El caso Púnica se desinfla: absueltos los acusados en la pieza de la Diputación de León

La Audiencia Nacional ha absuelto de la pena de cárcel a los seis procesados en la llamada parte leonesa de Púnica, un macrocaso de corrupción vinculado al Partido Popular que estalló en 2014 y se dividió en más de una decena de piezas separadas. El tribunal considera que no hay indicios suficientes para condenar a los acusados de los delitos continuados de fraude a la Administración, falsificación en documento mercantil en concurso con malversación y cohecho que les imputaban la Fiscalía Anticorrupción y la acusación popular ejercida por Adade.

El Ministerio Público sostenía que el empresario Alejandro de Pedro, experto en reputación online, y el intermediario y exdirigente del PSOE José Antonio Alonso captaron en 2012 como clienta a la entonces presidenta de la Diputación de León, la popular Isabel Carrasco, y tras el asesinato de esta en 2014 siguieron trabajando con su sucesor al frente de la institución, Marcos Martínez. Según Anticorrupción, esos servicios mejoraron la imagen que tenían los ciudadanos de ambos dirigentes a título personal, pero fueron supuestamente camuflados como servicios para la Diputación y se financiaron irregularmente con fondos públicos.

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La sentencia niega esa hipótesis. “No ha quedado acreditado que los servicios de reputación online ni de posicionamiento SEO realizados por EICO Online [una empresa de Alejandro de Pedro] se hubieran realizado en favor y en beneficio personal, ni de Isabel Carrasco, ni de su sucesor en la Presidencia de la Diputación, Marcos Martínez. De la misma forma, tampoco ha quedado probado que las facturas giradas por Madiva [otra sociedad de De Pedro] no correspondieran a trabajos efectivamente realizados, ni que no se hubieran prestado servicios de publicidad institucional, ni que bajo el concepto que figuraba en las mismas (inserción de banners publicitarios Diputación de León) se hubieran satisfecho de forma encubierta trabajos de reputación personal o trabajos de asesoramiento político para los presidentes de la Diputación antes mencionados”, concluye el tribunal.

Tampoco ha quedado acreditado que, como sostenían las acusaciones, los pagos por los servicios de reputación online sirvieran para que De Pedro y, especialmente, Alonso influyeran de alguna forma en que Carrasco y Martínez pudieran acceder a otros cargos públicos, bien dentro del partido político al que pertenecían, bien dentro de la provincia de León o de la comunidad autónoma.

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El tribunal solo considera acreditado que las facturas pagadas a Madiva de manera mensual mediante un proceso “urgente” no se podían considerar un “contrato menor” independiente porque existía, en realidad, “una permanencia y continuidad en el tiempo respecto a la emisión y pago de dichas facturas, y, por lo tanto, debería haberse tratado como otro tipo de contrato sujeto a licitación”, abierto a otros competidores. Por este motivo, condena a penas de inhabilitación para empleo o cargo público por un delito de prevaricación administrativa a De Pedro, Marcos Martínez y a los también acusados Pedro Vicente Sánchez y Manuel Jesús López, excoordinador e exinterventor de la Diputación, respectivamente. La pena más alta, ocho años y seis meses de inhabilitación, es para los tres últimos.

Con todo, los acusados esquivan la cárcel. La Fiscalía pedía para Martínez ocho años de prisión, siete años para Sánchez y López y cinco años para De Pedro y Alonso. Una empleada de EICO también se enfrentaba a tres años de cárcel, pero ha sido igualmente absuelta.

Se trata de la segunda sentencia del caso Púnica, a pesar de que han transcurrido más de nueve años desde que estalló el caso. Aún queda una decena de piezas separadas por juzgar. La pieza de León puede suponer un precedente para varias de ellas que también están relacionadas con la reputación online y analizan hechos prácticamente idénticos a los relacionados con la Diputación leonesa.