Valencia, Murcia y Andalucía se alían contra el trasvase del Tajo que beneficia a Page

Los gobiernos de Juanma Moreno y Ximo Puig han presentado alegaciones al plan del Tajo, en el que apuntan a defectos en la tramitación que pueden determinar su nulidad de pleno derecho, y han pedido al Consejo de Estado que emita un informe desfavorable sobre el proyecto de real decreto que afecta al plan hidrológico en el que se incluye la regulación del trasvase Tajo-Segura. En el caso del Ejecutivo andaluz, las críticas apuntan a una decisión "política" y no fundada en criterios ecológicos en un intento del Gobierno central por beneficiar a Castilla-La Mancha. La alianza de Puig y Moreno cuenta también con el apoyo del murciano Fernando López-Miras, cuyo Ejecutivo presentó sus alegaciones hace unos días.

La petición del Ejecutivo autonómico que preside el barón socialista Ximo Puig se basa en las alegaciones elaboradas por la Abogacía de la Generalitat Valenciana, que ya han sido remitidas al órgano consultivo del Gobierno, en las que se acreditan "defectos acaecidos en la tramitación del proyecto" en referencia al hecho de cambiar, posteriormente y sin aviso previo, un texto que fue sometido a votación y aprobado por el Consejo Nacional del Agua. En concreto, se refiere al cambio de redacción que sufrió la disposición adicional novena del proyecto de real decreto y, sobre todo, en la manera en que se llevó a cabo ese cambio.

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El primer texto de esa disposición vinculaba el establecimiento de los caudales ecológicos a una valoración previa del estado ambiental que presentasen las masas de agua, que fue aprobado mayoritariamente en la reunión del Consejo Nacional del Agua del pasado 29 de noviembre. Sin embargo, con posterioridad a ese encuentro, se procedió a efectuar una nueva redacción del texto que no es la que había sido sometida a debate y votación en el seno del Consejo Nacional del Agua, según indica la Generalitat Valenciana.

El nuevo texto "impone unos incrementos fijos e inamovibles de los caudales ecológicos hasta el año 2027 sin tomar en consideración ningún análisis previo del estado de las aguas, con el consiguiente y grave perjuicio para los regantes de la cuenca del Segura", argumenta.

Ese texto modificado "de manera unilateral" por el Ministerio para la Transición Ecológica, sin comunicar con anterioridad el contenido de ese cambio ni al Gobierno valenciano ni al propio Consejo Nacional del Agua, es el que finalmente ha llegado al Consejo de Estado, por lo que la Generalitat Valenciana entiende que "no ha sido sometido a los principios de participación ciudadana y concertación" y que, por tanto, podría haberse producido "una nulidad de pleno derecho en la emisión del informe preceptivo".

La Abogacía de la Generalitat Valenciana sostiene que se ha tomado "una decisión arbitraria basada en la libre voluntad de la Administración redactora de la norma" y que, durante el proceso, "se han vulnerado los principios de seguridad jurídica, confianza legítima, lealtad institucional, buen gobierno y transparencia", principios amparados por la Constitución y por el régimen jurídico de las administraciones públicas.

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Por estos motivos, pide que se introduzca de nuevo la versión original de la disposición adicional novena, relativa a los caudales ecológicos, que resulta "fundamental" para garantizar el mantenimiento del trasvase Tajo-Segura. Además, considera que el nuevo texto del ministerio habla de estudios y evaluaciones cuando, al mismo tiempo, fija de antemano unos caudales ecológicos al alza sin compromiso alguno de establecerlos en función de un análisis previo.

En consecuencia, la introducción de ese programa de seguimiento al que se alude en la redacción modificada "ha quedado totalmente desnaturalizada y se ha convertido en ilógica e inútil", de manera que el nuevo texto enviado por el ministerio al Consejo de Estado adolece de "falta de criterio y rigor técnico".

Tras alertar de que la nueva redacción "cuestiona el trasvase y no tiene en cuenta los impactos económicos que ocasiona", insiste en recuperar la versión inicial "para conseguir la seguridad hídrica, dado que la propia instrucción de Planificación Hidrológica considera la necesidad de un análisis previo a la fijación de los caudales ecológicos en el plan".

Las críticas de Andalucía

Las alegaciones que aprobado este martes el Gobierno andaluz en su primera reunión del año van en el mismo sentido que las registradas por el Ejecutivo valenciano, así como las de Murcia, que fueron registradas hace unos días. La consejera andaluza de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Carmen Crespo, ha aludido a una decisión de la vicepresidenta Teresa Ribera, aunque es cierto que el plan debe todavía pasar por el Consejo de Ministros para su aprobación definitiva.

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Este cambio puede afectar a 25.000 hectáreas de cultivo, sobre todo en Almería, de las que dependen 15.000 puestos de trabajo directos. Según la dirigente popular, la ministra sí ha confirmado que no habrá afectación al abastecimiento. Crespo ha solicitado también la compensación de la bonificación del agua desalada para evitar el alto precio que tiene. "Es la única alternativa que tienen muchos regantes y también para abastecimiento", ha apuntado la consejera andaluza, que reclama que el precio esté a 0,45 euros el litro para los regantes y no por encima de 1,40, como prevé que pueda subir sin la bonificación.

Crespo ha vuelto a comparecer tras un Consejo de Gobierno para dar cuenta de nuevas obras hídricas en la comunidad, ya sea para abastecimiento o para depuración. El Ejecutivo andaluz de Juanma Moreno presume de que todas las reuniones de su gabinete han incluido este tipo de trabajos, lo que demuestra la apuesta que hacen los populares en la materia. La tesis del dirigente popular es que casi un cuarto del PIB andaluz depende de la existencia de recursos hídricos, ya que el turismo y la agricultura dependen del agua en gran medida. Hace unos meses anunció un plan de 4.000 millones de euros para los próximos años, de los cuales ya hay 450 en el presupuesto que entró en vigor el pasado 1 de enero.