Avalancha de casos en los juzgados de lo mercantil por cancelaciones de vuelos y viajes

Los juzgados de lo mercantil se enfrentan a una avalancha de casos por cancelaciones de vuelos y de paquetes de viajes turísticos. Estas reclamaciones de usuarios han aumentado de manera exponencial el trabajo ya sobrecargado que sufren estos juzgados.

Uno de los ejemplos más palpables se produce en el Juzgado de lo Mercantil de Málaga número 1. Su jueza titular, María Jesús del Pilar, recibe a El Confidencial en su despacho de la Ciudad de la Justicia y expone la situación. “Lo que pedimos es que se haga un procedimiento administrativo previo o que esta materia pase a otros órganos y no se nos inunde el juzgado con sentencias”.

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Agustín Rivera. Málaga

La gran mayoría de las sentencias verbales de tráfico aéreo no tienen vista judicial. Se presenta la demanda por el consumidor y se contesta por la compañía aérea. Es un procedimiento que va todo por escrito y se pasa directamente al dictado de sentencia. “En semanas podemos acumular una cantidad ingente de sentencias que se suman a todo lo que tenemos. Estamos desbordados”, resalta. Hay nueve provincias que cuentan con tres o más juzgados de lo mercantil: Alicante, Sevilla, Palmas de Gran Canaria, Bilbao, Murcia, Baleares (Palma), Valencia, Barcelona y Madrid.

Recuerda la magistrada que en un juzgado como el que dirige no solo analiza procesos concursales de las empresas sino derechos de la sociedad, responsabilidad de los administradores, propiedad intelectual, propiedad industrial y se dicta sentencia sobre todo tipo de transportes. Málaga presenta una de las tasas de litigiosidad más altas de España (la mayor de Andalucía). También es la quinta provincia en número de sociedades y de las que cuentan con mayor presencia internacional. El Consejo General del Poder Judicial creó en 2009 el Segundo Juzgado de lo Mercantil. Ya en ese momento era el más saturado de España, como publicó El Confidencial.

AESA pide información a la empresa reclamada y, tras el estudio de los datos, emite un informe para notificar a ambas partes sus derechos

Una de las vías para aliviar esta situación, reclama la magistrada, pasaría por crear juntas arbitrales de transporte aéreo, como ya ocurre en el transporte por carretera. “De esta manera, solo llegarían a la vía judicial aquellos casos en los que hubiera una controversia jurídica más profunda y no cuando el asunto sea muy obvio como el retraso en un vuelo o la cancelación. Este tipo de reclamación también la hicimos con las cláusulas suelo y nunca nos atendieron”.

A día de hoy, cuando un pasajero considera que se han vulnerado sus derechos como usuario de transporte aéreo, puede presentar reclamación ante AESA (Agencia Estatal de Seguridad Aérea), que depende del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.

AESA solicita información a la empresa reclamada y tras el estudio de los datos emite un informe que se notifica a ambas partes sobre cuáles son los derechos que según normativa europea asiste a cada una de las partes. Con este informe, si el reclamado no hace efectiva la compensación en caso de que así debiera hacerlo, el pasajero puede acudir a los tribunales de justicia para hacer valer sus derechos.

¿Qué cambiará este año? El Consejo de Ministros procederá a convertir a AESA en Autoridad para Resolución Alternativa de Conflictos (ADR) en materia de protección de los usuarios del transporte aéreo. “Esperamos que sea a lo largo de 2021, ya que solo falta el trámite final, la orden ministerial”, indica a este periódico un portavoz oficial de AESA. El Gobierno ha elegido a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para que sea la Autoridad para Resolución Alternativa de Conflictos (ADR) en materia de protección de los usuarios del transporte aéreo. En otros países suelen ser entidades de consumo.

El objetivo es que AESA sea la entidad que se encargue de actuar como árbitro en las controversias que surjan entre pasajeros y compañías en el ámbito del Reglamento 261/2004 sobre los derechos de los pasajeros del transporte aéreo. “Lo que se pretende es que se pueda llegar a una solución extrajudicial que sea de fácil acceso para los consumidores, de forma que se evite que para todos estos casos haya que llegar a un proceso judicial que suele resultar costoso para las partes y que hace que muchos consumidores rehúsen hacer valer sus derechos por el alto coste de los procesos judiciales”, indican en el organismo.

Según indican en la agencia, en siete de cada diez reclamaciones efectuadas ante AESA (el 70,4%), las compañías atendieron total o parcialmente las peticiones de los pasajeros bien durante el proceso o al final de la resolución por AESA. En aquellos casos en los que el pasajero acudió a la vía judicial para satisfacer sus derechos (10,1%), al 76,9 % le resultó de utilidad en sede judicial el informe emitido por AESA. La resolución de este organismo no es vinculante, pero sí se tiene en cuenta por los tribunales en el caso de que el pasajero recurriera a ellos.

Aunque se solucione la competencia de estas reclamaciones, los juzgados de lo mercantil señalan que todavía no han podido “sacar adelante” la carga de trabajo de la crisis económica anterior. Siguiendo con el caso de Málaga, hay procedimientos concursales muy relevantes, como el que afectó a los grupos promotores Aifos y Evemarina, “que siguen vivos y están pendientes de piezas de calificación. Todavía estamos gestionando, tramitando y resolviendo concursos de la crisis anterior”.

“El gran problema”, argumenta María Jesús del Pilar, “es que encaramos todos esos concursos anteriores mientras se nos viene ahora la crisis del covid que supondrá un aumento exponencial de la entrada de concursos. Para lo que no tenemos capacidad es para seguir tramitando lo anterior, empezar a declarar los concursos y tramitar los nuevos”.

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Málaga es una “necesidad” al ubicarse en una provincia de 1,6 millones de habitantes, la sexta más poblada de España. “Estamos al borde del colapso”, lamentan las magistradas de estos juzgados. “La situación ya es insostenible en condiciones normales”, insisten.

La portavoz en Andalucía de la AJFV (Asociación Judicial Francisco de Vitoria), Judith Sáiz Soria, es juez de adscripción territorial en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga desde septiembre de 2019. “Nuestras previsiones es que cuando acaben los ERTE de repente nos entren decenas de concursos. Hace falta un tercer juzgado. Aquí tenemos el principal aeropuerto andaluz y agrupamos el 85% del tráfico aéreo de la comunidad”, explica Sáiz a este diario.

La vicedecana del Colegio de Abogados de Málaga, Flor Carrasco, ha recordado que en los juzgados de la ciudad andaluza había a finales de 2020 casi 190 millones de euros inmovilizados estancados en las cuentas de depósitos y consignaciones judiciales. “Ese dinero debe entrar en funcionamiento y servir para reactivar la economía malagueña”, sostiene Carrasco.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, se reunió la semana pasada con Lourdes García Ortiz, presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga. García Ortiz admitió a El Confidencial que Mercantil tendría a partir de ahora más carga de trabajo.

"Se sabe que es urgente y están muy agobiados de trabajo. No lo vamos a dejar", explica la presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga

La previsión es que Málaga cuente a partir de algún momento de este año con un nuevo juzgado de lo mercantil, uno nuevo de lo social y uno de contencioso. La decisión depende del cupo de nuevos órganos judiciales que se creen este año y dentro de estos los que les correspondan a Málaga.

“Se sabe que es urgente y están muy agobiados de trabajo. Por parte de las juezas de lo mercantil, por parte de la presidencia de la Audiencia y otros órganos superiores se está pidiendo y no lo vamos a dejar”, indicó García Ortiz a este diario.

La propuesta la tiene que tramitar la Sala de Gobierno del TSJA y la propia Junta de Andalucía, pero quien tiene la llave de su creación es el Ministerio de Justicia previo informe favorable del Consejo General del Poder Judicial.

Dos funcionarios del juzgado de lo mercantil consultados por este periódico ratifican los problemas de su labor diaria. “La cosa está fatal. Al haber mucho volumen de trabajo, todo se ralentiza muchísimo. Y te da menos tiempo para poder tramitar los concursos nuevos que entran a la velocidad que te gustaría. Trabajas mucho, pero no se ve el resultado”.

"Somos los olvidados de todas las jurisdicciones. No hemos terminado con los expedientes de 2008. Será horrible cuando acaben los ERTE"

Y añade: “Somos los olvidados de todas las jurisdicciones. No hemos terminado con los expedientes de 2008. Será horrible cuando acaben los ERTE. Esto no es coyuntural. Nos faltan medios. Y cuando llega una resolución llega tan tarde que no te solventa la necesidad que tú tenías cuando empezó el procedimiento”.

Una pared de más de 10 metros, con carpetas de diferentes colores, expone todos los expedientes abiertos en el juzgado. Los asuntos que están cerrados se han trasladado a otra parte de la Ciudad de la Justicia que funciona como un archivo. “Aquí no cabe ya nada. Y eso que hace un par de meses hice espacio en previsión de la gran cantidad de concursos que vendrán porque necesitaba un hueco”.

Atasco sin solución

Aunque la mayor parte de los nuevos concursos entran mediante el sistema Lexnet los concursos antiguos están en papel. “Hay soluciones. Podría venir una empresa externa y digitalizarlo todo. Realmente ahora trabajamos doble: en digital y en papel. Seguimos teniendo que hacer los expedientes en soporte físico. Estamos todavía en una transición”.

El problema es que el tercer juzgado de lo mercantil no solucionará el atasco: empezaría a partir de los procedimientos que se incoan desde su creación, pero no suprimirá trabajo de los antiguos expedientes. Seguirá la avalancha de trabajo de la crisis de 2008... y la actual.