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Interior respalda a la Guardia Civil en su guerra con el policía que colocó Ábalos en Transportes
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Meses de enfrentamientos

Interior respalda a la Guardia Civil en su guerra con el policía que colocó Ábalos en Transportes

El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska redacta un escrito para poner límites al protocolo impuesto por el inspector Rubén Eladio López en el ministerio de Raquel Sánchez

Foto: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez (2i). (EFE/Zipi)
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, junto a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez (2i). (EFE/Zipi)
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El Ministerio del Interior respalda a la Guardia Civil en el pulso que mantiene desde hace meses con el inspector de Policía Nacional que fichó el exministro José Luis Ábalos como alto cargo en el Ministerio de Transportes. Este oficial se llama Rubén Eladio López e impuso un protocolo de seguridad en la sede de Nuevos Ministerios de Madrid, donde hay varios edificios oficiales. Quiere que los guardias civiles tengan prohibido portar armas en el interior del edificio, donde tienen sus dependencias. También instó a los agentes de seguridad privada a identificar con el DNI a los uniformados. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha redactado un escrito remitido al Ministerio de Transportes en el que pone coto a los planes de este inspector.

Según informa el Ministerio del Interior a El Confidencial, la Subdirección de Inspección de Personal y Servicios de Seguridad, que depende de la Secretaría de Estado de Seguridad, remitió a finales de la semana pasada su escrito al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), que dirige Raquel Sánchez. En ese documento, se reconoce la capacidad de cada área de seguridad ministerial para diseñar sus protocolos, pero pone límites a dos de los principales escollos que han detonado el conflicto. En Interior, no están de acuerdo con la unilateralidad impuesta por el policía. Según informa el ministerio, en caso de que no se ponga fin a este pulso, darán un paso más y plasmarán estas directrices en un oficio de obligado cumplimiento. El Departamento de Transportes ha eludido hacer comentarios al ser preguntado por esta cuestión.

Foto: El inspector Rubén Eladio López, junto al exministro Ábalos.

La postura manifestada por Interior es que un agente de la autoridad, en este caso los guardias civiles, tiene derecho a portar armas. Lo que no se puede permitir es que dejen su arma a un vigilante de seguridad privada, dicen desde el ministerio a este periódico. Coinciden con la Guardia Civil en que sus miembros no deben ser identificados con un DNI, ya que su uniforme y su tarjeta de identificación profesional (TIP) deben ser suficientes. Estas premisas van en consonancia con las que plasmó el capitán jefe de la Unidad de Protección y Seguridad de los Ministerios, en un oficio confidencial del 30 de mayo.

El mando del Instituto Armado dio la orden al Área de Seguridad de Transportes y al propio Rubén Eladio López de cesar en sus actuaciones. “Los agentes de la autoridad que accedan al ministerio en el ejercicio legítimo de sus funciones portarán armas reglamentarias que tengan asignadas al servicio”, advirtió el oficio escrito días antes de la intervención de Interior. Además de eso, la Guardia Civil también ordenó que “los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, en el cumplimiento de sus funciones, para el acceso a las instalaciones del ministerio, se identificarán únicamente con la presentación de la tarjeta de identificación profesional (TIP)”.

Foto: Rubén Eladio López junto a José Luis Ábalos. (Ministerio de Transportes)

En el mismo documento, se advertía de que basta con mostrar la TIP: “Dicho documento no les será retenido, ni podrá ser fotocopiado, fotografiado o reproducido gráficamente por ningún medio, debiendo el personal de seguridad privada limitarse a tomar el número de la TIP y, si se estima conveniente, el motivo y dependencia a la que se dirige”. Este conflicto ha experimentado una escalada en pleno periodo electoral, pero lleva meses larvándose. Ha contado con enfrentamientos verbales, cruces de acusaciones y el área de Seguridad de Transportes llegó a cambiar sin previo aviso una de las puertas de tránsito hacia las dependencias de la Guardia Civil.

El mismo día 30 de mayo, el inspector de confianza del PSOE redactó un nuevo escrito dirigido a los vigilantes privados, a los que instaba a no ceder ante la Guardia Civil. “Se vuelve a informar [de] que la Guardia Civil no tiene competencia alguna en la seguridad del Mitma, ni siquiera en la seguridad interior del complejo de los Nuevos Ministerios, tan solo tiene la seguridad perimetral del citado complejo, teniendo la obligación en esa función de coordinarse con las autoridades competentes de los diferentes ministerios”. En ese correo, al que ha tenido acceso este periódico, Rubén Eladio López reiteraba la instrucción a los vigilantes, a los que advierte de que de él depende su contrato con el ministerio. “Los protocolos de seguridad establecidos en el Mitma siguen vigentes”, insistió.

Foto: El inspector Rubén Eladio López, tras Ábalos, en una de las reuniones por Filomena. (Ministerio de Transportes)

Previamente, el Área de Seguridad del Ministerio de Transportes plasmó por escrito en febrero un protocolo en el que limitó la capacidad de movimiento de los guardias civiles. Estableció también que “no está autorizado el tránsito de personal armado, por el interior del ministerio, de ninguna fuerza policial, salvo la asignada a la protección de la señora ministra, que actualmente es una unidad de la Policía Nacional”. En los informes redactados por los guardias civiles, se da cuenta de que los vigilantes les solicitaban el DNI para identificarles en los accesos por orden de Rubén Eladio López, que desempeña el cargo de director de la Unidad de Emergencias, Seguridad y Coordinación de Crisis del Ministerio de Transportes.

La comunicación remitida por Interior a Transportes ya avala la tesis de la Guardia Civil en este conflicto en cuanto a la cuestión jerárquica. El Instituto Armado sostiene que su labor depende del ministerio que dirige Fernando Grande-Marlaska, no de Transportes o su área de Seguridad. Es por ello que en sus escritos defienden que la interlocución debe ser entre ministerios. Por contra, Rubén Eladio López se arrogaba la autoridad de la seguridad en virtud de un real decreto de 2021 y una instrucción de la Secretaría de Estado de Interior, el mismo departamento que ahora le ha puesto límites.

Foto: Rubén Eladio López, junto a José Luis Ábalos. (Ministerio de Transportes)

Ábalos fichó a Rubén Eladio López en 2020 en pleno escándalo por el Delcygate. Años antes, había integrado la Unidad de Asuntos Internos, donde investigó al polémico comisario Villarejo y al conocido como el Pequeño Nicolás. Fue cesado de sus funciones y él lo achacó a la campaña de desprestigio impulsada desde los medios de comunicación. Recientemente, la Justicia desestimó esa versión y tumbó sus maniobras contra periodistas en los tribunales.

Antes de eso, se querelló sin éxito contra la última cúpula policial del PP y el responsable de la investigación contra Villarejo que provocó la apertura de decenas de piezas en la Audiencia Nacional. Lo mismo sucedió contra este periódico, que desveló su visita a Marruecos con los gastos pagados para reunirse con un empresario afín a los servicios secretos de Marruecos.

El Ministerio del Interior respalda a la Guardia Civil en el pulso que mantiene desde hace meses con el inspector de Policía Nacional que fichó el exministro José Luis Ábalos como alto cargo en el Ministerio de Transportes. Este oficial se llama Rubén Eladio López e impuso un protocolo de seguridad en la sede de Nuevos Ministerios de Madrid, donde hay varios edificios oficiales. Quiere que los guardias civiles tengan prohibido portar armas en el interior del edificio, donde tienen sus dependencias. También instó a los agentes de seguridad privada a identificar con el DNI a los uniformados. El departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska ha redactado un escrito remitido al Ministerio de Transportes en el que pone coto a los planes de este inspector.

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