García Page califica de "histórico" el Plan del Tajo del Gobierno y Murcia acudirá al Tribunal Supremo

El presidente de la Junta de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, calificó este martes de "histórico" el Real Decreto de cuencas hidrológicas aprobado por el Consejo de Ministros, que fija caudales mínimos de forma progresiva en la cabecera de Tajo y conlleva un recorte de hasta 110 hectómetros cúbicos en el trasvase al Segura en el año 2027. En una comparecencia acompañado de los alcaldes ribereños y de las alcaldesas de Toledo y de Talavera de la Reina (Toledo), García-Page celebró la decisión del Gobierno y aseguró que lo que hace es cumplir con las directivas europeas y sentencias del Tribunal Supremo. "Hoy empieza a cambiar de color y tendencia una humillación histórica. El Tajo va a tener un caudal mínimo. Sonroja que hayamos tenido que pelear tanto para algo que entiende cualquier bebé. No podía ser el único río sin un caudal mínimo", declaró para augurar la apertura de "una nueva forma de entender la gestión del agua en España".

La opinión no es compartida por los presidentes de territorios receptores del trasvase. El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, avanzó que los servicios jurídicos de la comunidad presentarán un recurso ante el Tribunal Supremo (TS) para revertir una decisión que calificó de "arbitraria, política y sectaria". En una rueda de prensa celebrada en el Palacio de San Esteban, sede del Ejecutivo murciano, López Miras describió la aprobación del Plan Hidrológico del Tajo como "el mayor ataque político perpetrado a nuestra comunidad en las últimas décadas". "El 24 de enero de 2023 quedará marcado por desgracia en la historia de la Región de Murcia y de España", dijo, para señalar que "políticos que no han pisado esta tierra, ni sus campos, ni sus huertas, ni nuestras calles y casas, han sentenciado de muerte al trasvase Tajo-Segura".

Por contra, y pese a los recortes en los aportes de agua al Segura que conlleva el nuevo Plan Hidrológico del Tajo, el barón manchego, que agradeció la medida el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra Teresa Ribera, señaló que el decreto no busca "acabar con el trasvase" ni evitar que llegue "el agua para el Levante español". En el interés del Gobierno, afirma, ha estado también "preservar la gestión agrícola y de riego" en las autonomías receptoras del trasvase, el sur de la Comunidad Valenciana, Murcia y la provincia andaluza de Almería. Sin embargo, Page afirmó que la garantía de recursos hídricos se hará ahora "con medios diferentes y una base diferenciada de la salida cómoda de quitarle agua a la España seca que no tiene salida al mar", señaló apuntando a las inversiones en desalación como alternativa a los recortes.

TE PUEDE INTERESAR

El Gobierno aprueba el plan del Tajo con caudales mínimos y un recorte del trasvase al Segura

Víctor Romero. Valencia

El Ministerio de Transición Ecológica ha aprobado la aplicación de un caudal mínimo que en 2023 será de 7 metros cúbicos por segundo, en 2026 subirá a 8 metros cúbicos y en 2027, a 8,6, lo que implicará una reducción de los aportes al trasvase al Segura estimados en un máximo de 110 hectómetros. El departamento de Teresa Ribera, que estima una reducción de las precipitaciones de hasta el 14% en los próximos años, ha acompañado la planificación con un plan de inversiones en desalación, subvención de agua desalada e infraestructuras en depuración por valor de 880 millones de euros.

Los recortes hacia los territorios afectados, que llegan a cuatro meses de las elecciones autonómicas y municipales, eran rechazados por la Generalitat valenciana, la Región de Murcia y la Junta de Andalucía. Las tres habían presentado alegaciones el Consejo de Estado para fijar una disposición adicional que permita revisar a partir de 2025 los aportes en función de la situación del río. La respuesta del órgano consultivo ha sido reclamar a Ribera medidas para hacer "compatible" el Plan del Tajo con el trasvase y establecer mecanismos técnicos concretos para estudiar los caudales. Ribera no ha cambiado el decreto para introducir esa disposición, pero ha retocado el texto para que la revisión se haga a partir de la "calidad" del agua, monitorizando las inversiones que se hagan sobre todo en depuración en la Comunidad de Madrid.

Page dijo que entiende que los presidentes de las autonomías receptoras discrepen y puedan acudir la vía judicial contra el plan. Aunque señaló en referencia a su compañero socialista Ximo Puig que ha sido de los que más ha insistido buscar soluciones técnicas y que la aplicación de caudales se haga de forma progresiva para ir ejecutando las obras de compensación.

TE PUEDE INTERESAR

El Consejo de Estado reprocha a Ribera falta de trasparencia en el trámite del plan del Tajo

Víctor Romero. Valencia

La Generalitat valenciana espera a conocer el texto al detalle cuando se publique en el BOE para acudir a los tribunales. Las comunidades de regantes de Alicante ya han calificado de "injusto y dictatorial" el nuevo real decreto. Asaja-Alicante señaló que "imponer por la vía autoritaria" la sustitución de agua trasvasada por desalada "no garantiza una seguridad mínima al campo, pues una actividad tan importante como la agraria no se debería sustentar con el dinero prestado que supone el agua desalinizada subvencionada".

En Andalucía, aunque la afección es menor, también se suman a las protestas de Murcia y Valencia. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha reclamado al Ejecutivo central que rectifique en el recorte a las aportaciones de agua a la cuenca del Segura. Días atrás, desde el entorno de la consejera en materia de Aguas, Carmen Crespo, se hablaba del posible recurso, pero el político malagueño no ha concretado cómo será la posible acción judicial de Andalucía si el Ministerio de Transición Ecológica no revisa su postura.

Para Moreno, se trata de una decisión "injustificada", ya que echa en falta diálogo con las comunidades afectadas y con las propias organizaciones agrarias. El barón popular considera que la aprobación de los planes hidrológicos en su actual formulación puede "llevar a la ruina a un gran porcentaje del sector productivo del Levante". En Andalucía son los agricultores almerienses los más afectados, con 25.000 hectáreas de cultivo en jaque. Los cálculos del Ejecutivo andaluz es que en ellas trabajan 15.000 agricultores, según las cifras que aportó hace unas semanas Carmen Crespo, que apoyó a los regantes en la protesta ante el citado ministerio a principios de mes.

El Gobierno andaluz ya fue de la mano del valenciano y el murciano en las alegaciones que presentaron los tres gobiernos en el Consejo de Estado respecto a estos planes. Este martes, Moreno ha recordado que junto con Fernando López Miras, compañero suyo en el PP, también está el socialista Ximo Puig. Para el dirigente popular, se trata de una decisión motivada en un "compromiso político" de Pedro Sánchez, en referencia velada a un posible beneficio para el castellano-manchego Emiliano García-Page.