerrase el plazo, me llegó la homologación", explica. Durante esas semanas recibió una gran cantidad de feedback de gente que se encontraba en la misma situación que él, "desesperados".

"Yo fui al Defensor en su Pueblo, me dijo que era consciente de la situación, pero no sirvió para nada", explica Delany, que como la mayoría de entrevistados, recurre al escritor checo para resumir su situación. "Cuando iba con mi pancarta me encontraba con el edificio gigante del Ministerio de Economía y estaba seguro de que no me iba a dar solución, era como chocarse literalmente contra un muro, algo kafkiano, la verdad, porque tenía la impotencia de saber que me estaba enfrentando a un problema burocrático que no sabía si tiene solución".

"He tenido que trabajar cinco noches a la semana al no tener homologado el título"

Un caso semejante es el de Nicoletta, una mujer rumana de 53 años que presentó en 2017 una solicitud de homologación para su título de profesora de Educación Primaria. El proceso, seis años después, aún no ha salido adelante, pero la ocasión profesional que le había surgido hace tiempo que desapareció. "A mí me ha hecho mucho daño, porque he tenido que trabajar cinco noches a la semana al no tener homologado el título, si lo hubiese conseguido, habría tenido otra vida", explica.

En su caso, el Ministerio le solicitó, tras meses de espera, aportar el documento de competencia lingüística que ella asegura que proporcionó desde un primer momento, y más tarde, pasado año y medio, otro requerimiento con un certificado oficial de horas cursadas en las materias que integran su plan de estudios, pero sigue sin tener respuesta. También presentó el 5 de julio del año pasado una homologación para su título de Trabajadora Social, pero en ocho meses, en la página web tan solo aparece que se estudiarán los documentos.

"He presentado varias solicitudes de seguimiento y he intentado comunicarme con ellos, pero es imposible", añade.

La burocracia irracional

Otro ejemplo que proporciona Nicoletta y que no está relacionado con las convalidaciones resume bien lo impersonal que puede resultar la burocracia. Cuando llegó a España hace más de veinte años, solicitó la tarjeta de residencia. Su petición fue rechazada porque su nombre, apellido y año de nacimiento coincidía con el de otra mujer rumana que había sido deportada, pero no su fecha de nacimiento ni el nombre de sus padres. "Tuve que ir al juzgado para demostrar que no era yo, pero era algo que se podía comprobar dando simplemente a una tecla", añade. Varios de estos perjudicados coinciden en quejarse del trato recibido por parte de los funcionarios.

"Me falta un documento pero nadie sabe cuál es"

Aunque Estefanía Heredia, de 33 años, también está teniendo problemas con la homologación de su título universitario de Farmacia solicitada en 2019, el motivo es diferente al de sus compañeros y, por ello, incluso más difícil de resolver. En su caso, le solicitan un documento extra que nadie sabe muy bien cuál es, por lo que su petición se encuentra paralizada desde el año pasado. "En la Universidad de Granada me dijeron después del informe de Aneca que no me podía matricular porque necesitaba otro papel", explica.

Entonces empezó su peregrinación para intentar averiguar de cuál se trataba. "Llamé al Ministerio de Educación y me dijeron que no me podían decir nada, fui presencialmente a la sede de Granada y no sabían de ningún documento extra, me dijeron que no tenían información", explica. "No puedo matricularme hasta no tener el supuesto papel. He mandado correos al Ministerio de Educación preguntando qué documento necesito, les he mandado cuatro cartas presenciales más todas las peticiones online". Sigue sin saberlo.

"¿Cómo le pido a la universidad que me matricule por un documento que no sé si existe?", se pregunta. Ya ha perdido las convocatorias de septiembre y febrero, y si el proceso se dilata, podría pasar otro año más sin poder tener sus prácticas reconocidas. "Mi problema es que vine a estudiar, me enamoré, tengo a mi familia aquí y no puedo contribuir económicamente a ella porque no tengo el título". Según la página del Ministerio, su solicitud debería ser resuelta en tres meses, pero como explica, no sabe nada nuevo desde junio del año pasado.

Una carrera contrarreloj

El pasado otoño se aprobó el decreto 889/2022 de 18 de octubre, que establece las condiciones y los procedimientos de homologación, con el objetivo de consolidar procesos "ágiles y eficientes, apoyados en la digitalización intensa y global de todos los pasos procedimentales, aprovechando al máximo las tecnologías de la información y comunicación disponibles". El objetivo es que el tiempo de instrucción y resolución "no supere los seis meses" y que "en todo momento el ciudadano o la ciudadana pueda consultar en qué estado se encuentra la tramitación de su solicitud".

"Aunque hayan prometido seis meses, nadie sabe qué va a pasar"

Es decir, aquello de lo que los casos anteriormente referidos no han podido beneficiarse y que, por lo tanto, siguen provocando la duda de que su proceso se vaya a resolver en el plazo prometido. El anterior decreto 967/2014 cifraba que la respuesta debía darse en dos años, pero ni siquiera esos plazos se cumplían. Uno de los problemas con los que se han encontrado es que, salvo en algunos casos, como el del Movimiento de Psicólogas y Psicólogos Inmigrantes, no estaban organizados, por lo que sus esfuerzos han sido individuales y diluidos, aunque eso puede cambiar pronto. Como recuerda Delany, "aunque hayan prometido seis meses, hasta que no pase el tiempo, nadie sabe qué va a pasar".