La gestión del estado de alarma recaerá solo en ministros del PSOE y Calvo se queda fuera

Ni ministros de Unidas Podemos ni la vicepresidenta primera, Carmen Calvo. Los miembros del Gobierno de coalición a los que se le han otorgado las atribuciones de gestionar el estado de alarma bajo la dirección del presidente Pedro Sánchez serán la titular de Defensa, Margarita Robles, el de Interior, Fernando Grande-Marlaska, el de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos y el de Sanidad, Salvador Illa. Ostentarán todo el poder a todos los niveles. Los cuatro, socialistas, aunque con la ausencia destacada de Calvo, cuyo departamento sí aparecía estampado en el borrador del decreto junto a los otros cuatro ministerios competentes porque al ser una norma que afecta a distintos ministerios siempre ha de aparecer Presidencia como el encargado de coordinar a todos ellos. Calvo ha protagonizado en las últimas semanas enfrentamientos soterrados con el sector morado en el Gobierno, como con la tramitación de la ley de libertades sexuales del ministerio de Igualdad.

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Desde el entorno de Calvo se justifica que se trata de los cuatro departamentos que tienen que trabajar en esta situación excepcional. Cuatro áreas que serán la estructura neurálgica para el estado de alarma y cuyas razones, para que sean las que cuentan con atribuciones y no otras, son puramente de eficacia y de carácter "instrumental". Con todo, remarcan estas mismas fuentes que "la autoridad competente es el Gobierno de España".

Las áreas de responsabilidad recogidas en el decreto aprobado por el Consejo de Ministros de este sábado que no recaigan en la competencia de alguno de los cuatro ministerios mencionados serán delegadas en el ministro de Sanidad. Como comunicó anoche el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, serán estos ministros socialistas quienes quedarán habilitados a partir de mañana para "dictar los acuerdos, resoluciones, disposiciones e instrucciones interpretativas que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarias para garantizar la salud y la seguridad".

Las otras tres vicepresidencias del Gobierno de coalición también se quedan fuera de la gestión de esta crisis, como estaba previsto. El vicepresidente segundo de Derechos Sociales, Pablo Iglesias, no habría peleado en ningún momento por contar con atribuciones en la gestión de esta crisis. En lo que sí hizo hincapié, según fuentes de su entorno, fue en lo referente a empujar medidas de carácter social, de cara a establecer un "escudo social" para el sector de la población que más se vería afectado por esta crisis, tanto en el plano laboral como económico.

Como explicaba el propio vicepresidente segundo a través de las redes sociales tras la intervención de Sánchez, "vamos a seguir trabajando para que se aprueben también, cuanto antes, nuevas medidas sociales para apoyar a las familias y a la gente trabajadora ante esta situación. Ninguna persona debe quedar desprotegida como ocurrió en 2008".

La discusión ya durante los últimos días se ha centrado precisamente en las medidas económicas, con los morados y un sector del PSOE en el Gobierno empujando para establecer desde ya medidas paliativas con la crisis socioeconómica que se avecina por el coronavirus —desde la protección de trabajadores y autónomos a las familias que no puedan hacer frente al pago de hipotecas o alquileres— y otro sector liderado por la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, alertando sobre las consecuencias que tendrían a nivel macroeconómico.

La ministra de Defensa, Margarita Robles, será la autoridad competente para, cuando sea necesario de cara al eficaz cumplimiento de las medidas del decreto, movilizar a las fuerzas armadas. De hecho, como trasladó Sánchez durante su intervención, "el ejército ya está preparado para ello".

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Bajo las órdenes del ministro de Interior Fernando Grande-Marlaska quedarán todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, Mossos de Escuadra, Ertzaintza, Policía foral de Navarra y policía de las corporaciones municipales "en cuanto sea necesario para la protección de personas, bienes y lugares pudiendo imponerles servicios extraordinarios por su duración o por su naturaleza". En esta línea, Sánchez recalcó que "a partir de ahora, la única autoridad competente es el Gobierno de España", pidiendo "unidad" y "colaboración" con las demás administraciones autonómicas. Asimismo, Marlaska podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas "por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos".

El ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, queda habilitado "para dictar los acuerdos, resoluciones y disposiciones que, en la esfera específica de su actuación, sean necesarios para garantizar los servicios de movilidad, ordinarios o extraordinarios, en orden a la protección de personas, bienes y lugares".

En concreto, se mantendrá el 100% de los servicios ferroviarios de Cercanías y de trasporte público de viajeros por carretera, ferroviarios y marítimo. A la mitad se reducirán los servicios ferroviarios de media distancia y los servicios regulares de transporte de viajeros por carretera y marítimo.

Bajo las órdenes del ministro de Sanidad, Salvador Illa, quedarán todas las autoridades civiles de la Administraciones Públicas del territorio nacional, particularmente las sanitarias, así como los demás funcionarios y trabajadores al servicio de las mismas. Asimismo, todos los medios sanitarios civiles y militares, públicos y privados, se ponen a disposición del ministro de Sanidad, según recoge que el decreto.

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Illa contará con las atribuciones necesarias para intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como aquellos que desarrollen su actividad en el sector farmacéutico, además de practicar requisas temporales o imponer prestaciones personales obligatorias. En definitiva, controlará los servicios sanitarios autonómicos e incluso podrá utilizar medios de la sanidad privada y farmacéuticas.