Page, contra todos: el barón socialista que pone en evidencia a los suyos (también en la batalla del agua)

Emiliano García-Page no está dispuesto a ceder un milímetro de lo ganado el pasado mes de enero, cuando el Ministerio de Transición Ecológica aprobó el caudal ecológico del Tajo, que supone de facto una rebaja en la cantidad de agua que se puede trasvasar al Segura. Entonces, Castilla-La Mancha vio cumplida una demanda histórica frente a la Comunidad Valenciana y Murcia, y no quiere que la victoria se le escape de las manos. De ahí que el PSOE haya anunciado que llevará una proposición no de ley (PNL) a las Cortes regionales para directamente acabar con los trasvases para regadío con destino el litoral mediterráneo. El movimiento ha incendiado al Govern valenciano, que denuncia un intento de “asfixiar” el campo alicantino. García-Page no duda además en enfrentarse con los suyos, en este caso los socialistas valencianos, por un asunto que ambos consideran crucial, pero con visiones contrapuestas. Los mimbres para un nuevo capítulo de la guerra del agua ya están dispuestos.

“Este anuncio supone un nuevo ataque. No nos mantendremos impasibles mientras el Gobierno manchego pretende asfixiar a nuestros regantes y agricultores”, advierte la consellera valenciana de Medio Ambiente, Salomé Pradas, en declaraciones a El Confidencial. El gesto de los socialistas no ha gustado nada y supone reabrir una batalla que se había quedado en stand by a la espera de que el Supremo resuelva los recursos presentados por la propia Generalitat, la Diputación de Alicante y los gobiernos de Murcia y Andalucía contra los caudales decretados por el Ministerio de Transición Ecológica.

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Fuentes del Ejecutivo de Castilla-La Mancha defienden que su PNL responde a un intento de marcar posiciones frente a la Generalitat. Carlos Mazón anunció la semana pasada la creación de la Mesa del Agua, un órgano autonómico a través del cual canalizar las reivindicaciones en torno al trasvase del Tajo-Segura y que sirva también para aunar las diversas voces que tienen algo que decir a este respecto en la comunidad. El ejemplo es un órgano similar que creó cuando estaba al frente de la Diputación de Alicante y que de hecho llegó a unir a los diferentes partidos políticos en un asunto especialmente sensible para la región y la provincia. Pradas además remarca que, a diferencia del Consell del Botànic, “que se limitaba a agachar la cabeza frente a los desafíos de Castilla-La Mancha y los constantes recortes del Gobierno de Pedro Sánchez, Carlos Mazón no va a permitir ni uno más”.

“No es una cuestión de guerras. Simplemente, hay que cumplir la ley. El Gobierno valenciano puede defender lo que considere, pero nosotros también”, argumentan desde Castilla-La Mancha, y sostienen que no podían quedarse de brazos cruzados ante la decisión de la Generalitat de mantener la pugna por el trasvase. La lectura es completamente distinta en la Comunidad Valenciana y Murcia. Ambos ejecutivos exigen a García-Page y al Ministerio de Transición Ecológica “no utilizar un bien básico como arma de enfrentamiento entre comunidades”. En la comunidad gobernada por Fernando López Miras, rechazan los criterios a los que se agarra el PSOE, que esgrime para sustentar su PNL un estudio de la Universidad de Zaragoza que ve inviables los trasvases en España por la escasez de agua fruto de la sequía, además de por la expansión del regadío y por la falta de control de la explotación de los acuíferos.

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“Hay que abordar el tema del agua como un asunto de Estado y apelamos a la necesidad de elaborar un Plan Hidrológico Nacional con inversiones en infraestructuras y una adecuada planificación, todo bajo el principio de solidaridad hídrica, de respeto y tolerancia”, defienden fuentes del Ejecutivo murciano, que ponen como ejemplo otros bienes clave como la electricidad, el gas o los carburantes. Mientras, lo que exige García-Page es un calendario que “acabe con los trasvases al Levante”, inviables, según defiende, por la escasez de agua.

Batalla también en el PSOE

Pero la propuesta de García-Page no solo tiene como destinatarias a la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía (Almería, aunque en menor medida, también se nutre del trasvase Tajo-Segura), también al propio Ministerio de Transición Ecológica, alineado en este caso con las demandas del barón socialista. En el Ejecutivo castellanomanchego consideran que el Gobierno central debería actualizar cuanto antes la norma de explotación del trasvase en función de los nuevos caudales. Teresa Ribera tiene hasta el próximo enero para hacerlo, pero en Toledo les gustaría que no apurase el plazo. Sería una forma de no dejar ningún cabo suelto y un nuevo espaldarazo a las pretensiones de Castilla-La Mancha, también a nivel interno.

García-Page no solo batalla con sus homólogos en las comunidades del litoral mediterráneo, también lo hace contra sus colegas del PSOE valenciano. No hay más que ver la sucesión de acontecimientos de este pasado lunes. El PSOE castellanomanchego anunció por la mañana su PNL, por la tarde, los socialistas de Ximo Puig le organizaban una cena a Hugo Morán, secretario de Estado de Medio Ambiente, para celebrar el histórico trasvase Júcar-Vinalopó, cuyo convenio se ha firmado este martes en Aspe (Alicante).

El trasvase supone transferir 278 hectómetros cúbicos de agua de riego a Alicante durante los próximos 10 años y a un precio de 0,24 céntimos el metro cúbico, tal y como habían demandado los agricultores. Tanto Mazón como Puig se han felicitado por un acuerdo que consideran histórico, pero insuficiente si no se completa con el del Tajo-Segura. “Sabíamos que el problema del agua era una cuestión que solo se puede solucionar con diálogo, a través del pacto y la superación del tribalismo”, defendió Puig en esa cena, a la que también acudieron la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, y otros cargos socialistas. Para Puig era una forma de colgarse una medalla, defender el trabajo hecho al frente de la Generalitat y rebatir las críticas del PP, que le ha acusado de no haber hecho lo suficiente para garantizar el agua de los agricultores de Alicante. Pero también era una forma de reivindicarse ante García-Page y una batalla que, como reconocen en el Gobierno de Castilla-La Mancha, siempre enfrentará a las dos regiones: “Ha sido así desde hace 40 años y seguirá así. No es una cuestión ideológica, es territorial”.