Letrados del Congreso buscan fórmulas para desentenderse de las traducciones del diario de sesiones

El Congreso de los Diputados ya se ha desentendido de la fidelidad de las traducciones que acompañan a la señal que retransmite en directo desde su página web y sopesa nuevas fórmulas para hacer lo propio con las palabras en catalán, euskera y gallego incluidas en el diario de sesiones. Fuentes jurídicas de la Cámara Baja aseguran que el equipo de letrados busca una receta similar a la que ya se incorporó a la retransmisión por streaming del pleno este martes, para dejar constancia de que la institución no se hace responsable de la traducción, en este caso, escrita.

Son las funcionarias del cuerpo de redactores taquígrafos y estenotipistas de las Cortes Generales quienes se encargan de plasmar lo ocurrido en plenos y comisiones, y esto trasciende la transcripción literal de los discursos. Dan fe de lo que ocurre, y son responsables del documento oficial que lo recoge. El Estatuto de Personal apunta que no tienen "superiores jerárquicos" directos, afirman fuentes jurídicas. Según estas fuentes, mantienen que su responsabilidad abarca las palabras pronunciadas en castellano, la lengua en la que trabajan.

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El problema llega, explican, cuando se contempla que parte de lo plasmado en el diario de sesiones no tenga su aval, e incorpore una advertencia sobre las palabras transcritas en las lenguas oficiales en las comunidades autónomas, que no conocen, y cuya veracidad no pueden corroborar. El documento, aseguran "tiene que ser íntegro, no parcial". Es decir, no puede ser considerado oficial a medias, por partes.

La previsión es que el diario de sesiones que recoge lo pronunciado y los sucesos acontecidos en el pleno del martes vea la luz este viernes, pero no se descarta que pueda volver a retrasarse -suele publicarse 24 horas después, pero no hay un plazo cerrado-. Y la Cámara aún no puede aclarar si habrá o no mención a que el Congreso no puede hacerse responsable de la veracidad de las transcripciones en lenguas cooficiales. En ejemplos del diario de sesiones de plenos del Senado en los que se pueden utilizar las tres lenguas oficiales en sus respectivas comunidades autónomas, durante el debate de mociones, no se incluye advertencia alguna. En estos casos, se incluye en primer lugar la transcripción original, y seguidamente una traducción al castellano.

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La reforma del reglamento para poder utilizar el catalán, el euskera y el gallego vio la luz este jueves, con 180 votos a favor y 170 en contra. Estos días, un acuerdo de la Mesa posibilitó la adopción de medios humanos y materiales para poder utilizar estas lenguas en el primer pleno de la legislatura, contando con el respaldo de traductores externos. El procedimiento adoptado, explican desde el Congreso, es similar al que ya se sigue, desde 2010, en la Cámara Alta.

Tras el pleno, se remiten a una empresa externa los audios de las intervenciones en las tres lenguas oficiales en las respectivas CCAA. Los traductores retornan una transcripción de las palabras pronunciadas en estas lenguas, y el planteamiento es que ésta sea incorporada en el diario de sesiones. Otra cosa es que las taquígrafas estén dispuestas a darle su aval.

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El diario de sesiones es un documento público oficial, pero una cláusula de exención de responsabilidad como la que ya se ha incorporado a la transcripción del vídeo del pleno haría peligrar este estatus, sepultando su "eficacia probatoria". "Si un tribunal lo reclama, no consta como documento oficial". Las taquígrafas no solo dan fe de lo que pronuncian sus señorías desde la tribuna de oradores o desde su escaño. Si hay rumores, gritos o insultos —a menudo imperceptibles para los micrófonos— que la presidencia no percibe, son estas funcionarias las que dan fe de las palabras pronunciadas.

"No pagarías al notario si te da una escritura pública de la que no se hace cargo", zanjan las fuentes jurídicas consultadas. Citan artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil, como el 317, que se especifica qué se consideran documentos públicos "a efectos de prueba" en un proceso judicial.

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"Los expedidos por funcionarios públicos legalmente facultados para dar fe en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones (...) Los que, con referencia a archivos y registros de órganos del Estado, de las administraciones públicas o de otras entidades de derecho público, sean expedidos por funcionarios facultados para dar fe de disposiciones y actuaciones de aquellos órganos, administraciones o entidades", reza este artículo. Una exención de responsabilidad sobre las traducciones, afirman, pondría en riesgo la integridad del documento al completo.