Policías en hospitales, militares en fábricas y guardias civiles escoltando convoyes
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las medidas del estado de alarma

Policías en hospitales, militares en fábricas y guardias civiles escoltando convoyes

El real decreto de aplicación del estado de alarma contempla la utilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas

Foto: Policías en hospitales, militares en fábricas y guardias civiles escoltando convoyes
Policías en hospitales, militares en fábricas y guardias civiles escoltando convoyes

El real decreto de aplicación del estado de alarma contempla la utilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas para restringir los movimientos de personas por territorio nacional, proteger las infraestructuras sanitarias y garantizar el suministro de alimentos y otros productos de primera necesidad. Todas las policías, incluidos Mossos d'Esquadra, Etzaintza, Policía Foral de Navarra y policías locales, pasan a depender automáticamente del Ministerio del Interior, que también podrá utilizar a efectivos de los tres ejércitos cuando sea conveniente su presencia en aplicación de la Ley de Defensa Nacional 5/2005.

Sobre la cartera que dirige Fernando Grande-Marlaska recae buena parte de las medidas que contempla la nueva fase de lucha contra el coronavirus. El ministro ha reunido esta misma noche a su equipo para preparar la orden en que establecerá los "criterios de actuación" que guiarán a los agentes para acometer las diferentes misiones que les encomienda la norma aprobada por el Ejecutivo.

Por un lado, "los agentes de la autoridad podrán practicar las comprobaciones en las personas, bienes, vehículos, locales y establecimientos que sean necesarias para comprobar y, en su caso, impedir que se lleven a cabo los servicios y actividades suspendidas en este real decreto", como eventos culturales y de ocio, acontecimientos deportivos y otros considerados prescindibles. Para cumplir con ese cometido, policías y guardias civiles podrán "dictar las órdenes y prohibiciones necesarias y suspender las actividades o servicios que se estén llevando a cabo".

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La labor de policías y guardias civiles también será básica para limitar de forma efectiva el "derecho de circulación", como contempla el real decreto. Solo se podrá salir de casa para adquirir alimentos, medicamentos u otros bienes de primera necesidad, asistir a centros sanitarios, desplazarse al centro de trabajo, retornar al lugar de residencia, cuidar a mayores o dependientes, desplazarse a entidades financieras y por razones de causa mayor o situación de necesidad que deberán quedar acreditadas.

Asimismo, las Fuerzas de Seguridad del Estado y las Fuerzas Armadas podrán intervenir, a requerimiento del Ministerio de Sanidad, para "asegurar el abastecimiento del mercado y el funcionamiento de los servicios de los centros de producción afectados por el desabastecimiento de productos necesarios para la protección de la salud pública"; "intervenir y ocupar transitoriamente industrias, fábricas, talleres, explotaciones o locales de cualquier naturaleza, incluidos los centros, servicios y establecimientos sanitarios de titularidad privada, así como la industria farmacéutica"; y "practicar requisas temporales de todo tipo de bienes e imponer prestaciones personales obligatorias, en aquellos casos en que resulte necesario para la adecuada protección de la salud pública, en el contexto de esta crisis sanitaria".

El objetivo es evitar el desabastecimiento de productos esenciales en la lucha contra la pandemia y que los servicios sanitarios o asistenciales se vean alterados por aglomeraciones o desórdenes públicos. En Italia, esta medida se ha utilizado, por ejemplo, para reforzar con militares la plantilla de una fábrica de respiradores artificiales, un instrumento básico para los enfermos más graves.

En este sentido, se prevé la presencia de agentes de la Unidades de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional y de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS) de la Guardia Civil en hospitales y otros grandes núcleos sanitarios, así como en supermercados, almacenes y farmacias para tratar de asegurar su normal funcionamiento. En los últimos días, el pánico ha provocado la falta de productos en establecimientos de toda España. Preocupa que se produzcan episodios de histeria colectiva espoleados por la difusión de 'fake news' o noticias falsas.

Se prevé la presencia de agentes en hospitales, así como en supermercados, almacenes y farmacias para tratar de asegurar su normal funcionamiento

El real decreto también prevé la adopción de medidas para proteger los canales de distribución, otra pieza decisiva en el sistema. Las policías y los ejércitos podrán ser requeridos para que los alimentos, medicamentos y otros bienes lleguen desde sus puntos de origen hasta los lugares de consumo, ya sea protegiendo las rutas de comunicación o escoltando convoyes. En casos extremos, se podrán abrir "corredores sanitarios para permitir la entrada y salida de personas, materias primas y productos elaborados con destino o procedentes de establecimientos en los que se produzcan alimentos, incluidas las granjas, fábricas de piensos para alimentación animal y los mataderos".

La orden que está redactando el Ministerio del Interior detallará el desarrollo de todas estas nuevas funciones. "Esta orden incluirá los mecanismos de coordinación con los cuerpos policiales estatales, autonómicos y locales, establecerá los criterios para aplicar las medidas de control de la movilidad, para el apoyo al trabajo del personal sanitario, para garantizar el suministro de productos sanitarios, alimentarios y de primera necesidad, para garantizar el funcionamiento de las infraestructuras críticas, etc...", ha avanzado Interior en un comunicado.

El estado de alarma estará en vigor al menos durante los próximos 15 días. Pasado ese plazo, podrá ser prorrogada por el Gobierno con la aprobación del Congreso de los Diputados. Es la segunda vez en democracia que se aplica. La primera vez fue en 2010 con motivo de la crisis de los controladores aéreos. El Ejecutivo de Pedro Sánchez justifica ahora esta medida por la "extrema gravedad" de la situación.

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