Sánchez incluye a Iglesias en la gestión de la crisis y le da ventaja frente a los ortodoxos

El sector del Gobierno que aboga por un incremento extraordinario del gasto público, priorizando la creación de un 'escudo social' a la contención del déficit presupuestario, va ganando terreno frente a los ministros que promulgan una estrategia más ortodoxa en lo económico, anteponiendo la salvaguarda de la deuda con la mirada puesta en la prima de riesgo. O lo que es lo mismo, el presidente Pedro Sánchez se está inclinando por desempatar el debate en el seno del Gobierno de coalición a favor del sector liderado por Pablo Iglesias, junto al resto de ministros morados o los socialistas José Luis Escrivá (Seguridad Social), Margarita Robles (Defensa), José Luis Ábalos (Transportes) y Reyes Maroto (Industria), frente al que encabezan la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Una transversalidad alejada de bloques partidistas que se ha dejado notar también entre economistas provenientes de escuelas diferentes para hacer frente a la crisis del coronavirus.

De ello da cuenta que Sánchez decidiese este jueves incluir al vicepresidente segundo de Derechos Sociales en la gestión del estado de alarma —hasta ahora, lo capitalizaban solo ministros socialistas—, otorgándole atribuciones como mando único para coordinar el plan en servicios sociales con las administraciones autonómicas y ayuntamientos. Pero no solo eso: el contenido del mensaje trasladado por Iglesias desde Moncloa, acompañado por el ministro de Sanidad Salvador Illa, no dejó lugar a dudas.

"Esta semana marca un punto de inflexión en la política europea. España ha dejado atrás el dogma de la austeridad que fracasó en la anterior crisis. Ponemos rumbo a una política diferente", aseguró el líder de Unidas Podemos, concluyendo que "se ha demostrado a nivel mundial que solo desde el Estado y desde el sector público se puede dar una respuesta que dé seguridad a la gente". No solo marcó terreno, sino que dio por ganadoras las tesis del sector del Ejecutivo que apuesta por una política keynesiana de cara a impulsar una suerte de 'new deal' ante una crisis que no limitan a la emergencia sanitaria, sino también a la económica y social.

La posición marcada por Iglesias llegó después de más de una semana de debate interno, que se evidenció ya en la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del jueves de la semana pasada, a 48 horas de declararse el estado de alarma. Entonces se produjo un choque entre los defensores de las políticas monetarias expansivas y los de las políticas de austeridad, que en esencia todavía se mantiene, aunque inclinándose la balanza en favor de los primeros.

A esto último habría contribuido que países como Francia e Italia hayan aprobado medidas expansivas. De hecho, en Unidas Podemos no escondían su optimismo tras la declaración de Emmanuel Macron la noche del lunes anunciando medidas similares a las que se habían puesto sobre la mesa de cara al Consejo de Ministros del día siguiente. Este mismo jueves, el vicepresidente Iglesias, la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, y el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, se reunieron con sus homólogos europeos para analizar políticas que se han aplicado en otros países contra el impacto económico y en el empleo.

Coincide también la escenificación desde Moncloa con el hecho de que el BCE haya sacado su artillería con un programa especial de compra de deuda por valor de 750.000 millones, provocando así un rebote del Ibex 35 y una bajada sustancial de la prima de riesgo del 30%, hasta los 100 puntos básicos, tras superar la víspera el 155%. El contexto europeo, por tanto, ha acompañado, si no acabado por forzar a que Sánchez se decidiese en favor del sector del Gobierno que ha defendido la construcción del denominado 'escudo social' para desempleados, autónomos, familias vulnerables y pymes.

De ahí que Iglesias avanzase que el Gobierno sigue trabajando en más medidas, sin descartar que la moratoria en el pago de las hipotecas se extienda también a los alquileres, como se está negociando ya. "El paquete del martes es un paso histórico que nos pone a recorrer ese camino, y ahora es necesario hacer más cosas. Los esfuerzos que no hagamos hoy serán las desgracias de mucha gente mañana", afirmó el vicepresidente segundo. Otra de las propuestas que han defendido desde Unidas Podemos es la creación de una renta mínima vital para las personas más golpeadas por esta crisis.

La vicepresidencia que dirige Iglesias tendrá ahora competencias para coordinar el funcionamiento de los servicios sociales de todo el Estado, en cooperación con comunidades autónomas y ayuntamientos. Sanidad delega así en la vicepresidencia segunda las propuestas necesarias para "colaborar con los servicios sociales durante la alarma sanitaria, a la vez que muestra su total disposición para adoptar, desde el propio Ministerio de Sanidad, aquellas medidas precisas que pudieran servir de ayuda", según han trasladado desde el Gobierno.

El decreto del estado de alarma solo otorgaba atribuciones, bajo la dirección de Pedro Sánchez, a la titular de Defensa, Margarita Robles, al de Interior, Fernando Grande-Marlaska, al de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, y al de Sanidad, Salvador Illa. Todos ellos habilitados para "dictar los acuerdos, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para garantizar la salud y la seguridad". El texto recogía asimismo que las áreas de responsabilidad recogidas en el decreto que no recayesen en la competencia de alguno de los cuatro ministerios mencionados se delegarían en el ministro de Sanidad.

Este mismo viernes, con las nuevas atribuciones de Iglesias, se ha convocado el Consejo Interterritorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, en el que están presentes las comunidades autónomas, las diputaciones y la Vicepresidencia de Derechos Sociales, de cara a abordar el reparto de un fondo de 300 millones de euros para reforzar la atención social ante la crisis del coronavirus. La intención de la vicepresidencia pasa por dar asistencia a domicilio a las personas mayores, dependientes o con discapacidad, afectadas por el cierre de centros de día o centros sociales; ampliar los dispositivos de teleasistencia domiciliaria o reforzar plantillas de las residencias de mayores. "Hay que medicalizar los centros y adquirir equipos de protección individual", exhortaba ayer Iglesias. Todo ello se suma al plan de choque para alojar a las personas sin hogar que ya se aprobó el pasado lunes. El 'new deal' ha comenzado a construirse.