Las reclamaciones del covid les salen a pagar a las empresas: el Supremo impone costas de 4.000€

El Tribunal Supremo ya ha rechazado 70 recursos de empresas que reclamaban una indemnización al Estado por los daños y perjuicios que sufrieron a raíz de las restricciones que se aplicaron durante la pandemia de covid. La mayoría pertenece al sector de la hostelería o del ocio y, en todos los casos, la respuesta ha sido la misma: no solo no tienen derecho a cobrar el dinero que pedían, sino que deben pagar 4.000 euros a la Administración por los gastos que han ocasionado con sus demandas.

En el Supremo se han presentado alrededor de 1.000 reclamaciones de este tipo y en el Consejo de Ministros aún hay pendientes de resolución otras 9.000, pero fuentes jurídicas apuntan a que el criterio que está siguiendo el alto tribunal ha provocado un cambio de tendencia: desde el pasado octubre, 177 empresas han retirado sus recursos y otras 60 han comenzado el mismo trámite para evitar esta factura de 4.000 euros.

La clave radica en el artículo 139 de la ley reguladora de la jurisdicción contencioso-administrativa, que establece que "se impondrán las costas [los gastos del proceso judicial] al recurrente si se desestima totalmente el recurso, salvo que el órgano jurisdiccional, razonándolo debidamente, aprecie la concurrencia de circunstancias que justifiquen su no imposición". Al aplicar este artículo a las reclamaciones por el covid, el Supremo incluye un mismo párrafo en cada una de sus sentencias: "El importe máximo a satisfacer al respecto a la Administración demandada por todos los conceptos será de 4.000 euros, más el IVA correspondiente, si procediere".

El Supremo pisa el acelerador

Aunque el Tribunal Constitucional declaró ilegales parte de las medidas que incluían los estados de alarma, sus sentencias ya advirtieron de que este pronunciamiento no resultaba suficiente para fundar reclamaciones de responsabilidad patrimonial por sí mismas. De hecho, el propio Constitucional declaró que las medidas adoptadas habían sido "necesarias, idóneas y proporcionales a la situación".

TE PUEDE INTERESAR

El Supremo cierra la puerta a indemnizar a la hostelería por el covid en su primera sentencia

Pablo Gabilondo

El Supremo rechazó la primera reclamación el pasado 31 de octubre apoyándose en este razonamiento: "La actividad administrativa desarrollada fue razonable y proporcionada a la situación existente", advirtió la Sala de lo Contencioso-Administrativo. "La consecuencia de la aplicación del principio de precaución determina la imposibilidad de derivar responsabilidad a la Administración cuando las medidas sanitarias adoptadas tendieron a mitigar o evitar la propagación de los contagios".

El tribunal concluyó que los daños sufridos durante la pandemia "no son antijurídicos", sino que encajaban con la gravedad de la situación: "La sociedad en su conjunto tuvo que soportar las decisiones adoptadas por los poderes públicos para preservar la salud y la vida de los ciudadanos, de manera que la vía de reparación o minoración de los daños para aquellos que los padecieron con mayor intensidad, de ser procedente, tiene que ser la de las ayudas públicas —que se concedieron ampliamente— pero no la de la responsabilidad patrimonial".

TE PUEDE INTERESAR

El Estado se juega en el Supremo el pago de demandas millonarias por los cierres covid

Ana Sequeros Pedro del Rosal

La redacción de esta sentencia corrió a cargo del expresidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) Carlos Lesmes, quien desde entonces se ha encargado de dar respuesta a la mayoría de reclamaciones. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acelerado el ritmo durante los dos últimos meses para desatascar estos recursos y, en un solo día, Lesmes ha llegado a ejercer como ponente de hasta tres sentencias distintas.

Junto a las empresas del sector de la hostelería o del ocio, las últimas resoluciones están centrándose también en aquellas que se dedican al trasporte. El Supremo expone para ello los mismos argumentos y todo apunta a que no cambiará de criterio a la hora de abordar otros sectores. Tras más de dos años esperando respuesta por parte de la Justicia, las reclamaciones por "daños y perjuicios" les están saliendo a pagar a las empresas.