El trabajo social pasa a ser servicio esencial y se reducen los requisitos para la contratación

Con el objetivo de garantizar los servicios sociales durante la crisis del coronavirus, el Gobierno ha decidido que pasen a tener la consideración de servicios esenciales, al igual que el personal sanitario o de seguridad ciudadana. Esta medida se suma al hecho de que comunidades autónomas y municipios -provincias en el caso de las localidades sin capacidad asistencial- podrán contratar personal de forma más flexible para reforzar sus servicios sociales. Concretamente, se reducirán los requisitos de contratación en lo relativo a cuestiones como la cualificación que actualmente se exigía, según ha explicado el secretario de Estado de Derechos Sociales, Nacho Álvarez, tras la reunión del Consejo Interterritorial de Servicios Sociales.

El encuentro ha servido también para acordar el reparto de los 300 millones de euros del plan de choque que está implantando la vicepresidencia segunda del Gobierno que dirige Pablo Iglesias, después de que el presidente Pedro Sánchez le otorgase competencias para coordinar el funcionamiento de los servicios sociales de todo el Estado durante el estado de alarma. Álvarez ha destacado la "enorme colaboración" con todas las comunidades autónomas. El propio Iglesias ya apeló durante el encuentro telemático a dejar la filiación partidista de cada uno, trasladando que “en esta guerra todos combatimos del mismo lado independientemente del partido en el que militemos".

Por comunidades autónomas en referencia a su peso poblacional y otros criterios como dispersión o población dependiente, la que más fondos percibirá de este paquete es Andalucía, a la que se destinará el 17,25% (51,7 millones de euros), seguida de Cataluña con el 15,18% (45,5 millones) y Madrid con el 12,93% (38,8 millones). En el lado opuesto están Cantabria con el 1,32% (4 millones), seguida de La Rioja y Navarra, ambas con el 1,5% (4,5 millones).

Los municipios contarán con otros 300 millones provenientes de su superávit por la flexibilización de la regla de gasto para destinarlos a reforzar partidas de atención a la dependencia, servicios sociales y todo tipo de problemas de índole social asociados al coronavirus. En aquellos casos en que lo ayuntamiento no tienen superávit, las diputaciones asumen estos servicios. Del fondo extraordinario, un total de 25 millones se destinarán a garantizar la prestación de becas comedor en aquellas comunidades que las tengan otorgadas, mientras que cada comunidad repartirán en función de sus necesidades.

El montante principal se destinará a nuevas contrataciones para dar asistencia a domicilio a las personas mayores, dependientes o con discapacidad, afectadas por el cierre de centros de día o centros sociales; ampliar los dispositivos de teleasistencia domiciliaria o reforzar plantillas de las residencias de mayores. Todo ello se suma al plan de choque para alojar a las personas sin hogar que ya se aprobó el pasado lunes. En lo que respecta a la situación de las residencias de mayores, Álvarez ha avanzado que se está trabajando con celeridad en su medicalización bajo las órdenes del ministerio de Sanidad que "llegará en los próximos días".

En la línea de lo expresado ayer por Pablo Iglesias, el secretario de Estado ha insistido en que este plan de choque es solo un primer paso y que se está trabajando en desarrollar más medidas durante los próximos días y semanas de lo que denominan "escudo social". "La intención es legislar nuevas medidas para proteger a las familias", concluyó.