Esperanza Aguirre tendrá que declarar como testigo en el juicio a la trama de Campus de la Justicia

Esperanza Aguirre tendrá que declarar como testigo en el juicio por Campus de la Justicia, un presunto caso de corrupción que ha llevado al banquillo a su exvicepresidente y exconsejero de Justicia e Interior Alfredo Prada (2003-2008) y a otros cinco altos cargos de la Comunidad de Madrid durante la etapa de la dirigente del PP al frente del Ejecutivo regional (2003-2012). La Fiscalía les imputa los delitos de prevaricación, fraude a las administraciones públicas y malversación de caudales públicos.

El juicio arrancará en marzo de 2024. Prada y el resto de procesados tendrán que declarar los días 4 y 5 de ese mes, según ha acordado la Audiencia Nacional en la diligencia de ordenación, a la que ha tenido acceso El Confidencial. A partir del día 6, desfilarán por la sede del tribunal en San Fernando de Henares más de medio centenar de testigos. Aguirre está citada el 19 de marzo. Ese mismo día, comparecerá igualmente el también expresidente de la Comunidad de Madrid Ángel Garrido (2018-2019) y consejero durante la etapa de Cristina Cifuentes. Fue el encargado de frenar el proyecto.

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Junto a Prada, se sientan en el banquillo el ex director general técnico de Campus de la Justicia Isabelino Baños, el ex subdirector general técnico Mariano José Sanz, el ex director financiero del proyecto Alicio de las Heras, su exdirector de Seguridad Andrés Gómez Gordo y el exasesor Félix José García de Castro. El tribunal ya les ha impuesto una fianza solidaria de 40 millones de euros.

Según el instructor del caso, el juez José de la Mata, los seis "se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicar irregularmente a su favor distintos contratos de Campus de la Justicia", el proyecto del Gobierno de Aguirre para levantar 14 nuevos edificios que debían albergar las instituciones y sedes judiciales de la Comunidad de Madrid.

Los acusados, concluyó De la Mata, "corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación de contratos del Campus de la Justicia, quedando afectados sustancialmente su operativa y los resultados económicos, menoscabando así los bienes jurídicos que tutela el tipo penal de la malversación de los caudales públicos". En opinión del magistrado, el papel de Prada, que ocupaba el cargo de presidente de la sociedad impulsora del proyecto, fue especialmente dañino. Actuó con una "preeminencia absoluta" en las presuntas irregularidades y tuvo una "intervención personal y directa".

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Aguirre nunca ha llegado a estar imputada en el procedimiento, pero, en 2021, la Abogacía de la Comunidad de Madrid, que está personada como acusación particular y depende jerárquicamente del Ejecutivo de la también popular Isabel Díaz Ayuso, señaló en su escrito de calificación de los hechos que la expresidenta estuvo al tanto de la licitación irregular del contrato para la redacción del proyecto y la dirección facultativa de la que iba a ser la nueva sede de la Audiencia Provincial y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

Ese encargo fue adjudicado en abril de 2006 al estudio del famoso arquitecto británico Norman Foster, Foster & Partners, por un importe de 13.317.653 euros, el más elevado de todos los concursos gestionados por la trama. La Fiscalía ha denunciado que "no consta expediente de contratación, informe de las necesidades a satisfacer, justificación del precio establecido, publicidad ni concurrencia". Según el Ministerio Público, Prada fue el principal responsable de ese contrato e incluso se desplazó a Londres para cerrar con Foster los detalles del acuerdo.

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Pero la propia Abogacía de la Comunidad de Madrid sostuvo en su escrito de calificación que Aguirre también participó en los hechos. "Es evidente que sí hubo conocimiento de esta contratación por parte de la presidenta de la CAM, Esperanza Aguirre Gil de Biedma, al constar su firma y la de Alfredo Prada Presa en el acuerdo para la redacción del proyecto del edificio de la futura sede de la Audiencia Provincial de Madrid y del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, de fecha 17.04.2016", subrayó el representante del Gobierno de Ayuso.

Aunque no está acusada, Aguirre tendrá que responder sobre este extremo. Prada se enfrenta a una petición de ocho años de cárcel. No es el primer exconsejero de la dirigente popular que pasa por la Audiencia Nacional. Ignacio González está procesado en varias piezas separadas del caso Lezo. Y Francisco Granados y Alberto López Viejo ya han sido condenados por Púnica y Gürtel, respectivamente.