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El Gobierno avisa de que la "ilegalidad" de Doñana puede dejar España sin fondos UE
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SOLO NEGOCIARÁ SI SE RETIRA LA INICIATIVA

El Gobierno avisa de que la "ilegalidad" de Doñana puede dejar España sin fondos UE

La decisión del bloqueo de los fondos, que temen desde el Ejecutivo, no se materializaría sin una condena previa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)

Foto: La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros junto a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y el ministro de Agricultura, Luis Planas. (EFE/J. J. Guillén)
La vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, en rueda de prensa tras el Consejo de Ministros junto a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, y el ministro de Agricultura, Luis Planas. (EFE/J. J. Guillén)

La preocupación del Gobierno por la nueva ley de Doñana impulsada por PP y Vox en el Parlamento andaluz va en aumento. Fuentes cercanas a la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, alertan que, de salir adelante la norma en tramitación, que aboga por regularizar unas 750 hectáreas de regadío, podría dejar a España sin el desembolso de fondos europeos. Algo que la Comisión Europea solo ha hecho hasta ahora con Polonia por no garantizar la independencia judicial, y que ponen como ejemplo de su advertencia las mismas fuentes. La decisión del bloqueo de los fondos, que temen desde el Ejecutivo, no se materializaría sin una condena previa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Precisamente, desde el Gobierno barajan el escenario de que la Comisión pueda acudir de forma inmediata al TJUE, después de que Bruselas trasladase a la Junta que considera que la iniciativa va en la dirección contraria a una sentencia previa de dicho tribunal. La otra posibilidad que contemplan desde el Ejecutivo es que se establezca una multa por parte de las instituciones europeas tras abrir un procedimiento infractor del plan hidrológico del Guadalquivir.

Teresa Ribera redoblaba su presión a la Junta este mediodía, asegurando que "no vamos a negociar ilegalidades" y exhortando a que se retire la iniciativa. "Esta proposición de ley está al margen de cualquier compatibilidad con la sentencia del TJUE. Es un asunto que ya hablé con Juanma Moreno y el secretario de Estado le dijo que era inviable. Tan pronto como se retire esta proposición de ley, que tanto daño está haciendo a la imagen de España, no tendré ningún inconveniente en trabajar con ellos", avisaba la titular de Transición Ecológica.

Tras la reunión de este miércoles del consejero Ramón Fernández-Pacheco con el comisario de Medio Ambiente, Virginijus Sinkevicius, desde la delegación de la Junta señalaron que la mayoría del encuentro se centró en el cumplimiento de la sentencia del TJUE de 2021. Según el representante de la Junta, depende en un “80%” del Gobierno central. Una sentencia que un portavoz de la Comisión Europea, reiteró que ya no se está cumpliendo, “incluso sin el probable impacto negativo de la legislación propuesta, que parece ir en la dirección opuesta”.

La directora general de Medio Ambiente, Florika Fink-Hooijer, señalaba en una reciente misiva que “la aprobación de una propuesta del cariz de la presentada el pasado 3 de marzo agravaría significativamente la situación de las masas de agua y de los espacios protegidos de Doñana. Por otra parte, la sobreexplotación continuada en el tiempo del acuífero amenaza gravemente la propia viabilidad de la actividad económica de la comarca del entorno de Doñana, en particular de los cultivos de regadío”, concluía.

Desde la Moncloa aseguran que no tienen por el momento "ninguna señal ni ningún gesto" de que los populares vayan a retirar la ley. Justifican también su posición contraria a negociar mientras esté en tramitación la iniciativa, porque "nos han engañado descaradamente y se han saltado todo". En público, la titular de Transición Ecológica reprochaba también las insinuaciones del consejero andaluz de Medio Ambiente, aduciendo que la posición de Bruselas se debe a las presiones realizadas desde el Gobierno. "Como si la Unión Europea fuese manipulable", reprochó Ribera para concluir que "o el consejero no entiende cómo funcionan las instituciones europeas, o bien es un comentario tan frívolo que no está legitimado para cumplir las funciones propias de su cargo".

El Gobierno está elevando su confrontación con la Junta en plena precampaña y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, agitó este asunto la pasada semana con una visita al parque natural. "No hay mayoría que legitime a ningún Gobierno para llevar a Doñana a un punto de no retorno", indicó sobre el terreno en una comparecencia sin preguntas en la que cargó contra la “soberbia” y el "negacionismo" de PP y Vox. "Doñana no se toca", ha espetado ya el líder socialista en alguno de sus mítines.

El líder de los populares, Alberto Núñez Feijóo, acusa por su parte al Gobierno por "incumplir con Doñana, con los agricultores, con los ganaderos y con Huelva", además de cargar contra Sánchez por “echarle a los andaluces la culpa del problema”. Feijóo ha propuesto también si es presidente del Gobierno, después de las generales de final de año, acabará las obras que permitirán la llegada del agua al entorno del parque. Doñana se ha convertido en una pugna electoral a las puertas del 28-M. Un "error de cálculo del PP", según la lectura de los socialistas, para evitar su trasvase de votos hacia Vox y conseguir la desmovilización de votantes socialistas de la zona que no compartiesen la oposición de su partido al proyecto.

La preocupación del Gobierno por la nueva ley de Doñana impulsada por PP y Vox en el Parlamento andaluz va en aumento. Fuentes cercanas a la vicepresidenta de Transición Ecológica, Teresa Ribera, alertan que, de salir adelante la norma en tramitación, que aboga por regularizar unas 750 hectáreas de regadío, podría dejar a España sin el desembolso de fondos europeos. Algo que la Comisión Europea solo ha hecho hasta ahora con Polonia por no garantizar la independencia judicial, y que ponen como ejemplo de su advertencia las mismas fuentes. La decisión del bloqueo de los fondos, que temen desde el Ejecutivo, no se materializaría sin una condena previa del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Parque de Doñana