1.000 euros de multa o la 'maldición' de Alburquerque por la que nadie quiere ser alcalde

9 de febrero de 2023. Quedan cuatro meses para las elecciones autonómicas y locales que definirán el nuevo mapa antes de las generales. Pero en Alburquerque (Extremadura, provincia de Badajoz) el calendario se ha adelantado. Este jueves el Ayuntamiento se reúne en un pleno extraordinario con un único punto en el orden del día: elegir un nuevo alcalde. El problema es que, a priori, nadie quiere serlo. Aunque la intermediación de la Diputación de Badajoz a última hora puede cambiar el rumbo del municipio.

La historia puede sonar surrealista, pero no lo es. El anterior responsable dimitía por sorpresa hace menos de un mes. ¿El motivo? Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), que ratifica otra anterior y que condena al alcalde a pagar una multa de unos 1.000 euros cada 20 días a una vecina, que en 2005 denunció estar afectada por una vivienda en ruinas junto a su casa. Hace demasiado que no puede acceder, y los tribunales concluyeron que se le habrá de abonar esa cantidad hasta iniciar las obras para solucionarlo. El auto del Juzgado pacense –que terminó respaldando el TSJEx, ante el que se había presentado recurso– llegó hace aproximadamente un año. En diciembre el asunto también se abordó en un pleno municipal. Pero más allá del desenlace, lo increíble de este caso es que el peso de la indemnización no se va con Manuel Gutiérrez, el ya exalcalde. Caerá sobre cualquiera que venga tras él.

La cosa casi suena a maldición legal. Como la sentencia no es nominativa –es decir, no recae sobre una persona concreta, con nombre y apellidos– va contra el propio regidor, sea quien sea. De hecho, la cadena de culpables es larga. Cuando se presentó la denuncia, dos décadas atrás, el responsable era Ángel Vadillo. Vadillo era el típico alcalde de toda la vida, y estaba al frente del Ayuntamiento desde 1995. Casi siempre fue por libre, aunque acabó en el PSOE y terminó siendo expulsado por su partido tras una condena en firme por obstrucción a la justicia. Eran dos años y medio de cárcel, aunque evitó la prisión gracias a un indulto parcial que le conmutó seis meses de pena. Quedó en el filo para no estar entre rejas. El día que el TSJEx ratificó esta nueva condena, la de las viviendas en ruinas, ya no ostentaba el cargo. Aunque sí trabajaba como asesor de la entonces alcaldesa, su compañera Marisa Murillo. La pelota estaba en su tejado, pero tampoco pagó. Y con apenas nueve meses como alcalde, le llegó el turno a Manuel Gutiérrez.

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¿Y ahora qué?

Hasta este miércoles todo hacía indicar que nadie daría un paso para asumir la alcaldía. Sin embargo, el anuncio de la Diputación de Badajoz de que otorgará 40.000 euros al Ayuntamiento para que acometa las obras necesarias puede cambiar el desenlace previsto. El juzgado, no obstante, pidió investigar si la "renuencia" —poca predisposición— de la exalcaldesa Murillo puede incurrir en un delito de desobediencia, lo que podría abrir una nueva vía penal. "No es justo lo que está pasando. Si aguantamos carros y carretas y también tenemos que tirar de nuestros bolsillos, quitándoselo a nuestras familias para hacer frente a las tropelías que han ocurrido en este Ayuntamiento durante muchos años, apaga y vámonos", consideró Gutiérrez semanas antes de dimitir tras el pleno que debatió la multa. Aunque los anteriores implicados, Vadillo y su sucesora, pertenecieron al PSOE –del que ambos terminaron expulsados en un momento u otro y por razones distintas–, Gutiérrez proviene del IPAL, una formación independiente. Sin embargo, la ley estipulaba que él también debe hacer frente a la deuda con la vecina mientras ostente el cargo de alcalde. Y por eso presentó su dimisión.

Quien le sucede, al menos de momento, es otro socialista: Juan Carlos Prieto. Es ya el tercer regidor en lo que va de legislatura, aunque asumió el cargo en funciones. Teniendo en cuenta que ningún candidato podrá liberarse de la pena de 1.000 euros, que se celebre el debate y no haya aspirantes se ha convertido en una opción real. En ese caso, el procedimiento dictamina que sea una gestora la que se haga cargo del Ayuntamiento hasta tener un nuevo Gobierno tras el 28 de mayo, fecha de las elecciones. Según explicó el nuevo alcalde a elDiario.es, al aceptar el cargo contactó con la Junta de Extremadura y la Diputación para llegar a una solución. Que ahora parece haber llegado con el anuncio de los 40.000 euros.

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¿Cómo es posible que una multa cayera sobre el alcalde, fuera quien fuera, y no sobre la institución a la que representa? El experto en Derecho Administrativo y presidente de esta sección en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM), Alberto Dorrego, vislumbraba algunas opciones de lo que podría haber ocurrido antes de conocerse el comodín de la Diputación. "Imagino que se analizaría la situación actual para que el tribunal pudiera dar un nuevo plazo al alcalde", sugirió, aunque pone en cuarentena lo que pueda ocurrir si se colocara a una gestora. "La multa es personal y no institucional", recuerda. Tampoco se puede revertir para que sea el Ayuntamiento el que pague en vez de su máximo dirigente. Así que las opciones no son muchas: o pagar o pagar.

Antes siquiera de que el propio Gutiérrez hablara, el PSOE reconoció que el asunto parte de "un litigio judicial que viene de lejos, de corporaciones anteriores". Es decir, las suyas. Así se expresó el diputado socialista Felipe Redondo al poco de conocer la renuncia, agradeciendo al ya exalcalde su labor e instando a "respetar las decisiones judiciales". Unas decisiones que, si logran hacerse con el Ayuntamiento en cuatro meses, tendrá que asumir su próximo alcalde. Aunque la respuesta tardó años en llegar, ya no cabe recurso ni es posible delegar en las arcas municipales el coste de la multa. Es el regidor el que, irremediablemente, deberá afrontarla. No importa cómo se llame ni a qué siglas pertenezca.

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El miembro del Colegio de Abogados añadió a esto que no existen demasiados precedentes de un caso similar. Sin embargo, no es del todo inusual. En los años más severos de la crisis económica, que estalló en 2008, muchos ayuntamientos se quedaron sin recursos para afrontar demandas o condenas por asuntos de toda índole. Ocurrió, sobre todo, con las de tráfico. Las administraciones se retrasaban constantemente en los pagos, y las entidades o los particulares respaldados por la Justicia no terminaban de ver su dinero. Lo que se hizo entonces, detalló Dorrego, fue emitir multas coercitivas que obligaban a no evadir estas sanciones. Y es que aquí, la deuda municipal es infinita.

Más allá de este extraño caso, el panorama en Alburquerque es ciertamente desolador. El pueblo lleva años en quiebra y este último tampoco pudo afrontar los pagos del tercer trimestre. Ya en septiembre confirmaba Gutiérrez, aún como alcalde, que la situación que arrastran hace tiempo que condiciona su capacidad de afrontar "muchas demandas vecinales con recursos limitados". Su gobierno heredó una deuda de 15 millones de euros cuando accedió en abril, tras una moción de censura que apartó a Murillo. Esta cifra dobla a la de sus propias cuentas.