Puigdemont plantea una comisión con sede internacional que ejerza de relator

"Seguimiento y garantías de cumplimiento: la mesa establecerá mecanismos para garantizar el inicio y mantenimiento de su actividad y el cumplimiento de los acuerdos". Este es el enunciado del punto cuatro del apartado segundo del documento que firmaron en 2020 el Gobierno de Pedro Sánchez y la Generalitat de Cataluña, presidida por Pere Aragonès, para poner en marcha la conocida como mesa de diálogo. En la recta final de la negociación para la investidura, los independentistas apelan al citado apartado para justificar que la Moncloa ya aceptó en su día que los pactos se sometan a la figura de un "un verificador".

La exigencia del relator sigue sobre el tablero, pese a que los emisarios de Sánchez han trasladado reiteradas veces que no aceptarán nada parecido a un "mediador internacional" como pidió Carles Puigdemont en la rueda de prensa en la que marcó los ejes de la negociación. Desde aquella comparecencia en Bruselas se han ido modulando muchas de las posiciones de máximos, según reconocen desde ambas partes. Entre los puntos que quedan por limar, está la garantía que el líder de Junts necesita de que se cumplirá lo acordado después de haber aceptado que tendrá que entregar sus siete votos a Sánchez sin que la ley de amnistía haya empezado su tramitación parlamentaria.

A cambio de esa confianza, el prófugo quiere que la Moncloa se avenga a impulsar un sistema de verificación. La última propuesta, según ha podido saber El Confidencial, pasaría por una comisión integrada por miembros de la coalición de gobierno y los partidos soberanistas, así como figuras independientes, que diseñaría un calendario de reuniones que deben celebrarse fuera de España. Para Puigdemont, es fundamental mantener la "internacionalización del conflicto", de ahí que busque dar un perfil internacional a este organismo.

La intención del prófugo es que esta comisión sustituya a la mesa de diálogo que se pactó con ERC y que él nunca reconoció como legitima. Puigdemont quiere estar sentado a ella y también Oriol Junqueras, por lo que se escogerían unos integrantes que permitieran que unos la interpretasen como "mesa de partidos" y otros "entre gobiernos". En la Moncloa no gusta tampoco esta propuesta. Desde el entorno del presidente insisten en que deben "aguantar" y no dar pábulo a Puigdemont con sus aspiraciones de dimensionar el acuerdo para justificarse ante sus seguidores.

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A ERC le sirve algo similar a lo que se acordó en 2020. Es decir, dejar por escrito el compromiso de que se supervisará el cumplimiento de los acuerdos. Fuentes cercanas a Junqueras insisten en que "simplemente hay que desarrollar los puntos de aquel acuerdo que se dejó morir". Para el equipo de Sánchez, este también es el camino, que hoy sigue siendo "insuficiente" para el prófugo. Los socialistas tensarán la cuerda porque al expresidente de la Generalitat no le interesa o, al menos, esa es la percepción del equipo negociador formado por el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.

Ante la rotunda negativa de los socialistas a asumir una figura propia de conflictos bélicos, Puigdemont ha ido lanzando alternativas e incluso nombres que conciten el respeto de ambas partes. Se ha llegado a hablar de Miquel Roca, prestigioso abogado y padre de la Constitución. Convergente por convención, se desenganchó de la causa cuando abrazó la unilateralidad. Mantiene buenas relaciones con históricos como Artur Mas y con uno de los protagonistas de las conversaciones Moncloa-Waterloo, Jordi Turull.

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Con el perfil de Roca, los soberanistas buscarían legitimar sus demandas, entre las que se encuentra el reconocimiento de que Cataluña es una nación. En un artículo publicado el pasado mes de septiembre en La Vanguardia, el abogado defendió que "Cataluña como nación no es un invento como algunos pretenden ni una agresión a la Constitución (…) Cataluña y su identidad no pueden ser maltratadas, como consecuencia de expresiones coyunturales no compartidas. La discrepancia ha de centrarse en el planteamiento que se haga, no en el fondo del problema. Cataluña no se lo merece. Hay que intentar resolver el problema; no agravarlo. No hablamos de un invento".

El que fuera uno de los siete redactores de la Carta Magna señala que esta "ya reconoció explícitamente la realidad nacional de diversos territorios integrantes de la realidad española" y hace referencia a la doctrina de Anselmo Carretero, definidor de España como "nación de naciones". El también expolítico publica habitualmente y hace unos meses dejó de ser socio de Roca Junyent para convertirse en presidente de honor. Otro de los nombres que han estado circulando para este papel ha sido el del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Se ha implicado de lleno en la defensa de la amnistía que Sánchez reconoció por primera vez abiertamente en el comité federal.

Con el texto de la amnistía redactado, los flecos se irán cerrando en los próximos días, y, salvo sorpresa mayúscula, Puigdemont dará luz verde a sus diputados para votar sí en el Congreso. El 2 de noviembre se conocerán los resultados definitivos de la consulta al Consejo de la República, que pidió bloquear la investidura. La baja participación de sus representantes, solo votó un 4%, legitima al prófugo para seguir su hoja de ruta, obviando a este Parlamento paralelo que él mismo creó. Entre los diputados socialistas se da por hecho el pacto. Hay quienes bromean con que a Sánchez le gustan los festivos para los grandes acontecimientos y fechan la votación para la investidura en la semana del 8 de noviembre, coincidiendo con el puente de la Almudena en Madrid. Puigdemont tiene la última palabra.