Año nuevo, mismo rodillo: los socios se quejan de que Sánchez no negocia el decreto anticrisis

Negociar con el Gobierno es vivir en el día de la marmota para buena parte de los grupos parlamentarios. El Congreso de los Diputados reabrirá sus puertas el martes 24 para acoger un pleno extraordinario con la comparecencia de Pedro Sánchez y la votación del real decreto-ley de medidas para hacer frente a la crisis derivada de la guerra de Ucrania, que defenderá ante el pleno el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Un año nuevo, pero con el mismo rodillo parlamentario.

Apenas a cinco días de esta cita, los aliados parlamentarios de la coalición, desde ERC y PNV a EH Bildu, pasando por Más País o Compromís, aseguran que no es solo que no estén negociando, es que aún ni siquiera han sido contactados por los grupos que sustentan el Gobierno para empezar a hablar. Desde el Ejecutivo, afirman que el diálogo es "continuo" sobre este asunto y en relación con otras materias, pero solo el PDeCAT afirma haber recibido su llamada. "Este decreto contiene una de las medidas que negociamos en los presupuestos, la gratuidad de las líneas de autobús de titularidad estatal", presumen.

El PP solicitó el martes una reunión privada con la titular de Hacienda, María Jesús Montero, para negociar su apoyo al decreto. Hacienda, sin embargo, rechazó este encuentro bilateral y les remitió al grupo parlamentario, como han criticado los conservadores. "La ley se vota en el Congreso y es normal enmarcar cualquier negociación allí", argumentan desde el ministerio. En lo que afecta a los reales decretos, explican fuentes socialistas, la llamada suele partir del Ministerio de la Presidencia o de Hacienda.

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El Ejecutivo aprobó el real decreto el 27 de diciembre, en el último Consejo de Ministros del año, para que entrara en vigor el 1 de enero. Se trata del tercer paquete de medidas frente a la crisis energética y económica derivada de la invasión de Ucrania, que comenzó hace 11 meses, e incluye iniciativas como el cheque de 200 euros para familias vulnerables, la rebaja del IVA alimentario para determinados productos o la prórroga de la suspensión de los desahucios para hogares vulnerables hasta el 30 de junio.

En el bloque de investidura, hay dos críticas al Gobierno que se repiten de forma más o menos generalizada. La falta de ambición en buena parte de las medidas —suelen reclamarle siempre un paso más en lo social— y la ausencia de diálogo, que siempre dejen para el último minuto la búsqueda de apoyos. "Con algunos hablan al final o cuando les tienen que salvar", lamentan desde una de las fuerzas de este bloque.

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A los grupos que tradicionalmente sustentan al Ejecutivo en el Congreso se unen otros como JxCAT, que tampoco ha recibido llamada alguna de PSOE o Unidas Podemos sobre esta materia. Dada la naturaleza de las medidas ya en vigor, el Gobierno está convencido de que no habrá grandes obstáculos para la aprobación de la norma, como sí los hubo en el primer decreto anticrisis, que salvó con los votos de Bildu y con ERC en contra, en plena crisis por el espionaje de Pegasus.

Hay votaciones en las que el Gobierno se escuda en la urgencia en adoptar determinadas medidas para justificar esta forma de actuar, o en la carga de trabajo parlamentario, que obliga a posponer los contactos. Esta última justificación, en este caso, no aplicaría. Enero es un mes inhábil a nivel parlamentario, y hasta la fecha la Cámara Baja ha albergado discretas reuniones sobre la ley de vivienda o la ley mordaza (también una de la ponencia), comparecencias de expertas en el marco del pacto de Estado contra la violencia machista (a puerta cerrada) y tres ruedas de prensa de portavoces. La norma se votará exactamente tres días antes del límite legal fijado para hacerlo, el 27 de enero (30 días después de su aprobación en Consejo de Ministros).

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Si bien los aliados parlamentarios suelen desvelar el sentido de su voto solo cuando lo consideran oportuno —en ocasiones, horas o minutos antes de votar—, en este caso ya han dado algunas pistas, aunque nada está escrito en piedra. Es el caso del PNV, que a mediados de diciembre advirtió en la sesión de control de que no apoyaría el decreto si no incluye la prórroga de la rebaja del 30% de los abonos de transporte público. "Lo reclamamos durante meses, y finalmente lo incluyeron", recuerda la formación jeltzale, que precisa que el sentido de su voto "no está aún decidido".

Cuando el Consejo de Ministros dio luz verde al decreto, Bildu también celebró que incluyese la prórroga del tope del 2% para la subida de los alquileres o el mantenimiento del alza del 15% de las pensiones no contributivas (hasta 2024), dos acuerdos que adquirió con el Gobierno en el marco de la negociación presupuestaria. ERC también alabó que la norma introdujese algunas de sus "demandas", como la ampliación hasta los dos kilómetros para las redes eléctricas de autoconsumo solar compartido —antes estaba en 500 metros—.

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Por otro lado, como ha ocurrido con anteriores decretos, cobra fuerza la idea de que esta norma obtendrá el respaldo de la Cámara y después será tramitada como proyecto de ley, para poder modificarla (algo inviable de tramitarse como real decreto). IU, dentro del Gobierno de coalición, reclamó la semana pasada que se tramite como proyecto y permita plantear enmiendas, para sortear aristas, como el hecho de que exime de someter a una evaluación ambiental los proyectos de instalaciones de energías renovables. Es la misma posición que defendió Alianza Verde, compañero de espacio político.

El decreto fue visto en su día por Unidas Podemos como una oportunidad excepcional para impulsar medidas ambiciosas de corte social —claves en año electoral—, pero quedaron fuera del mismo algunas de las medidas que consideraban fundamentales. Se trata de una norma que persigue hacer frente a la elevada inflación, pero que ya incluye medidas dispares, como las que afectan a las pensiones o a los alquileres, y que previsiblemente aglutinará bajo su paraguas legal otras políticas, a cambio de los votos necesarios para que no decaiga. En toda la legislatura, el Gobierno solo ha visto decaer un decreto —el de remanentes municipales, en septiembre de 2020, su única gran derrota parlamentaria—, y nadie contempla que este escenario vaya a repetirse con esta norma.