Sánchez domestica a Sumar y blinda 16.000 millones en defensa para su plan de rearme

El Gobierno de coalición, formado por PSOE y Unidas Podemos, ha dado luz verde a contratos por valor superior a los 16.000 millones en materia de defensa desde que está en funciones. En las nueve reuniones del Consejo de Ministros que se han celebrado desde el pasado 23 de julio, son numerosos los acuerdos o las celebraciones de contratos en esta materia y su índole es muy diversa. Van desde el acuerdo que permitirá, durante hasta 4 años, financiar el apoyo a los submarinos S-80 de la Armada a la adquisición de un sistema de aviones de vigilancia marítima. Y todo esto ha ocurrido sin que los morados o Sumar hayan levantado la voz de forma muy estridente a pesar del componente antimilitarista de estas formaciones.

Hay que tener en cuenta que esta cantidad no figura al completo en los Presupuestos Generales del Estado de un solo año. En muchos casos se trata de compromisos que se extienden durante varios años e incluso más allá de una legislatura. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el programa para adquirir los 25 nuevos eurofighters que sustituirán a los F-18 de fabricación americana que ahora prestan servicio en las Fuerzas Armadas. Esta medida se incluye en la modificación del techo de gasto que recibió luz verde en la reunión del Consejo de Ministros del 12 de septiembre y, en el caso de la sustitución de los cazas, se prolongará hasta 2035. Para entonces, el Estado habrá dedicado más de 4.500 millones de euros a este cometido.

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La reunión del 12 de septiembre es la que incluyó en su orden del día un mayor gasto, con unos 8.800 millones bloqueados en la próxima década para compra de materiales y programas de los tres ejércitos. Dentro del paquete estaba también la celebración del contrato para adquirir "un sistema aéreo de vigilancia multisensor" para sustituir a los actuales aviones de patrulla y vigilancia marítima. Según la referencia que se publica después de cada Consejo de Ministros, la tramitación del expediente para comprar estas 16 aeronaves servirá para "recuperar las capacidades militares necesarias para cumplir los objetivos de la OTAN para España". Y aquí, en esta frase, está la clave que explica el despliegue de gasto puesto en marcha por el Gobierno de Pedro Sánchez en materia de defensa.

La OTAN es la clave

El objetivo de muchas de estas compras o subidas del techo de gasto es "garantizar los compromisos nacionales adquiridos" con la Alianza Atlántica. Esto no es otra cosa que lograr el objetivo de dedicar el 2% del Producto Interior Bruto (PIB) a defensa. En 2022, el último año completo, el porcentaje dedicado al área que dirige Margarita Robles fue del 1,47% y el compromiso de Pedro Sánchez con la OTAN tiene como límite 2029, por lo que la lógica dice que este tipo de contratos no harán más que multiplicarse en la próxima legislatura si el socialista logra ser investido de nuevo y formar Gobierno. Un Ejecutivo del que formará parte Sumar con total seguridad si es que llega a formarse.

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Hay que tener en cuenta que muchos de los programas que han recibido luz verde en estas últimas semanas proceden de compromisos anteriores, pero el furor del gasto en defensa tiene mucho que ver con el escenario geopolítico. La guerra emprendida por Rusia, bajo mandato de Vladímir Putin, en Ucrania, ha dado la vuelta a los paradigmas que había hace apenas dos años. Los analistas, como ha informado antes este medio, encuentran otra explicación a este vigor inversor: el Estado de los materiales con los que cuentan las Fuerzas Armadas, que ha hecho casi obligatorio poner en marcha alguno de estos contratos.

El Gobierno de coalición, informa Enrique Andrés Pretel, ha impulsado en esta legislatura unos 25 nuevos programas de armamento (más de 26.000 millones de euros para ejercicios futuros), además de destinar recursos más de una docena de los que estaban curso. Pero sacarlos adelante necesita su burocracia. Los planes de armamento deben pasar dos veces por el Consejo de Ministros, una para recibir luz verde y otra para la autorización del contrato. Defensa había impulsado desde el inicio de la invasión de Ucrania 18 nuevos proyectos y el sector se preparaba para digerir más de 15.000 millones de euros pendientes de luz verde definitiva antes del adelanto electoral.

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Lo que ha ocurrido después es que muchos de esos programas son los que han ido recibiendo la bendición del Consejo de Ministros después de la convocatoria electoral. Unidas Podemos ha protestado por estas decisiones, aunque sin grandes alharacas. Ione Belarra, secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales publicó un tuit el 15 de septiembre, dos días después de la reunión que dio luz verde a 8.800 millones de gasto, para mostrar su disconformidad. "Cada euro que se destina al aumento del gasto militar no se dedica a la sanidad, la educación o proteger económicamente a las familias", expresó la dirigente morada en su cuenta de X, el antiguo Twitter. Fuentes de Unidas Podemos añaden que Belarra mostró su rechazo a los contratos y acuerdos en el seno del Consejo de Ministros.

El PSOE, por su parte, rehúye del debate militar e impulsa este tipo de decisiones amparado por los compromisos de Sánchez con la OTAN, que no se han visto afectados por las elecciones ni por los casi tres meses que lleva el Gobierno en funciones, como demuestran las decenas de acuerdos aprobados en estas fechas. Este tipo de decisiones no tienen que pasar por el Congreso, donde podría incluso recabar el apoyo del PP, que se ha mostrado abierto a hacerlo. No obstante, llevar el debate a la Cámara baja daría pie a una disensión entre los socios del Ejecutivo y del PSOE con algunos de los potenciales aliados que deben apoyar la investidura de Sánchez. En esta práctica se encuadra también la decisión de modificar el acuerdo con EEUU para ampliar el número de buques destacados en la base de Rota, que no ha pasado por la Carrera de San Jerónimo.