Parla busca dinero urgente y tramita 3.200 multas de tráfico antes de que caduquen

Ana vive en el municipio madrileño de Parla y a mediados de diciembre se encontró con una desagradable sorpresa en el buzón de su casa. La Oficina de Gestión Tributaria del Consistorio, donde el PP gobierna en minoría, le envió un requerimiento de apremio y pago por una multa de tráfico que cometió en el año 2013. Ana ni se acuerda de la infracción ni recuerda haber recibido notificaciones previas. El importe es de 88 euros (sumados ya el recargo). Si no paga antes del 28 de enero, el Ayuntamiento procederá al embargo de la cantidad.

Parla ha decidido ponerse las pilas. Necesita ingresos porque es la ciudad más endeudada de la comunidad de Madrid. Cada uno de sus 125.000 habitantes debía a 31 de diciembre de 2016 unos 3.292 euros de media, según los últimos datos oficiales del ministerio de Hacienda. La deuda se elevaba entonces a 410,3 millones de euros. Es además uno de los nueve municipios españoles de más de 20.000 habitantes en riesgo de quiebra, según la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), que cifra la deuda en 433 millones de euros (3.473 euros por vecino), cantidad que ya ascendía a más de 600 millones en junio de 2015 cuando el PSOE dejó el poder, según el actual equipo de Gobierno local.

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De hecho, desde abril de 2016 las cuentas del Ayuntamiento se rigen por un plan de ajuste a diez años con el objetivo de reducir los números rojos. Por eso desde el departamento de Tesorería se han remitido al Área de Recaudación Ejecutiva más de 3.200 expedientes de multas y sanciones que fueron impuestas y notificadas antes de 2015 y que según el sistema informático no están prescritas. "Hay que recordar que la prescripción de una multa o sanción se produce una vez pasados cuatro años de la última comunicación o publicación con el vecino sancionado o multado", señala un portavoz municipal.

"Las multas son notificadas y, si no hay respuesta por parte del vecino sancionado, se publican en el BOCAM. Posteriormente, si la multa sigue sin ser abonada, se envía una notificación por vía de apremio. Es en esta fase en la que actualmente el Consistorio ha enviado más de 3.200 notificaciones, para ponerse al día de aquellas multas impagadas en los últimos cuatro años. Todas estas multas fueron notificadas a los infractores en su día y si no están prescritas, son de obligado pago". El Ayuntamiento ha querido hacer un esfuerzo y quiere intentar cobrar todas aquellas multas puestas después de 2013 y no cobradas. En 2013 se tramitaron 4.693 sanciones, 7.224 en 2014, 5.404 en 2015, 6.792 en 2016 y 4.873 en 2017 (a falta del último cuatrimestre). De 2014 no hay datos porque el entonces Gobierno local del PSOE privatizó el servicio de tramitación a una empresa que instaló radares en el municipio.

El PP recuerda que el PSOE, que gobernó durante muchos años la localidad, dejó una situación desastrosa en las arcas públicas. Para intentar aumentar los ingresos el nuevo Gobierno local ya inició una campaña el pasado año tras detectar que había más de diez millones de euros en impuestos que están pendientes de cobro desde el año 2013. Por ello, La Oficina Municipal de Gestión Tributaria está enviando notificaciones de embargos de 30.000 recibos del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) sin cobrar, aunque ya han prescrito casi 40 millones de euros de recibos anteriores al año 2013 que no se habían girado.

Su deuda supera cinco veces a sus ingresos corrientes y los proveedores municipales cobran a 430 días de media, más de un año. En lo que llevamos de legislatura esa deuda a proveedores se ha reducido de 97 a 19,4 millones de euros. El municipio está en el punto de mira del Ministerio de Hacienda, que ya le ha advertido de que, o reduce su morosidad, o procederá a intervenir sus finanzas para que los proveedores puedan cobrar a tiempo. ¿Cómo? Hacienda les ha avisado de que le retendrá los ingresos procedentes de la financiación local para abonar directamente sus facturas.

Parla es una de las ciudades madrileñas que más titulares acapara por sus problemas financieros y sus lazos con la corrupción. Tomás Gómez, el defenestrado líder del PSOE de Madrid, fue regidor entre 1999 y 2008. La Justicia investiga los sobrecostes de uno de sus proyectos estrella, el tranvía, cuyo presupuesto se desvió casi un 40% y es el principal causante de la fuerte deuda acumulada por la localidad. Otro exalcalde socialista, José María Fraile, está imputado en el caso Púnica. La Audiencia Nacional investiga si su equipo amañó un contrato de 66,2 millones de euros de eficiencia energética que se llevó Cofely.

Uno de los empresarios imputados en el caso, David Marjaliza, que ha decidido colaborar con la Fiscalía, declaró en sede judicial que por este contrato pagó en metálico 500.000 euros al jefe de gabinete de Fraile, Antonio Borrego, en "diez o doce entregas". Marjaliza, no obstante, destacó que él no conocía a Fraile, pero le dijeron que ese dinero era "para el partido, para el jefe, para hacer publicidad". También señaló que a través de él Cofely pagó 200.000 euros a una fundación de la localidad dentro del mismo acuerdo.