Un diente roto y puntos: la pelea a la que se agarra Daniel Sancho para evitar las cárceles de Tailandia

La defensa de Daniel Sancho confía en lograr su extradición a España pese a haber confesado ser el autor de la muerte y descuartizamiento del colombiano Edwin Arrieta en la isla de Koh Phangan (Tailandia). La clave gira en torno a lo ocurrido a las cuatro de la madrugada del 9 de noviembre de 2019 en la calle madrileña de José Abascal, cuando propinó un puñetazo a otro hombre. La celebración de este juicio sigue pendiente y su defensa se agarra a que España debe pedir ahora su entrega para sentarle en el banquillo. La estrategia es sencilla: para cambiar las cárceles tailandesas por las españolas, hay que reactivar un procedimiento que ya nadie recordaba.

La Fiscalía de Madrid no había movido ficha en esta causa desde que solicitó un año de cárcel para él en abril de 2021. Su escrito de acusación, al que ha tenido acceso El Confidencial, relata cómo Sancho se saltó una cola de taxis y pegó un puñetazo a un hombre que se lo recriminó. La víctima de la agresión acabó con cinco puntos de sutura y un diente roto. "En concepto de responsabilidad civil, el acusado indemnizará a J. C. en la suma de 600 euros por las lesiones y en la suma de 1500 € por las secuelas, y en la cantidad en que se tase en la sentencia el tratamiento odontológico necesario para reponer los dientes", concluyó el fiscal.

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El escrito de acusación también solicitaba "averiguar la capacidad económica y medios de vida" de Sancho, pero a comienzos de 2022, tras notificarle la apertura del juicio oral, el procedimiento quedó congelado. El juzgado no llegó a fijar una fecha para la vista oral y la agresión cayó en el olvido hasta su detención en Tailandia a comienzos de agosto. A partir de ahí, con una petición de cadena perpetua o incluso de pena de muerte sobrevolando el caso, sus abogados se centraron en lograr su vuelta a España y, el pasado 8 de septiembre, recordaron aquel puñetazo para pedir a la Justicia española que iniciara los trámites de entrega con Tailandia.

Esta petición ha recaído en el mismo juzgado que se hizo cargo de la investigación, el número 21 de Madrid, pero por el momento, la Fiscalía ya se ha posicionado en contra. Según anunciaron este martes, existen medidas "alternativas" como celebrar el juicio por videoconferencia, "no consta" que se marchara de España para evitar este procedimiento y la petición de un año de cárcel ni siquiera permitiría su ingreso en prisión preventiva. De hecho, "la pena imponible por este delito puede ser alternativamente la pena de multa" y Sancho siempre ha estado a disposición de las autoridades judiciales españolas cuando se le ha requerido, lo que descartaría el riesgo de fuga.

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A esto se suma Tailandia y España no cuentan con un tratado de extradición. Su acuerdo de 1987 respecto a la cooperación en materia de ejecución de sentencias penales sigue vigente, pero su artículo 2 deja claros los límites de su aplicación: "Que la infracción penal por la cual el delincuente haya sido declarado culpable y condenado constituya un delito que sería considerado igualmente como tal en el Estado receptor, si hubiera sido cometido en dicho Estado". Por mucho que se trate de forzar este acuerdo, a Sancho se le reclamaría para juzgarle por el puñetazo de 2019, no porque ya "haya sido declarado culpable y condenado" por el mismo.

Como informó el periodista Luis Garrido-Julve en este periódico, pedir la extradición para ingresar en una cárcel de su país es posible para un reo cuando ha cumplido la mitad de la condena, pero ante una hipotética cadena perpetua, ese escenario también se complica. Para llevar a cabo dicha entrega, tendría que intervenir el Ministerio de Asuntos Exteriores español, y el proceso no sería fácil. El puñetazo de 2019 tiene, por tanto, pocas posibilidades de acelerar esta vía y la Fiscalía lo ha dejado claro, aunque al mismo tiempo, la simple petición logró un cambio: los abogados de Sancho ya no solo centran su defensa en Tailandia, sino también en los tribunales españoles.