Los grupos retrasan otra semana la ley mordaza para intentar salvarla

Los grupos parlamentarios ganan tiempo y salvan del "precipicio" a la derogación parcial de la ley mordaza, pero siguen sin lograr un acuerdo sobre los puntos más polémicos de la norma. La ponencia que aborda la modificación de la ley de seguridad ciudadana, conocida como ley mordaza, se da una semana más, hasta el 31 de enero, para celebrar una nueva reunión y abordar los puntos pendientes por cerrar, y que según grupos como EH Bildu y ERC ponen en serio peligro esta norma.

"Hoy podía caer", admiten fuentes parlamentarias. Aseguran que la reunión de este martes ha servido para alcanzar nuevos acuerdos, pero no se han abordado las cuestiones más polémicas de la norma. Esto es, los delitos de desobediencia y las faltas de respeto a la autoridad (36.6 y 37.4 de la ley de seguridad ciudadana aprobada por el PP de Mariano Rajoy), la prohibición del uso de pelotas de goma por parte de las unidades antidisturbios y las devoluciones en caliente.

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La idea inicial era votar el informe de ponencia en esta sesión, para después reunir a la Comisión de Interior y cerrar el dictamen que será remitido al pleno. Existía un riesgo real, admiten varios grupos, de dar patada hacia adelante cuando todavía no cuentan con acuerdos en temas clave. Al ser una ley orgánica, necesitan 176 votos a favor, y el Gobierno, que suma 155 escaños, no cuenta hoy con el visto bueno de sus aliados parlamentarios, que dudan de que el PSOE se abra a aceptar cambios que no ha querido contemplar hasta la fecha.

Esta ausencia de pactos se ha traducido en una escalada en el lenguaje del portavoz de Unidas Podemos, Pablo Echenique, que ha reprochado al PSOE que no dé "pasos valientes" hacia la derogación de la norma. "Ha habido algún avance, pero es cierto que hay temas importantes en los que el PSOE no acepta dar pasos valientes hacia la derogación", afirmó Echenique en rueda de prensa desde la Cámara Baja. Desde su grupo aseguran que ellos mismos defendieron ante los socialistas que era necesario posponer la votación del informe de ponencia este martes para intentar salvar la norma.

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De hecho, la presión de los partidos involucrados en la negociación junto a PSOE y Unidas Podemos (ERC, PNV, EH Bildu o Junts) se dirige ahora sobre el Partido Socialista. Desde Bildu le reprochan que no se atreva a tocar esos apartados más polémicos, y desde Más País Íñigo Errejón advertía de que no apoyará una reforma "descafeinada".

Con todo, la reunión de ponencia de este martes ha servido para sellar acuerdos sobre otras cuatro enmiendas de la norma. En concreto, en lo que afecta al artículo 30.3, para eximir de responsabilidad a los convocantes de manifestaciones cuando, una vez finalizadas, se produzcan disturbios; también sobre las competencias de alcaldes en materias de sanciones, y para imponer sanciones graves a quienes utilicen sustancias que provocan sumisión química, explican fuentes parlamentarias.

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Desde Unidas Podemos, recuerdan también que ya se han modificado 35 de 54 artículos de la ley mordaza, incluyendo una modificación de la ley orgánica de derecho de manifestación, y que se han hecho cambios en 20 de cerca de 44 sanciones que recoge la norma. En este camino, en el que han celebrado 35 reuniones del grupo de trabajo, fuera del marco de la ponencia, ERC y EH Bildu también han cargado contra UP, a quien acusan de vender con triunfalismo avances que no bastan para garantizar la aprobación de la norma.

El problema fundamental, como reconocen todas las partes, son los puntos que no han sido capaces de acordar, y que ERC o Bildu consideran fundamentales. En el camino hacia este acuerdo ha habido ofertas de los partidos del Gobierno para desgajar las partes más polémicas para abordarlas en otras normativas, y propuestas a medio camino entre posiciones enfrentadas, que finalmente han quedado al margen. El lunes harán un último intento, pero el riesgo de fracaso volverá a estar sobre la mesa. Este martes lo han esquivado.