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El ministro de Sanidad podrá requisar material e instalaciones de la privada
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ILLA TAMBIÉN CONTROLARÁ LA SALUD AUTONÓMICA

El ministro de Sanidad podrá requisar material e instalaciones de la privada

El real decreto otorga plenos poderes para Sanidad: controlará los servicios sanitarios autonómicos e incluso podrá utilizar medios de la sanidad privada

Foto: Sánchez, durante la comparecencia pública de ayer. (EFE)
Sánchez, durante la comparecencia pública de ayer. (EFE)

Nunca un ministro de Sanidad de España acumuló tanto poder como Salvador Illa: así puede resumirse el real decreto que acaba de aprobar el Gobierno y que entrará en vigor a las 8 de la mañana del lunes. Illa, que ocupa la cartera desde hace dos meses, se convierte así en una pieza fundamental del operativo del Gobierno para frenar al coronavirus, dotándole de plenos poderes para "intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como la industria farmacéutica".

El ministerio también podrá dar órdenes a los fabricantes de material sanitario, como guantes y mascarillas, pero también de test de presencia del virus, con el objeto de evitar desabastecimientos.

Así figura en el artículo 15 del real decreto, que define la situación como "una crisis sanitaria sin precedentes y de enorme magnitud por el muy elevado número de ciudadanos afectados y por el extraordinario riesgo para sus derechos", que articula las medidas en torno a cuatro ministerios: Sanidad, Defensa, Interior y Transportes.

placeholder El ministro de Sanidad, Salvador Illa. (EFE)
El ministro de Sanidad, Salvador Illa. (EFE)

Illa tendrá a su disposición todos los servicios sanitarios del país, más de medio millón de profesionales, en un único centro de mando, si bien parece que las comunidades autónomas conservarán oficialmente sus competencias. En uno de los últimos borradores, que se filtró a la prensa a media mañana, el texto dejaba abierta la puerta a tomar el control directo, pero las quejas del 'lehendakari' Urkullu y el 'president' Torra han provocado el matiz del Gobierno: "Las comunidades autónomas mantendrán sus competencias, si bien estarán obligados a cumplir a rajatabla las órdenes de Sanidad", ha dicho Sánchez en su comparecencia. Los mandatarios catalán y vasco consideraban que el texto era "un 155 sanitario encubierto".

En cuanto a las instalaciones privadas, Sánchez ha ido más allá del texto, que habla de requisar el espacio, los materiales o el personal que fuese necesario de la sanidad privada: "A partir de este momento, todos los recursos de la sanidad privada quedan a disposición del ministro de Sanidad, que tomará de ellos lo que considere oportuno para combatir al coronavirus", dijo Sánchez. Preguntado por la cuestión, Sánchez reiteró: "Hemos puesto a disposición todos los recursos públicos y privados. Eso significa que se recurrirá a ellos solo si es necesario".

En cuanto al personal sanitario, el ministerio podrá imponerles "servicios excepcionales por su duración o naturaleza". "No hay colores políticos, no hay territorios, no hay más que un virus al que tenemos que dar una respuesta conjunta", concluyó Sánchez.

Illa, licenciado en Filosofía y MBA por la Universidad de Navarra, es uno de los debutantes en el Gobierno. Histórico del PSC y lugarteniente de Iceta, su nombramiento como ministro de Sanidad, una cartera casi desprovista de competencias, se interpretó como la forma en la que Sánchez contaba con él para el consejo de ministros. De Illa se dice que es una figura clave para dialogar con los independentistas catalanes, con los que ha bregado durante años cuando era alcalde de La Roca del Vallés, pero su desempeño como gestor sanitario en una crisis tan importante es incierto.

Nunca un ministro de Sanidad de España acumuló tanto poder como Salvador Illa: así puede resumirse el real decreto que acaba de aprobar el Gobierno y que entrará en vigor a las 8 de la mañana del lunes. Illa, que ocupa la cartera desde hace dos meses, se convierte así en una pieza fundamental del operativo del Gobierno para frenar al coronavirus, dotándole de plenos poderes para "intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como la industria farmacéutica".

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