Los autos pioneros contra el fraude al cambiar de sexo: "No puede ser automático"

Un juez del Registro Civil de Las Palmas de Gran Canaria acaba de denegar esta semana la petición de un hombre, sargento del Ejército del Aire, que solicitó quedar registrado como mujer. El magistrado entendió que el objetivo del varón era beneficiarse de la discriminación positiva y optar a un ascenso laboral de manera más ventajosa, ya que quería promocionar a subteniente por esta vía. El caso ha destapado las peticiones, muchas veces sorprendentes, a las que se enfrentan los Registros de toda España tras la entrada en vigor de la Ley Trans y también los numerosos intentos de fraude. A través de distintas resoluciones, se han ido sentando las bases de la denegación de estas demandas de cambio de sexo. En resumen, los jueces concluyen que es necesario realizar comprobaciones y cierran la puerta a modificaciones registrales automáticas.

Según ha informado el TSJ canario, los dos primeros autos dictados en España de los que se tiene conocimiento público se remontan al pasado julio y fueron dictados por el magistrado al frente del Registro Civil de San Bartolomé de Tirajana. Sirvieron de modelo para inspirar resoluciones análogas en otros juzgados de España. En ellos se encuentran varias de las claves que están aplicando para prevenir engaños.

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La ley establece que, una vez el registro recibe solicitud, se cita a la persona interesada para que comparezca. En ese acto se deberá incluir la elección de un nuevo nombre propio y se informa al solicitante de las consecuencias jurídicas de la rectificación sobre su género. Esta previsión debe, sin embargo, compaginarse con la Ley de Registro Civil de 1957. En ella se especifica que el encargado del Registro debe velar "por la concordancia del Registro y la realidad". "La certeza de los hechos será investigada de oficio, sin perjuicio de la carga de la prueba que incumba a los particulares", agrega.

Y es precisamente esto lo que está ocurriendo. En el caso pionero que sirvió de modelo, se rechazó una inscripción después de que el juez encargado del Registro Civil dedujera que se estaba incurriendo "en un notorio fraude". Si bien es cierto que la Ley Trans no condiciona el ejercicio del derecho a la rectificación de sexo a la expedición de informe médicos o psicológicos; como tampoco al cambio de funciones o apariencias corporales, la conclusión es que "no puede consistir en un mero automatismo accionado por una simple solicitud" para evitar, entre otras cosas, un abuso de derecho. En aquella situación concreta, el juez apreció que el solicitante hacía la petición "obedeciendo a un ánimo espurio" al observar que aunque manifestaba que se sentía mujer desde siempre "no se lo comentó a familiares y amigos". "Es del todo incongruente y contrario a máximas de la experiencia que una persona que se siente mujer lo manifieste a través de la rectificación del sexo en el registro civil antes de compartirlo con sus allegados", decía el auto. Tampoco había contactado con ninguna asociación de transexuales ni conocía los requisitos previos a la ley, quería mantener su nombre de varón y reconocía que el cambio de sexo "le beneficiará en las oposiciones y acceso al empleo".

En el segundo auto de julio, basado en la misma argumentación, se incluía como detalle suplementario la elección de nombre de la persona solicitante, que había reclamado denominarse "Anarkia Gnosia". De la elección de este apelativo y el resto de indicios señalados, el juez concluía "que el objetivo del solicitante nada tiene que ver con sus sentimientos hacia la rectificación registral".

El sargento

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Canarias hace unos días, la clave de la denegación del caso del sargento está en la aplicación de este mismo sistema de comprobación. La autoridad judicial, tras citar al interesado a la comparecencia, llegó a la conclusión de que, de sus manifestaciones, "no es posible deducir con suficiente certeza que la finalidad perseguida en su solicitud se acomode al objetivo perseguido por la Ley".

Opinión

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"Antes al contrario, se colige que va dirigida a la obtención de las consecuencias jurídicas que, para promover la igualdad a través de la discriminación positiva, esta y otras leyes establecen para las mujeres o para las personas trans, sin que exista una voluntad real de expresión de género como mujer", exponía.

La decisión sirvió a la ministra de Igualdad en funciones, Irene Montero, para reivindicar que la Ley Trans es segura. "El Estado de Derecho funciona perfectamente, tenemos un Estado seguro que aplica sus leyes", manifestó y añadió que esta norma buscaba "salvar la deuda histórica" con este colectivo con medidas como el reconocimiento de su derecho a la libre determinación de género, la prohibición de las terapias de conversión, el reconocimiento de los derechos para las personas lesbianas y bisexuales y, en general, "ampliar las posibilidades de felicidad de todas las personas".