El PSOE alimenta el pulso con sus socios y les culpará si descarrila la ley mordaza

Los grupos que negocian la derogación de la Ley de Seguridad Ciudadana en el Congreso, la conocida como ley mordaza, van camino del choque de trenes. Si no llegan a un acuerdo, están abocados a escribir el epitafio de la norma en menos de una semana. El PSOE, blanco de las críticas de ERC y EH Bildu, mueve ficha y desplaza el foco sobre ambos aliados parlamentarios, a los que atribuirá la responsabilidad de la ruptura si finalmente se produce. El año electoral marca los movimientos y ningún grupo está dispuesto a asumir esta factura.

Fuentes del grupo parlamentario socialista reclaman a ambas fuerzas que "no rompan" lo "mucho" que han avanzado hasta ahora y advierten de que ese escenario supondría mantener en funcionamiento "la ley mordaza de Rajoy". Tras la reunión del grupo de trabajo del miércoles, en la que aseguran que hubo "entendimiento", hay otra prevista para el lunes. El PSOE asegura que se sentarán a negociar "las veces que haga falta". El 1 de febrero, salvo que los partidos vuelvan a retrasarlo por falta de acuerdo, votarán el informe de ponencia, el texto que después se plasmará en el dictamen que llegará al pleno. Inicialmente, estaba previsto que se votara esta semana, pero se aplazó para evitar que salte por los aires. Nadie se atreve a dar por muerta la norma aún, pero varias partes sostienen que el pacto se antoja difícil.

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PSOE y Unidas Podemos presumen de los acuerdos logrados tras casi 40 sesiones del grupo de trabajo y media docena de reuniones de ponencia. Los socialistas señalan a los republicanos y los jetzales. Unidas Podemos empieza a recuperar los dardos contra el PSOE en esta materia, reprochándole que no dé "pasos valientes". La maraña de líneas rojas e intereses de cada una de las partes dificulta el entendimiento y, conforme crece la presión del reloj, todas ellas buscan culpables.

Es una de las grandes promesas del Gobierno, una de las claras prioridades de Unidas Podemos —junto con la ley de vivienda—, dotada de especial valor simbólico, y estas vías persiguen superar los callejones sin salida identificados en la Cámara Baja.

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El PSOE insiste en que es posible culminar los trabajos en "escasas semanas" para convertir la polémica ley del PP, aprobada en 2015 y criticada por organismos internacionales como Amnistía Internacional, en una "Ley de Seguridad Ciudadana del siglo XXI, que avance en derechos". Si sus aliados no quieren avalar la norma porque no están dispuestos a ceder en algunas cuestiones nucleares, a pesar de los avances en la mayoría de materias, serán estas fuerzas las que deban cargar con el peso de explicarlo, vienen a decir.

Hasta ahora, los cambios pactados afectan a cuestiones como las identificaciones policiales, prohibiendo las basadas en elementos discriminatorios como el origen racial, limitando su duración a dos horas o acotando las condiciones de los registros corporales en la calle. También al derecho de manifestación, acabando con la necesidad de comunicación previa a las autoridades para permitir el desarrollo de determinadas protestas y eliminando la infracción grave por manifestarse ante los parlamentos. Además, introducen como infracción grave la tenencia de drogas que produzcan sumisión química. Esta última cuestión está entre las cuatro enmiendas incorporadas al texto el martes, rubricadas por el socio minoritario del Gobierno.

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Se han rebajado las cuantías de las sanciones leves (de 600 a 500 euros) y de las graves (de 30.000 a 25.000 euros) y se ha acordado introducir el criterio de capacidad económica del infractor, para permitir reducir los importes hasta en un 50%. Desde Unidas Podemos, recuerdan también que ya se han modificado 35 de 54 artículos de la norma.

El nudo sigue donde ha estado siempre: los delitos de desobediencia y las faltas de respeto a la autoridad (36.6 y 37.4 de la norma), las devoluciones en caliente y la prohibición del uso de pelotas de goma por parte de las unidades antidisturbios. El PSOE no contempla tocar la presunción de veracidad de los agentes, tampoco acotando estos cambios a sus actuaciones en protestas ciudadanas, mientras su socio en el Gobierno pide objetivar las faltas de respeto a los policías. También plantean obviar las devoluciones en caliente en el texto, para abordarlas en la ley de extranjería. Y, en lo que toca al material antidisturbios, ambos partidos proponen desarrollar protocolos específicos sobre su uso, potenciando el empleo de los medios "menos lesivos", para poner trabas a la utilización de los más cuestionados.

La maraña de intereses contrapuestos

Uno de los problemas es que ERC no puede permitirse una norma menos ambiciosa que la vigente en Cataluña, donde gobiernan y donde no pueden emplearse pelotas de goma —en su lugar, se emplean proyectiles de foam—. Fuentes de Esquerra, cuestionadas por la opción de poner trabas al uso de las pelotas de goma —como ocurre en Euskadi—, no quieren valorar opciones intermedias, porque insisten en que el PSOE está instalado en el rechazo constante a sus propuestas en esta materia. "Si hubiera voluntad, se podría sondear cómo. El objetivo es desactivar las pelotas de goma, si es fuera o dentro de la ley es secundario, pero no tienen voluntad", resume un parlamentario que participa en las negociaciones.

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Es algo parecido, afirman, a lo que ocurre con la presunción de veracidad de los agentes. En un año electoral para los sindicatos policiales, interpretan que Interior quiere evitar movilizaciones de los agentes y más coincidiendo con las elecciones autonómicas, municipales y generales. "Es un problema de voluntad política", resumen.

Por su autoría sobre la norma que pretende derogar parcialmente la ley mordaza, y por su enorme calado político, respectivamente, PNV y Unidas Podemos son las grandes interesadas en que vea la luz cuanto antes, y esto enlaza con otro de los problemas señalados por distintas fuentes de las negociaciones: que PNV y Bildu son rivales electorales, y que difícilmente los jeltzales pueden aprobar una norma propuesta por el grupo de Aitor Esteban. En Bildu, aseguran que su interés por derogar la ley mordaza está fuera de duda, que el problema está en los artículos concretos ya mencionados, en los que no perciba avances por parte del PSOE, y se niegan a alumbrar una reforma que no logre desactivar los aspectos más lesivos de la ley mordaza. Tienen seis días para corregir el rumbo.