El Gobierno aprobará en enero los límites para fijar el precio de viviendas en zonas tensionadas

El Gobierno prevé aprobar en enero el índice para fijar los precios de viviendas en alquiler en zonas declaradas tensionadas, un requisito indispensable para poder desplegar la ley de Vivienda aprobada en la pasada legislatura. La declaración de estas áreas (precios altos y escasa oferta) está en manos de las comunidades autónomas y a día de hoy solo Cataluña aplica la norma en su totalidad. Una vez que entre en vigor este indicador, podrá empezar a aplicarse el procedimiento ligado a la etiqueta de tensionada, según aseguran desde el Ministerio de Vivienda, en manos de Isabel Rodríguez.

Servirá para fijar los precios de los contratos en las zonas más conflictivas y problemáticas, en el caso de los grandes tenedores o de viviendas nuevas en alquiler en estas zonas, que no hubieran estado en el mercado de arrendamiento en los últimos cinco años. Durante su etapa en funciones, el Ejecutivo ya trabajaba en este indicador, que debe ultimar junto con un grupo de trabajo específico, la Agencia Tributaria, el catastro y las comunidades que contasen con un índice propio. Para su creación se utilizan datos catastrales o del Registro de la Propiedad, entre otros.

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La vivienda fue una de las grandes apuestas de Pedro Sánchez para las elecciones del 28-M y el 23-J. Este jueves, en una entrevista en Antena 3, el presidente del Gobierno volvió a referirse a ella como el "quinto pilar del estado de bienestar". Prevé que, "al menos", el 60% de los desarrollos urbanísticos en esta legislatura sea vivienda pública.

También es una de las banderas más peleadas por Podemos y Sumar. De hecho, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, apuesta por redoblar la presión a su socio en el Gobierno para impulsar la entrada en funcionamiento de este índice, antes incluso de que acabe el año, según su entorno.

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La líder de Sumar planea aferrarse para ello al acuerdo de coalición, que compromete la puesta en marcha de este índice "con carácter inmediato", pero sin especificar fechas. "En concreto, se definirá con carácter inmediato el índice de precios de referencia que permitan identificar los municipios y distritos que se consideran zonas tensionadas, para impulsar la puesta en marcha de la regulación de los precios de los alquileres", reza el pacto.

En la última semana, Díaz también ha hecho gala de su pulso con la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, esta vez en lo que respecta a la reforma del subsidio por desempleo. Es una forma de cohesionar a su espacio que ya le ha funcionado en anteriores ocasiones. Sin embargo, y según fuentes del ala socialista, en esta materia no habrá batalla entre las dos almas del Gobierno, y el índice será realidad en escasas semanas.

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Los trabajos, según el departamento que lidera Rodríguez, se encuentran muy avanzados en lo que respecta a regiones como Cataluña, que cuenta con su propia ley específica y que reclama al Ejecutivo que dé pasos en la materia cuanto antes. Es uno de los dos índices recogidos en la ley, que también establece la creación de un indicador de referencia para limitar la subida de los contratos de alquiler ya vigentes. Su elaboración le corresponde al Instituto Nacional de Estadística (INE), para su entrada en vigor en 2025.

En la pasada legislatura, aunque las competencias estaban en manos del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, la ley fue una de las grandes apuestas de Podemos, hasta el punto de que fue uno de los condicionantes de su apoyo a los Presupuestos Generales del Estado en dos ocasiones. Fuentes de la dirección morada apuntan a que este será uno de sus ejes de acción política en la nueva etapa, una vez rotos los amarres con Sumar.

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Todas las fuerzas de izquierdas saben que el potencial alcance de la norma es muy limitado, ya que son las comunidades autónomas las que deciden sobre su aplicación. Pero eso no quita para que asuman la pelea por esta bandera.

El propio jefe del Ejecutivo centró en la vivienda sus grandes anuncios para las elecciones autonómicas y municipales de mayo, que después tuvieron su traslación al Consejo de Ministros. De hecho, la ley llegó al BOE en mayo de 2023, en la misma semana en la que se celebraban los comicios, casi un mes después de lograr el aval del Congreso.

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Fue duramente contestada por el PP, pero también por el PNV, uno de los socios habituales de Sánchez. Los Gobiernos de Euskadi, Madrid, Andalucía, Cataluña e Islas Baleares ya han recurrido esta norma ante el Tribunal Constitucional, que en septiembre dio el pistoletazo de salida a la tramitación de estos recursos.

La ley establece que son "las administraciones competentes en materia de vivienda" las que pueden declarar zonas tensionadas, con base en que se cumpla, al menos, una de estas dos condiciones: que la carga media del coste de la hipoteca o el alquiler, con los suministros básicos, supere el 30% de la renta media de la zona, o que en los últimos cinco años el precio de compra o alquiler haya crecido al menos tres puntos por encima de la subida del IPC en la comunidad autónoma en cuestión.