Las universidades en la encrucijada: las empresas no pagan las cotizaciones de los alumnos en prácticas

A partir de este 1 de enero, miles de universitarios que disfrutan de prácticas curriculares durante sus estudios tendrán que cotizar como un trabajador más de la empresa o entidad en la que aprenden y, a la vez, prestan sus servicios. Esta gestión, que según la ley debería recaer en las compañías salvo pequeñas excepciones, en la práctica está causando grandes estragos a los centros académicos que tendrán que hacerse cargo de hasta 400.000 expedientes.

Por un lado, la inmensa mayoría de las compañías privadas se niegan a realizar estos procedimientos administrativos relacionados con las altas y bajas en la Seguridad Social. Por el otro, las Administraciones públicas tampoco quieren enfrentarse a ello, siendo los grandes damnificados el alumnado de Ciencias de la Salud y Educación.

La Confederación de Rectores de Universidad de España (CRUE) lo vio venir cuando se aprobó la disposición adicional que reguló el asunto: "Por primera vez, plantearon que cualquier universitario de prácticas curriculares, aquellas contenidas en su plan de estudios y obligatorias, debían ser dados de alta y baja de la Seguridad Social", reafirma María Antonia Peña, rectora de la Universidad de Huelva y presidenta del grupo de la CRUE de vicerrectores dedicados al alumnado.

Antes, solo las prácticas extracurriculares debían respetar estos cauces, ya que formaban parte de un complemento opcional a la formación del estudiante. "En este caso, cotizarán por algo que es una asignatura más en su carrera, algo imprescindible para completar su formación, por lo que en un principio nosotros estamos en desacuerdo", adelanta Peña.

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La regulación establece que el coste de estos trámites debe ser asumido por las entidades o empresas receptoras de los estudiantes, no las universidades. Sin embargo, la ya mencionada disposición también recoge que esto podría no ser así en aquellos casos que, por convenio, se establezca que los trámites los asume la universidad. Al final, las compañías no están dispuestas a hacer suyos estos costes, por lo que esa excepción planteada en la normativa ha pasado a ser la norma en la práctica.

Sin tiempo para hacer los cambios

"Nuestra responsabilidad es que el alumnado culmine sus estudios de forma adecuada, por lo que la carga administrativa que debemos asumir como propia para que puedan hacer las prácticas satisfactoriamente es ingente", explica la integrante de la CRUE especializada en estos temas. La cuestión se complica al pensar en cómo de volátiles son este tipo de prácticas, ya que muchos alumnos realizan sus prácticas en dos periodos distintos, o hacen diferentes prácticas, a lo que se suma que otros tantos son internacionales o ya están trabajando en otros lugares.

Según Peña, la cuestión económica no es lo más preocupante en estos momentos, ya que el coste de dar de alta y baja a alguien de la Seguridad Social está bonificado por el Estado en un alto porcentaje, pero "esto se añade a una situación de infrafinanciación de las universidades". Ahora, el tiempo se les viene encima, incluso después de haber logrado una moratoria, pues la fecha señalada era el 1 de octubre de 2023 en un primer momento, y no este próximo 1 de enero de 2024.

Desde la CEOE inciden en que es importante saber que los estudiantes en prácticas no pasarán a ser considerados trabajadores asalariados de las empresas. "Lo que establece la ley es que, a partir de esa fecha, va a existir la obligación de cotizar por ellos. Por tanto, estas personas seguirán siendo personal en formación", explican a El Confidencial. Además, esta nueva norma es consecuencia de la primera parte del acuerdo de pensiones que la CEOE suscribió, es decir, nace de un acuerdo en el que tomó parte la patronal. En cambio, no responden a por qué la inmensa mayoría de las empresas se niegan a hacerse cargo de los trámites.

La Administración pública se suma a las empresas

Según comenta la integrante de la CRUE especializada en este ámbito, a las empresas les da igual la normativa, dicen que no es problema suyo y que, solo si se lo dan con todos los trámites solucionados, admitirán a los estudiantes gracias a los convenios. En algunos casos, Peña dice entenderlo, sobre todo en esas pequeñas empresas que no tienen departamento de personal propio. Esta casuística suele estar presente en entidades ligadas a titulaciones como trabajo social, cuyo alumnado va a parar a pequeñas ONG.

La cuestión no se frena ahí. Al contrario de lo que se podría pensar en un primero momento, las Administraciones públicas tampoco están poniendo de su parte. Es decir, las consejerías de Sanidad y Educación también huyen hacia esos convenios con las universidades, que deberían ser la excepción, para no hacerse cargo de las altas y las bajas del estudiantado en formación que presta sus servicios en hospitales y colegios. "En Andalucía, estamos intentando que al menos nos abonen el coste de las altas y las bajas, aunque el tiempo de la gestión lo asuman las universidades", ejemplifica la rectora onubense.

Ante una situación inédita

Esta complejidad desde el punto de vista administrativo recae en unas universidades que estiman que tendrán que gestionar con la Seguridad Social unas 400.000 prácticas cada curso escolar. "Luego nos encontraremos con que aumenta la cifra porque algunos harán sus prácticas en dos periodos diferentes y otros las suspenderán y tendrán que repetirlas, seguramente", apunta Peña. La situación es inédita, por lo que tampoco tienen mayores cifras concretas.

La rectora de la Universidad de Huelva no le encuentra ningún beneficio a esta iniciativa impulsada por el pasado Gobierno del PSOE y Podemos. "Que un alumno cotice por un periodo que quizá sea de un mes no le va a solucionar la vida", dice. Ante la cuestión de que este cambio en la normativa está orientado a prevenir que las empresas suplan puestos de trabajo con estudiantes en formación, Peña responde que "las universidades ya tienen sistemas de control internos para ello, vigilancia y tutorización, y en una abrumadora mayoría de los casos funciona sin problemas". En sus seis años como rectora, asegura no haber tenido ninguna queja de estudiantes en este sentido.

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Asimismo, piensa que el estudiantado no ha estado bien informado al respecto: "Si les dicen que se llevarán una cotización extra, lo ven como algo positivo, pero no se dan cuenta de que esto introduce un elemento en las universidades que tensa mucho el sistema y quizás, en un tiempo, lo que tengamos que hacer sea reducir esas prácticas, por lo que será el propio alumnado el que salga perjudicado", desarrolla. Es decir, "es una medida que nace con buena intención, pero que tiene unos posibles efectos muy negativos", asume.

Por todo ello, las universidades se han fortalecido con la contratación de personal extra solo dedicado para este tipo de trámites. "Vamos muy justas. Hemos tenido que adquirir una plataforma informática específica para poder gestionar todo", apunta. Peña concluye reivindicando que siempre que se apruebe alguna medida desde el Poder Legislativo que afecte a las universidades se debería escuchar la voz de los rectores. "Solo queremos lo mejor para los estudiantes", finaliza.