La UCO concluye que FCC pagó 178 millones en sobornos para llevarse contratos en Panamá

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un informe al Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional en el que concluye que la multinacional española FCC pagó presuntamente comisiones ilegales entre 2010 y 2014 por valor de 178,2 millones de dólares (unos 126 millones de euros al cambio de la época) a altos cargos del Gobierno panameño para asegurarse más de una decena de contratos públicos en ese país, según recoge el documento, al que ha tenido acceso El Confidencial.

Entre los principales beneficiados por este supuesto esquema de corrupción se encuentran supuestamente el expresidente panameño Ricardo Martinelli (2009-2014) y varios de sus hijos. Las pesquisas indican que FCC incluso proporcionó fondos al clan para que pudiera adquirir un piso de lujo en el barrio de Los Jerónimos, de Madrid, valorado en 3,2 millones de euros (4,5 millones de dólares) tras una compleja operación financiera que pretendía ocultar la procedencia del dinero.

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La Guardia Civil reconstruye dos vías presuntamente empleadas por la cotizada española para abonar los sobornos. Una de ellas se vehiculó a través de las obras de la línea 1 de metro de Panamá. FCC y la constructora brasileña Odebrecht se adjudicaron la ejecución de la infraestructura en 2010 con una oferta de 1.047 millones de euros (1.446 millones de dólares). El informe señala que, utilizando como pantalla ese proyecto, FCC pagó un sobreprecio a varios proveedores de acero por un importe estimado de 83 millones de dólares.

La diferencia entre el precio real del acero y el precio abonado fue desviada posteriormente a los bolsillos de Martinelli y su entorno a través de sociedades offshore de Odebrecht "radicadas en paraísos fiscales". "A lo largo de la investigación, se ha hecho acopio de numerosas evidencias que apuntan a la constitución y utilización de estas sociedades para hacer llegar el pago de sobornos a las diferentes PEP [personas políticamente expuestas]", apunta la UCO.

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Entre las pruebas contra FCC, "cabe destacar", según las diligencias, "los correos obtenidos del sistema de comunicación encriptada Drousys, donde hay conversaciones entre directivos de Odebrecht refiriendo que los españoles (esto es, FCC) tendrían conocimiento (y habrían dado el visto bueno) de la estructura mercantil que se había establecido ex profeso para hacer llegar los fondos destinados al pago de sobornos".

Hasta un 10% de comisión

La UCO también destaca como pruebas incriminatorias contra la compañía que preside Esther Alcocer Koplowitz las declaraciones de varios testigos que presenciaron reuniones entre directivos de FCC y altos cargos del Gobierno de Martinelli en las que este último habría exigido el pago de comisiones de hasta el 10% sobre los contratos concedidos como condición para "poder recibir y/o agilizar pagos pendientes, así como para la adjudicación de obra pública a futuro".

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Para compensar el importe pagado por FCC en sobornos, la propia Administración de Martinelli, a través de su ministro de Obras Públicas, Francisco José Suárez Cedeño, habría aprobado adendas "a los contratos" y aceptado cuantiosos "sobreprecios por la parte contratante", con el consiguiente "perjuicio del erario público panameño". Un ejemplo claro es el proyecto de la línea 1 de metro de Ciudad de Panamá, que acabó suponiendo una inversión de 2.000 millones de dólares, un 33% más de lo presupuestado inicialmente.

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El informe al que ha tenido acceso este diario explica que FCC usó presuntamente a personas de la confianza de Martinelli para pagar comisiones a la Administración panameña por una segunda vía, al margen de la estructura societaria de Odebrecht. "Actuando en solitario, [FCC] habría consentido y participado en la comisión de un delito de blanqueo de capitales que tendría como finalidad el pago de sobornos (en el marco de actividades de corrupción) al expresidente Ricardo Martinelli, su entorno familiar y otros altos funcionarios públicos".

Asesoramientos falsos

"Para ello", prosigue la UCO, "FCC, a instancia y en connivencia con Martinelli, habría contratado al abogado testaferro de la familia Mauricio Cort y García para la supuesta prestación de servicios. Amparándose en la celebración de contratos ficticios (y sus posteriores adendas) y haciendo uso de facturación falsa, FCC obtuvo cobertura legal con la que justificar el abono a Cort de unos 82,5 millones de USD en relación con 14 proyectos de obra pública ejecutados en Panamá".

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Según las averiguaciones de los expertos en delitos económicos del Instituto Armado, de los fondos recibido de FCC, Cort habría hecho llegar por sus propios medios al menos 47.174.488,25 dólares al conocido como “círculo cero de los Martinelli”, personas con vínculos familiares, laborales o de amistad con el exdirigente centroamericano.

Tras una primera fase, la función de Cort fue asumida por otro despacho de abogados panameño, Martínez Acha & Asociados. Mediante el mismo sistema de simulación de servicios de asesoramiento, FCC y sus filiales realizaron 12 pagos a este bufete por un valor conjunto de 12.840.000 dólares. El holding español no ha podido acreditar que recibiera ningún trabajo ni servicio de Martínez Acha & Asociados a cambio de esa cantidad.

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En total, según la UCO, FCC abonó al entorno de Martinelli al menos 178,2 millones de dólares en comisiones ilegales. Con parte de esos fondos, se pagó la casa de los Martinelli en el número 7 de la calle Ruiz de Alarcón de Madrid, en una de las zonas más cotizadas de la capital. La Audiencia Nacional embargó la propiedad en 2017.

Además de la compañía como persona jurídica, también están imputados varios directivos por los delitos de blanqueo de capitales y corrupción en transacciones internacionales. Pese al escándalo, Martinelli parte como uno de los principales favoritos en las elecciones presidenciales que celebrará Panamá en 2024.