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El PP se revuelve contra el Gobierno por impedir tres protestas contra la ley del solo sí es sí
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EN LA COMUNIDAD VALENCIANA

El PP se revuelve contra el Gobierno por impedir tres protestas contra la ley del solo sí es sí

La dirección despliega una estrategia de oposición poco convencional en el PP de Feijóo y autoriza un calendario de protestas en diferentes comunidades autónomas contra la polémica norma

Foto: La secretaria general del PP, Cuca Gamarra. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)
La secretaria general del PP, Cuca Gamarra. (EFE/Juan Carlos Hidalgo)

El Partido Popular ha encontrado en la ley del solo sí es sí una vía de desgaste contra el Gobierno que buscan explotar hasta las últimas consecuencias. Tanto, que Génova ha enterrado su estrategia de no calentar la calle y ha autorizado protestas en diferentes comunidades autónomas por las consecuencias de la normativa, que ya ha dejado más de 260 revisiones de penas a violadores. La Comunidad Valenciana encabeza ese contador con al menos 46 reducciones de condena que, en algunos casos, se han traducido en la excarcelación directa de agresores sexuales. A consecuencia de estas cifras, el PP llamó a la movilización mediante tres concentraciones paralelas previstas para este sábado 28 de enero en Castellón, Alicante y Valencia. Pero la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana tumbó sus planes, lo que ha generado enorme malestar en las filas populares.

Fuentes del organismo gubernamental justifican que el rechazo se debe a un motivo meramente formal, ya que "cualquier manifestación debe comunicarse con al menos diez días de antelación respecto a la fecha de celebración del acto". En este caso, el PPCV solicitó el permiso el pasado lunes, de modo que "no cumplen con los plazos previstos" por la normativa. En su escrito, no obstante, los populares solicitaban una convocatoria de urgencia para celebrar cuanto antes la protesta, ya que la Comunidad "ha batido todos los récords" en número de violadores beneficiados por la ley Montero. Ese es el punto de discordia, puesto que la Delegación de Gobierno no atisba urgencia alguna en este caso.

Foto: La secretaria general del PP, y portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra. (EFE/Mariscal)

"Un día más de vigor de la ley en cuestión representa un día más de posibilidad de reducción de penas a los culpables, con la preocupación que eso puede conllevar a las víctimas", explica el PP en su escrito, al que ha tenido acceso El Confidencial. Con el aval de Génova, la dirección de los populares valencianos reiteran que la urgencia viene motivada por la "necesidad de poner remedio inmediato para limitar los beneficios penales amparados en un error legal", siendo "incontestable el rechazo del conjunto de la sociedad ante un problema tan determinante como es la violencia machista". Pero el argumento es insuficiente para el organismo dependiente del Ejecutivo en plena ebullición de la polémica.

El PPCV busca ahora nueva fecha y presentará otro escrito para celebrar sendas movilizaciones, previstas ante las sedes de la subdelegación del Gobierno en Alicante y Castellón; y en la delegación del Gobierno en Valencia. Los actos fallidos en la Comunidad Valenciana forman parte de un plan mucho más amplio en el partido de Núñez Feijóo, que ha autorizado sendas protestas en otros puntos de España, especialmente en los territorios más afectados por la aplicación de la ley del solo sí es sí que, de momento, no será sometida a revisión alguna por parte del Gobierno.

Foto: La secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Rodríguez-Pam. (EFE/Ángel Medina G.)

El PP de Galicia dio el pistoletazo de salida al calendario de protestas hace una semana, con una concentración en apoyo a las víctimas de los agresores sexuales beneficiados por la nueva normativa en Ferrol. El miércoles 1 de febrero será Madrid el escenario de un acto contra la ley Montero convocado en la capital por las Nuevas Generaciones del PP, la organización juvenil que acompañó a Isabel Díaz Ayuso durante el escrache.

Fuentes del partido apuntan a La Rioja o Aragón como nuevas plazas donde pueden impulsarse otras movilizaciones, a la luz de rebajas de condenas en casos "escalofriantes", como el de José Manuel Calvo Ropero, condenado a 14 años de prisión por una brutal violación a una mujer de 35 años en Zaragoza. La aplicación de la nueva normativa se traduce en una rebaja de tres años y nueve meses para el agresor.

Foto: Gabriel Rufián en un desayuno informativo. (EFE/Zipi)

Pese a que Alberto Núñez Feijóo nunca se ha mostrado partidario de calentar la calle —el dirigente no ha participado en ninguna manifestación desde que llegó a la sede de Génova—, la ley del solo sí es sí se ha demostrado una excepción, hasta el punto de tratar de hacerse hueco en un terreno que siempre ha ocupado tanto la izquierda como Vox: el de explotar el malestar social en la calle. El partido de Santiago Abascal es muy amigo de sumarse a protestas, propias y ajenas, en todo asunto o materia que tenga que ver con el Gobierno. De hecho, el líder de la formación participó en la última gran manifestación convocada por la sociedad civil contra Sánchez en Cibeles, un evento al que no acudió Alberto Núñez Feijóo.

Desde que la ley del solo sí es sí entró en vigor, el PP aprovecha cada intervención mediática para cargar contra la "soberbia" del Ejecutivo y pedir ceses en el Ministerio de Igualdad. De hecho, el partido registró una proposición de ley en la Cámara Baja para forzar un cambio en la normativa, aunque las posibilidades de éxito son nulas. Con las elecciones municipales y autonómicas a la vuelta de la esquina, Génova se ha propuesto explotar esta cuestión a nivel territorial para tratar de restar votos a la bolsa de la izquierda, hasta el punto de salir de su zona segura —Feijóo prioriza el marco institucional para su labor de oposición— y explorar un escenario poco habitual para el PP: lanzarse a la ofensiva en la calle.

El Partido Popular ha encontrado en la ley del solo sí es sí una vía de desgaste contra el Gobierno que buscan explotar hasta las últimas consecuencias. Tanto, que Génova ha enterrado su estrategia de no calentar la calle y ha autorizado protestas en diferentes comunidades autónomas por las consecuencias de la normativa, que ya ha dejado más de 260 revisiones de penas a violadores. La Comunidad Valenciana encabeza ese contador con al menos 46 reducciones de condena que, en algunos casos, se han traducido en la excarcelación directa de agresores sexuales. A consecuencia de estas cifras, el PP llamó a la movilización mediante tres concentraciones paralelas previstas para este sábado 28 de enero en Castellón, Alicante y Valencia. Pero la Delegación del Gobierno en la Comunidad Valenciana tumbó sus planes, lo que ha generado enorme malestar en las filas populares.

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