La Fiscalía investiga por prevaricación al policía que colocó Ábalos en el ministerio

La Fiscalía investiga una denuncia por presunta prevaricación al inspector de Policía Nacional Rubén Eladio López Martínez según informan a El Confidencial fuentes del Ministerio Público. Es el mando de confianza del Gobierno, y el exministro de Transportes José Luis Ábalos le colocó en su organigrama en pleno escándalo por el caso Delcygate. Este policía desempeña un cargo en la sede de Nuevos Ministerios y ha protagonizado en los últimos meses un conflicto con la Guardia Civil a raíz de un cambio de protocolo en el complejo gubernamental con riesgo para la seguridad, según denuncia el Instituto Armado.

Las mismas fuentes consultadas afirman que la Sección de Delitos Económicos de la Fiscalía Provincial de Madrid remitió el 30 de mayo una diligencia de ordenación a Rubén Eladio López Martínez en la que le pedía cuentas de este cambio, que ha generado una guerra entre cuerpos policiales en el seno de unas instalaciones oficiales del Gobierno en pleno paseo de la Castellana. Tiene que ver con las competencias de seguridad en los edificios y ha contado con enfrentamientos verbales, tensión y hasta un cambio de cerradura sin previo aviso por parte de este inspector de Policía Nacional.

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El último episodio es un correo remitido por este policía dirigido a los vigilantes privados del ministerio en el que les insta a no ceder ante la Guardia Civil porque esta "no tiene competencia alguna". Rubén Eladio fue nombrado director general de Emergencias y Gestión de Crisis de Transportes por el ahora candidato del PSOE al Congreso de los Diputados José Luis Ábalos. La actual ministra, Raquel Sánchez, le ha mantenido hasta ahora en el puesto. El Instituto Armado le acusa de estar “perjudicando gravemente la seguridad”. La situación obligó a intervenir hace semanas al Ministerio del Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska.

La Secretaría de Estado de Seguridad remitió un escrito a Transportes en el que apoyó a los guardias civiles. El nuevo protocolo del que se quejan los agentes del Instituto Armado dice que no pueden portar su arma reglamentaria dentro de los edificios oficiales y que tienen que identificarse con un documento de identidad ante los vigilantes de la seguridad privada cuando quieran acceder. Desde la Secretaría de Estado de Seguridad se dejó claro que el uniforme y la tarjeta profesional son suficientes, y que un miembro de las fuerzas de seguridad puede portar su arma reglamentaria en el ejercicio de sus funciones. En ningún caso la puede entregar a un vigilante.

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Según las fuentes consultadas por este periódico, la Fiscalía se ha interesado por el cambio en “el protocolo de actuación de visitantes de la sede central del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en lo relativo al acceso de miembros y fuerzas de seguridad en concreto a la insistencia de identificación con algún documento de identidad personal que con carácter general se establece para aquellos en el acceso al edificio”. El Ministerio Público todavía no ha recibido respuesta de Rubén Eladio López. Este periódico se puso en contacto con Transportes para recabar su versión del conflicto, pero no ha recibido respuesta.

“Se interesa que en el informe se recoja si efectivamente la modificación del protocolo operada el 26 de julio de 2022 se materializó y si producto de la misma los guardia civiles que acudían al edificio no a título personal sino por razones de prestación de servicio no podían identificarse con su tarjeta profesional viéndose obligados a hacerlo con DNI pasaporte o carnet de conducir”, concluye la diligencia. La denuncia parte de la Unidad de Protección y Seguridad de la Guardia Civil.

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Entró en Fiscalía el 16 de mayo y se investiga como un presunto delito de prevaricación de funcionario público. El Código Penal establece una pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público por un tiempo de entre nueve y 15 años para la autoridad o funcionario público que, a sabiendas de su injusticia, dictare una resolución arbitraria en un asunto administrativo.

La denuncia que investiga la Fiscalía también va dirigida contra el número dos de Rubén Eladio en ese departamento de seguridad del ministerio. Su nombre es Mateo Cuadrado Girona y en febrero envió un correo a la Guardia Civil en el que aseguraba seguir instrucciones de su jefe. En ese escrito, al que ha tenido acceso este periódico, limitaba los accesos de los guardias civiles al edificio de Transportes. Ante los “serios incidentes” ocurridos, instaba al responsable del Instituto Armado a que diera órdenes a sus subordinados de deponer su actitud. “De lo contrario, el servicio de Seguridad del Ministerio de Transportes actuará en consecuencia”, zanjaba la misiva.

Rubén Eladio López integró hace años la Unidad de Asuntos Internos, donde investigó al polémico comisario Villarejo y al conocido como el pequeño Nicolás. Fue cesado de sus funciones y él lo achacó a la campaña de desprestigio impulsada desde los medios de comunicación. Recientemente, la Justicia tumbó sus maniobras contra periodistas en los tribunales. Antes de eso, se querelló sin éxito contra la última cúpula policial del PP y el responsable de la investigación contra Villarejo que provocó la apertura de decenas de piezas en la Audiencia Nacional. Lo mismo sucedió contra este periódico, que desveló su visita a Marruecos con los gastos pagados para reunirse con un empresario afín a los servicios secretos de Marruecos.