Puigdemont prepara una nueva ofensiva en Europa tras el rechazo del Constitucional

El expresidente de Cataluña Carles Puigdemont acudirá hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo para tratar de revocar la orden nacional de arresto dictada por el Tribunal Supremo y avalada este miércoles por la Sala de Vacaciones del Tribunal Constitucional. Así lo han confirmado a El Confidencial fuentes de su defensa, que deslizan una intencionalidad política en la rapidez con que han inadmitido su recurso de amparo. Con dos votos a favor y uno en contra, esta Sala de Vacaciones del TC inadmitió su petición como medida cautelar de paralizar la orden de arresto dictada por el juez del procés, Pablo Llarena. La Fiscalía recurrirá esta resolución para que el fondo de la cuestión sea discutido por todos los jueces del órgano en septiembre.

La defensa jurídica permanece atenta a la espera de activar de nuevo la vía europea. El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, emitió un comentario en su cuenta de Twitter donde ironizó sobre la velocidad con la que el TC ha rechazado sus pretensiones: "Lo que no podemos decir es que el Constitucional no trabaja... el recurso lo presentamos el 31 de julio y ya está resuelto... ni un juicio rápido es tan rápido". Desde el soberanismo, entienden que el máximo garante constitucional ha aprovechado la mayoría conservadora entre los tres jueces que componen la Sala de Vacaciones para adoptar con premura una decisión contraria a los intereses del líder independentista, fugado de la Justicia desde 2017.

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Fuentes jurídicas del Tribunal Constitucional consultadas por este periódico desmienten una posible motivación política tras el fallo. Alegan que existe una Sala de Vacaciones para abordar cuestiones urgentes como esta, dado que el recurso de Puigdemont pedía tumbar su orden de arresto como medida cautelar antes de entrar en el fondo de la cuestión. Directamente, se ha inadmitido de plano. Ponen como ejemplo la diferencia con el caso de la también fugada Clara Ponsatí, quien ha recurrido su orden de detención, pero sin plantear una medida cautelar, por lo que los jueces todavía no lo han abordado.

Estas fuentes entienden que así se ha evitado una situación de inseguridad jurídica en el caso de que Puigdemont hubiese regresado a España tras haber recurrido la orden de Llarena del pasado 13 de junio. "Esta Sección de Vacaciones es la competente para conocer sobre la decisión de admisión del presente recurso de amparo, al venir esta exigida por la necesidad de resolver sobre la solicitud de adopción de la medida cautelarísima", dice el auto. La Sala de Vacaciones está compuesta por los magistrados Concepción Espejel, César Tolosa y Laura Diez.

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Esta última ha emitido un voto particular discrepante. Opina que había que haber esperado a tomar la decisión con el resto de los compañeros en septiembre, como se ha hecho hasta ahora en todo lo que atañe al procés. A su entender, la urgencia se daría en el caso de que el fugado hubiese regresado a España, extremo que no se ha producido.

Los abogados de Puigdemont alegaron que la orden de arresto de junio es "manifiestamente desproporcionada", niegan la imparcialidad de Llarena y la competencia del Tribunal Supremo. Añade el expresidente huido que atenta contra la inmunidad que le reconoce el Parlamento Europeo en su condición de eurodiputado electo en 2019.

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El pasado 5 de julio, el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) despejó el camino para que Llarena reactivase la euroorden contra Puigdemont al retirarle la inmunidad como eurodiputado, que tenía activada cautelarmente. La corte comunitaria rechazó los dos recursos presentados por la defensa de Puigdemont, Comín y la también exconsellera y eurodiputada Clara Ponsatí, levantando su protección parlamentaria y avalando los suplicatorios concedidos por la Eurocámara para que Llarena pudiera procesarlos.

La defensa del líder independentista informa que también recurrirá esta decisión en las próximas fechas. La ventanilla en este caso es la del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y Puigdemont cuenta con dos meses para proceder a ello. Consciente de ello, Llarena ha rechazado reactivar la captura internacional a la espera de conocer el resultado de este otro frente judicial continental que, de momento, permite a Puigdemont moverse por Europa sin ser detenido.

La defensa del expresidente trata de dilatar los tiempos y Llarena ya mira de reojo una nueva fecha clave para el procedimiento: las elecciones europeas de junio de 2024. El propio juez incluye una frase reveladora en la resolución que notificó el pasado julio para rechazar la emisión de una nueva orden internacional de detención por el momento: "La iniciativa jurisdiccional debería poder alcanzar la finalidad para la que está prevista, siendo una anomalía que la constitución de un nuevo Parlamento en junio de 2024 obligue a este instructor a reiniciar el proceso". Las próximas elecciones europeas no se celebrarán hasta junio de 2024, pero el magistrado ya advierte sobre el riesgo que conllevaría sobrepasar esa línea roja.