Dudas en el Supremo sobre la estimación de los recursos contra los indultos

La Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo comenzará a deliberar desde este jueves sobre los recursos que en su día presentaron contra los indultos los principales partidos de la oposición, entre ellos el PP. Los cinco magistrados encargados de la decisión tienen fuertes dudas sobre la pertinencia de estimar las reclamaciones planteadas. Al menos una parte de la sala considera que los recurrentes carecen de legitimación y a ello se añaden los cambios legislativos que el Gobierno promovió tras concederlos. La reforma que eliminó la sedición y aligeró la malversación plantea la posibilidad de una pérdida de objeto, aseguran distintas fuentes jurídicas consultadas por El Confidencial.

La sección está integrada por magistrados conservadores y progresistas y arrancará el estudio en pleno debate sobre la aprobación de la ley de amnistía. La decisión está en manos de Ángel Arozamena, Wenceslao Olea, Fernando Román, Ángeles Huet y Pablo Lucas, actual presidente en funciones de la Sala Tercera y el último en incorporarse a la sección. Si las dudas se convierten en certezas, el TS no entraría a valorar el fondo de los recursos ni se pronunciaría, por tanto, sobre la forma en que el Ejecutivo de Pedro Sánchez motivó la concesión de la gracia. Aseguró entonces —de forma muy parecida a recientes declaraciones— que el perdón era adecuado para favorecer la concordia en Cataluña.

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El argumento de la pérdida de objeto ya fue abordado. Tras la aprobación de la reforma legal pactada por el Ejecutivo con ERC, el Supremo archivó los recursos contra los indultos concedidos por el Gobierno en junio de 2021 que afectaban a la expresidenta del Parlamento de Cataluña Carme Forcadell y los exconsellers Joaquim Forn y Josep Rull. Todos ellos fueron condenados por sedición a penas que superaban los 10 años de cárcel en el juicio del procés, pero, tras la reforma, "la totalidad o parte de la condena que les fue impuesta e indultada resulta ya imposible, por lo que el presente proceso debe estimarse concluido por pérdida de objeto, debiendo procederse a su archivo", explicó entonces el alto tribunal.

La decisión, que ahora amenaza con extenderse, se adoptó después de que la Sala de lo Penal del Supremo revisara su sentencia sobre el 1-O. Los condenados quedaron divididos en tres grupos en función de los delitos que les atribuyen los magistrados: a Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, desobediencia y malversación agravada; a Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, el nuevo delito de desórdenes públicos agravados, y a Carme Forcadell, Joaquim Forn y Josep Rull, solo el de desobediencia. Este último no está penado con cárcel.

Legitimación

La revisión de los recursos de los indultos ha sufrido varios vaivenes. Después de que fueran inadmitidos, la Sección Quinta revirtió su decisión y pasó a admitirlos. Explicó que lo hacía porque no es "deseable" que un ámbito como la gracia, que permitió exonerar a Oriol Junqueras y al resto de condenados, sea "inmune al control jurisdiccional". Los autos ya se referían a la complejidad para analizar la legitimación activa de los recurrentes, entre los que se encuentran el PP, Vox y Ciudadanos, y advertía de que "una decisión de tal calado" no puede despejarse en una fase inicial, sin ni siquiera entrar a valorarla.

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En un inicio, esa misma sección, con otra composición, rechazó de plano resolver sobre las decenas de impugnaciones que se presentaron. La entrada de una nueva magistrada fue clave para cambiar las cosas. La sala estimó todos los recursos, excepto el interpuesto por la entidad Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén.

La legitimación de los partidos y políticos recurrentes es uno de los puntos clave y en algunos de los autos se indica que "no puede condicionar el proceso, sino que solo puede ser determinada cuando se examine el derecho material reclamado". Ese examen solo puede hacerse en sentencia, advertía el TS. También indicaba que los indultos parciales concedidos por el Gobierno en este caso lo fueron por delitos "muy singulares". "Contra la sociedad, que protegen bienes jurídicos colectivos", aseguraba.

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Además del PP y Vox en calidad de partidos, recurrieron al Supremo los dirigentes de Ciudadanos Inés Arrimadas, Carlos Carrizosa y José María Espejo-Saavedra; los diputados y exdiputados del PP en el Parlamento de Cataluña Alejandro Fernández, Santiago Rodríguez, Andrea Levy, Juan Bautista Milian y Lorena Roldán; dos asociaciones —Convivencia Cívica Catalana y Pro Patrimonium Sijena y Jerusalén—, y el exdelegado del Gobierno en Cataluña Enric Milló.