El PP no recurrirá la ley trans al TC por falta de "garantías", pero promete su derogación
Génova advierte de que la norma puede convertirse en un "remake' del solo sí es sí", pero cierra la vía del recurso por el cambio de mayorías en el Constitucional y el temor a que la resolución no llegue en años, como ha sucedido con el aborto
España reconocerá a partir de ahora la autodeterminación de género tras la aprobación definitiva de la ley trans, a la que el Congreso dio luz verde definitiva este jueves en el Congreso. Más allá de la profunda brecha que se abrió en el Gobierno de coalición durante todo el proceso de tramitación, el PP también se levantó en armas contra la norma. Los populares no solo tachan el texto de "inconstitucional", sino que advierten de que puede convertirse en un "remake de la ley del solo sí es sí" por el "conteo insoportable de víctimas" que provocará, tras garantizar el libre cambio de sexo desde los 16 años y desde los 12 años con algunas condiciones.
En su día, los populares sopesaron la idea de llevar la norma al Tribunal Constitucional, al entender que no faltaban razones para que este órgano admitiese un eventual recurso. Era la idea que sobrevolaba las filas del partido el pasado mes de diciembre, alentados por el espaldarazo que recibió Génova después de que el TC frenase la tramitación correspondiente a la reforma del CGPJ y del propio TC que el Ejecutivo quería colar en su modificación del Código Penal, correspondiente a los delitos de sedición y malversación. El PP no ha cambiado de postura respecto a la ley trans, pero sí atisban que el escenario ha cambiado y ya no podrían afrontar con "garantías" un proceso judicial de estas características. La formación, por el momento, cierra la vía del TC para revertir la norma.
Fuentes del PP esgrimen dos motivos que explican esta postura. En primer lugar, por el cambio de mayorías en el Tribunal Constitucional y el peso mayoritario de los magistrados progresistas en el órgano, entre ellos, los dos nombres propuestos por el Ejecutivo: el exministro de Justicia Juan Carlos Campo y la exasesora de Moncloa Laura Díez, además del nuevo presidente del TC, Cándido Conde-Pumpido. El pasado 8 de febrero, el órgano rechazó la recusación contra tres de sus integrantes para intervenir en el debate y sentencia de la ley del aborto de 2010, una iniciativa presentada por cinco exdiputados del PP, liderados por Federico Trillo.
El segundo motivo tiene que ver con la posible dilatación del proceso. Los populares temen que un recurso contra la ley trans se quede en el cajón durante años, como ha sucedido con la ley de plazos de 2010, cuyo fallo vio la luz hace solo unos días, después de 13 años bloqueado en el Constitucional. El PP asume que Feijóo llegará a la Moncloa cuando vuelvan a convocarse elecciones generales, previstas para final de año, por lo que obvian la vía judicial y se comprometen a atajar el asunto desde el Gobierno. Hace unos meses, el jefe de la oposición se comprometió a derogar la ley trans, promovida por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero. Y ese compromiso sigue plenamente vigente.
El PP comparte la necesidad de promover una legislación que garantice los derechos de este colectivo, pero cree que la norma impulsada por el Ejecutivo es "equivocada" y "dañina", como defendió la diputada María Jesús Moro durante el turno de fijación de posiciones en la Cámara Baja. "No estamos para experimentar con las personas", despachaba. "No estar de acuerdo con sus leyes equivocadas no significa estar en contra de las personas transexuales y LGTBi o contra sus derechos".
A la gente no le sirve que Sánchez diga de nuevo, dentro de tres meses, que hay que cambiar la Ley Trans.
— Grupo Popular Congreso (@GPPopular) February 16, 2023
🗣️ @MoroMjesus: "Sus tropiezos y empecinamientos dañan a los españoles, especialmente a los niños y a las mujeres".#OtraLeyChapuza pic.twitter.com/IcfnBjijEz
Entre el listado de quejas de los populares se encuentra la "desprotección" de los menores de edad, ya que a partir de los 14 años solo es necesario el consentimiento paterno para un cambio registral. Desde los 16 años, solo se necesitaría la voluntad de la persona para autorizar un cambio de sexo. La ley acaba con la patologización de la transexualidad en España, ya que no serán necesarios informes médicos o psicológicos que acrediten disforia de género, ni tampoco haberse sometido a un proceso de hormonación previa. Los populares defienden volver a contar con este requisito, además del consentimiento paterno y vetar del proceso a los menores de 16 años.
En los últimos meses, el PP ha iniciado un acercamiento paulatino a asociaciones pertenecientes al llamado feminismo clásico, con las que mantiene un contacto fluido para armar su alternativa a la ley trans si logra llegar a la Moncloa. Se trata de una corriente que sigue viva en el PSOE, cuyo principal exponente es la exvicepresidenta primera del Gobierno Carmen Calvo, que volvió a abstenerse este jueves durante la votación definitiva de la norma. El PP destaca también la "valentía" de la senadora socialista Susanna Moll, que votó en contra de la ley trans en su paso por la Cámara Alta.
España reconocerá a partir de ahora la autodeterminación de género tras la aprobación definitiva de la ley trans, a la que el Congreso dio luz verde definitiva este jueves en el Congreso. Más allá de la profunda brecha que se abrió en el Gobierno de coalición durante todo el proceso de tramitación, el PP también se levantó en armas contra la norma. Los populares no solo tachan el texto de "inconstitucional", sino que advierten de que puede convertirse en un "remake de la ley del solo sí es sí" por el "conteo insoportable de víctimas" que provocará, tras garantizar el libre cambio de sexo desde los 16 años y desde los 12 años con algunas condiciones.
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