Bufetes tres estrellas Michelin: pagar por hacer unas prácticas

Un despacho de abogados de Madrid lanza una oferta de prácticas a estudiantes de Derecho. Entre las condiciones laborales, se encuentran un horario flexible, con la posibilidad de trabajar en remoto y la opción de firmar un convenio con una universidad, además de emitir un certificado y una carta de recomendación. Hasta aquí, todo correcto. No obstante, la propuesta del bufete tiene un matiz: no solo no está remunerada, sino que se exige a los futuros becarios abonar 500 euros por su experiencia laboral. La cuantía debe ser pagada al principio de las prácticas, aunque la firma da la opción de pagar mediante efectivo o por transferencia bancaria.

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Esta oferta, recogida y canalizada en forma de denuncia por la Asociación de Jóvenes Abogados (AJA) de Madrid, es una muestra más de lo que se ha convertido en una realidad en el sector legal: la precariedad a la que están sometidos sus profesionales, especialmente los más jóvenes. En la línea de los 'stagiers', los becarios de los grandes restaurantes con estrella Michelin, los estudiantes del grado de Derecho y del máster de acceso se encuentran muchas veces con dificultades para conseguir unas prácticas que cumplan con ciertas condiciones mínimas. Como que el contenido de la formación esté relacionado con los estudios o que exista algún tipo de remuneración.

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Desde AJA Madrid, reciben muchas de estas quejas. "Unas 300 o 400 al año", enumera Alberto Cabello, presidente de la agrupación. Que tengan verdadera entidad (es decir, que realmente escondan malas prácticas de un bufete y no meras protestas de los estudiantes), unas 40, pero solo acaban instruyendo a fondo unas 10, que cristalizan finalmente en informes que presentan ante la junta del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM). "En muchos casos, no conseguimos suficientes pruebas o, directamente, el estudiante se acaba echando para atrás", describe.

Barrera institucional

Las quejas que sí prosperan (como la del bufete que pide una cuantía a los becarios), no obstante, se encuentran con otra barrera: la institucional. "En todos estos años, hemos presentado varios casos de malas prácticas, pero la respuesta del colegio siempre es la misma. Dicen que no pueden hacer nada porque los alumnos no son abogados colegiados, así que no entra dentro de sus competencias", lamenta Cabello.

"¿Sancionar a abogados por reclamaciones de estudiantes en prácticas? Lo veo complicado", opina el decano del ICAM

Desde el ICAM, confirman este extremo. "¿Sancionar a abogados por reclamaciones de estudiantes en prácticas? Lo veo complicado", opina el decano del organismo, José María Alonso. "Solo tenemos competencia respecto de nuestros colegiados. Si nos llegara algún caso, investigaríamos el tema y hablaríamos con el letrado para comunicarle que su conducta es inadmisible. Pero al estudiante no podemos ampararle", explica. En su opinión, quienes tienen potestad para controlar y perseguir estos comportamientos son las universidades y centros de estudios. Asimismo, opina que el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) debería impulsar un estatuto del becario que sirva como base jurídica de cómo deben ser las prácticas formativas.

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Por su parte, Cabello rechaza estas afirmaciones y considera que, basándose en artículos genéricos del código deontológico, los colegios podrían sancionar a los bufetes que hayan ofrecido prácticas formativas que no cumplan con ciertas condiciones. "Por ejemplo, prohibiéndoles tener becarios durante un tiempo", indica. También desecha el argumento de que al ser estudiantes no forman parte de las instituciones, ya que se trata de un estatus que se mantiene solo durante los años de formación, pero luego se convierten en un abogado más. "El día de mañana van a pagar las cuotas y se merecen protección", asevera.

Control nulo de las universidades

En la misma línea, considera que exigir a las universidades un mayor control es un brindis al sol, ya que, muchas veces, las prácticas fraudulentas aparecen ofertadas en la propia bolsa del centro. Ese fue el caso de Íñigo (nombre ficticio), que consiguió sus primeras prácticas del máster de acceso a través de la universidad. La experiencia, no obstante, fue nefasta. Durante los cinco meses que estuvo, ejerció labores básicas de recepcionista. "Hice las prácticas con otra compañera también estudiante y nos tuvieron a los dos contestando al teléfono y abriendo la puerta a los clientes. Literalmente, nuestro puesto estaba en la mesa de recepción a la entrada", relata.

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Aunque en los últimos meses pudo acompañar a alguno de los letrados al juzgado, su día a día consistía en labores de atención al público, escanear documentos y, de vez en cuando, hacer recados para sus superiores. "Una vez me mandaron a los juzgados de plaza Castilla [en Madrid], pero no para nada relacionado con derecho, sino para recoger unas llaves que la abogada se había olvidado. También me tocó ir al supermercado a por coca-colas y otras cosas cuando ya no quedaban en la nevera del despacho", describe. Para más inri, las prácticas no eran remuneradas, así que no recibió ningún tipo de compensación por su trabajo, "ni siquiera una ayuda para el transporte", lamenta.

Su universidad, que prefiere no mencionar, nunca se puso en contacto con él para llevar un seguimiento de la experiencia laboral o preguntarle por el contenido de sus prácticas. "Pero yo sospecho que saben que hay ofertas fraudulentas. Muchos de los profesores del máster son abogados en ejercicio que dan clases por la tarde y deben tener constancia de cómo se aprovechan algunos", asegura. Una opinión que comparte Cabello, que agrega que la prioridad de muchos centros es tener empresas y despachos donde poder colocar a sus estudiantes, "así que muchas veces hacen la vista gorda con el contenido de las prácticas que ofrecen", subraya.

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La 'patata caliente' de los falsos autónomos

Más allá del fraude en las prácticas formativas, los abogados jóvenes se enfrentan a otro mal endémico en la profesión: la contratación laboral en forma de falsos autónomos. Según una encuesta de la Confederación Española de Abogados Jóvenes (CEAJ) de 2017, la mitad de los letrados con menos de cinco años experiencia trabajaban como falsos autónomos. Sin ir más lejos, el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid reconoció el pasado septiembre a 141 abogados que trabajaban como falsos autónomos asesorando a bancos.

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De nuevo, en este escenario los colegios dicen tener las manos atadas. "Nosotros controlamos la deontología en el servicio profesional. No las relaciones laborales", indica Alonso. A su entender, la única vía posible para combatir estas malas prácticas son los tribunales y la Inspección de Trabajo, organismo con el que afirma que va a estrechar lazos para que ponga el foco en la contratación fraudulenta de los despachos de abogados. Además, agrega que en caso de que haya denuncia, el colegio "actuaría en nombre del letrado que tiene el problema ante la autoridad que resulte competente. No vamos a dejar impunes esas situaciones", declara.

Una opinión que comparte la presidenta del CEAJ, Maia Román, que considera que las instituciones no tienen los mecanismos para acabar con esta lacra. El código deontológico no es, a su entender, la herramienta adecuada porque se enfoca en la relación de los letrados con los clientes, mientras que los falsos autónomos "es un tema de relaciones laborales que no prevé nuestra regulación interna". Para Román, la solución tiene que venir del Ministerio de Trabajo. "Se necesita a las instituciones, a la inspección y a las autoridades; sin ellas es completamente imposible".

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Sin embargo, desde el CGAE opinan que, en este tipo de casos, los colegios tienen potestad para sancionar. "Cualquier denuncia sobre despachos que dispensan un trato denigrante se estudia con detenimiento en las comisiones de deontología de los colegios y, si procede, se sanciona", explican. Aunque ni el código deontológico ni el Estatuto de la Abogacía contienen un precepto especialmente confeccionado para esta realidad, el organismo señala que los abusos claros "se pueden encajar en algunos artículos genéricos de consideración y respeto a los compañeros". Si no existen sanciones hasta el momento, aclaran, es porque una inmensa mayoría de los abogados jóvenes que sufren estos abusos no presenta ni denuncia laboral ni queja ante el colegio, "por lo que ni uno ni otro pueden hacer nada".

Por último, Cabello critica la inacción generalizada por parte de la abogacía institucional ante este tipo de prácticas y ve necesario impulsar acciones que vayan más allá de la representación a los afectados. Por ejemplo, un sello de buenas prácticas que distinga los bufetes que cumplen con la ley en las contrataciones laborales.