Iglesias negocia con Sánchez la fórmula para extender la moratoria en hipotecas al alquiler
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A LOS COLECTIVOS MÁS VULNERABLES

Iglesias negocia con Sánchez la fórmula para extender la moratoria en hipotecas al alquiler

Existen tanto resistencias políticas como dificultades técnicas, y está por determinar si se destinaría solamente a locales comerciales de pymes y autónomos o también a viviendas

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Iglesias negocia con Sánchez la fórmula para extender la moratoria en hipotecas al alquiler

Unidas Podemos negocia con el PSOE extender a los alquileres la moratoria que ya se ha aprobado para el pago de las hipotecas, en el caso de las personas que hayan visto disminuidos de forma drástica sus ingresos por la crisis del coronavirus. Desde la formación morada, avanzan que están trabajando en consensuar una fórmula y concretar los requisitos para acogerse a este mecanismo, en línea con lo que han hecho otros países como Francia o Italia. Con todo, reconocen que la negociación no será sencilla, tanto por las resistencias políticas como por las dificultades técnicas, y que al tratarse de una cuestión "compleja", podría demorarse.

En estos momentos, todo indica que la hipotética moratoria solo sería obligatoria para grandes tenedores y personas jurídicas, y está por determinar si se destinaría solamente a locales comerciales de pymes y autónomos o también a viviendas. En cualquier caso, no se baraja que afecte a personas físicas que complementen sus ingresos con el alquiler de alguna de sus propiedades.

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Este miércoles, además de los grupos parlamentarios que formaron el bloque de la investidura, el líder del PP, Pablo Casado, también se sumó a reivindicar esta medida para hacer frente a los efectos económicos de esta crisis. El líder de la oposición reclamó en el pleno del Congreso extender la moratoria de hipotecas al pago de los alquileres de aquellas personas más vulnerables, junto a un mayor apoyo a los trabajadores autónomos y un "plan de choque fiscal" para hacer frente a la crisis provocada por el virus Covid-19, aunque comprometiendo su apoyo a las medidas económicas aprobadas por el Ejecutivo.

La respuesta del presidente, Pedro Sánchez, se limitó a que arrendadores y arrendatarios encuentren “fórmulas de colaboración”, animando desde la tribuna a los segundos a ser “generosos, solidarios y comprensivos”. Desde el Ejecutivo, se inclinaban este martes por evitar la intervención del Estado en esta materia, insistiendo en la búsqueda de salidas pactadas entre propietarios e inquilinos.

Las presiones de Unidas Podemos para implementar un 'escudo social' que minimice las consecuencias socioeconómicas derivadas de la crisis sanitaria vienen produciéndose desde mediados de la semana pasada. La moratoria de los alquileres ha estado encima de la mesa en todo momento, y desde la formación no renunciarán a reivindicarla mientras negocian su encaje.

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Este mismo miércoles, era la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien aseguraba que ella sí hubiera incluido la moratoria de los alquileres en el real decreto de medidas económicas aprobadas en el último Consejo de Ministros, porque "es la preocupación que tienen muchas familias españolas". Sin embargo, no descartaba que se acabase aprobando esta medida, apuntando que el decreto con el plan económico “no es un punto y final”. “El presidente del Gobierno es muy sensible y está atento a las necesidades del país”, afirmaba la ministra durante una entrevista en el programa 'Al Rojo Vivo', de La Sexta.

El portavoz del grupo confederal, Pablo Echenique, se expresó en la misma línea unas horas antes durante el pleno del Congreso. Tras reconocer durante su intervención que el decreto aprobado el martes marcó una línea de “fuerte protección a las familias que tienen vivienda en propiedad”, añadió que "hay que hacer lo propio con las familias que viven de alquiler", porque "van a tener los mismos problemas que los que son propietarios o peores". Asimismo, puso sobre la mesa la necesidad de seguir dando pasos para crear un escudo social anticrisis con medidas como una renta mínima de inserción que garantice ingresos de subsistencia a los más golpeados por la crisis.

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La moratoria aprobada en el pago de las hipotecas se aplicará a los contratos de préstamo o crédito garantizados con hipoteca inmobiliaria cuyo deudor se encuentre en los supuestos de vulnerabilidad económica, además de a los fiadores y avalistas del deudor respecto de su vivienda habitual. Los supuestos de vulnerabilidad para beneficiarse de esta medida, que son acumulativos, son que el deudor pase a estar en situación de desempleo o, en caso de ser empresario o profesional, sufra una pérdida sustancial de sus ingresos o ventas; que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere en el mes anterior a la solicitud de la moratoria tres veces el Iprem (con adaptaciones después, según hijo a cargo, personas mayores, discapacidad, etc.), y que la cuota hipotecaria, más gastos y suministros, supere el 35% de los ingresos netos de la unidad familiar y que a consecuencia de la emergencia sanitaria la unidad familiar haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas (en términos de esfuerzo de acceso a la vivienda), según recoge el decreto.

Los casos de Francia e Italia

Una vez realizada la solicitud de la moratoria, la entidad acreedora procederá a su implementación en un plazo de 15 días y también lo tendrá que comunicar al Banco de España. Dicha solicitud conllevará la suspensión de la deuda hipotecaria durante el plazo estipulado y la inaplicación durante su vigencia de la cláusula de vencimiento anticipado que conste en el préstamo hipotecario. Asimismo, durante el periodo de vigencia de la moratoria, la entidad acreedora no podrá exigir el pago de la cuota hipotecaria ni de ninguno de los conceptos que la integran (amortización de capital, pago de intereses), ni íntegramente ni en porcentaje. Tampoco se devengarán intereses ni se permitirá la aplicación del interés moratorio por el periodo de vigencia de la moratoria.

En el caso de Francia, la decisión ha sido suspender el pago del alquiler de los locales de pymes y autónomos afectados por la crisis, además de las facturas de electricidad y gas, mientras que Italia aprobó en un decreto el pasado viernes cubrir hasta el 60% del alquiler de locales comerciales e incluso una indemnización lineal de 500 euros para los autónomos legalmente constituidos para limitar los efectos negativos de las medidas contra el Covid-19.

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