La Fiscalía apoya parcialmente el recurso de Griñán ante el TC y cuestiona su condena por prevaricación

La Fiscalía del Tribunal Constitucional apoya parcialmente los recursos presentados por los expresidentes andaluces José Antonio Griñán, que fue condenado a seis años de cárcel por prevaricación y malversación de caudales públicos, y Manuel Chaves, al que se le impusieron nueve años de inhabilitación por prevaricación. El Ministerio Público considera que sus condenas por este último delito deben ser revisadas y extiende este mismo razonamiento a otros seis de los 12 condenados del caso ERE.

"La eventual estimación de este motivo de amparo debe limitarse, a juicio de la Fiscalía, a la revisión de las penas impuestas por el delito continuado de prevaricación en relación con la elaboración y aprobación de los anteproyectos de ley", advierten. "A estos efectos hay que tener en cuenta que, en todos los casos, la condena por dicho delito continuado abarcaba también la elaboración y aprobación de modificaciones presupuestarias para las que eran competentes el Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma o sus consejeros, cuya subsunción en el tipo penal (...) no presenta ninguna objeción de naturaleza constitucional".

La Fiscalía descarta así que la elaboración de los anteproyectos de ley pueda encajar con el artículo 404 del Código Penal: "A la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictaré una resolución arbitraria en un asunto administrativo se le castigará con la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve a quince años", sostiene el mismo. Sin embargo, coincide con la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo al concluir que el mismo sí resulta aplicable a las mencionadas modificaciones presupuestarias que se llevaron a cabo en el caso ERE.

La Fiscalía deja en manos del Constitucional los posibles efectos de estas alegaciones, pero argumenta que las penas de al menos ocho de los condenados deberían ser revisadas: "Se trata de que, en caso de otorgarse el amparo en los términos solicitados, el tribunal de instancia valore nuevamente, a efectos de proporcionalidad de la pena, la conducta objeto de condena con exclusión de dicho aspecto referido a los proyectos de ley".

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EFE

En cuanto al delito de malversación, que es el que le acarreó la pena de prisión a Griñán, la Fiscalía descarta sus argumentos. Según advierte en su escrito, no se ha producido ninguna "lesión del derecho a la legalidad penal" ni tampoco una "vulneración del principio de presunción de inocencia". La Fiscalía presenta estas alegaciones siete meses después de que la Audiencia Provincial Sevilla suspendiera durante cinco años la ejecución de la pena de cárcel impuesta a al expresidente andaluz por el cáncer que padece.

El debate de la prevaricación

Para cuestionar las condenas por prevaricación, la Fiscalía del Tribunal Constitucional apunta al mencionado artículo 404 y sostiene que este delito no puede aplicarse al mero ejercicio de la iniciativa legislativa. Castigar la elaboración de los anteproyectos por esta vía implica "introducir un control de la jurisdicción penal respecto de la forma e incluso el contenido" de los mismos, una posibilidad que "tanto el orden jurisdiccional contencioso-administrativo como la propia jurisdicción constitucional sistemáticamente han rechazado ejercer".

Además de Griñán y Chaves, la Fiscalía apoya parcialmente los recursos de otros seis condenados por el mismo motivo: el del ex consejero de Obras Públicas y expresidente de IFA e IDEA, Francisco Vallejo; el del exviceconsejero de Innovación y antiguo número dos de IFA e IDEA, Jesús María Rodríguez; el de la exconsejera de Hacienda, Carmen Martínez; el de la exconsejera de Economía, Magdalena Álvarez; el del exconsejero de Presidencia, Gaspar Zarrías, y el del ex director general de Presupuestos, Antonio Vicente Lozano.

"Aunque coinciden parcialmente en la invocación de algunos motivos de amparo, se caracterizan por la singularidad de cada uno de ellos a la hora de plantear su argumentación jurídica", explica. "Por esta razón, las respuestas de la Fiscalía son igualmente individualizadas y distintas en su formulación y contenido, si bien ajustadas al principio de unidad de actuación de modo que las propuestas de solución jurídica ofrecidas por el fiscal resultan en todo caso coincidentes y homogénea".